En Argentina, el derecho a cuidar de las personas que quieren hacerlo y el derecho a recibir cuidado de calidad de las personas que lo necesitan son sistemáticamente vulnerados. La forma en que socialmente nos organizamos para proveer cuidado reproduce las desigualdades sociales, reproduce las desigualdades entre géneros y se vincula con la transmisión intergeneracional de las desventajas sociales. En tiempos de pandemia, las medidas para contener la circulación del virus reforzaron este fenómeno: incrementaron el tiempo que las familias necesitan para cuidar, redujeron sus posibilidades para obtener ingresos y descalabraron sus estrategias para afrontar ambos desafíos.
La provisión gratuita de cuidados al interior de los hogares por parte de las mujeres pone en riesgo el ejercicio de sus derechos, en particular su autonomía económica. Además, los cambios en la configuración de las familias, el ingreso desigual de las mujeres al mercado de trabajo, el envejecimiento poblacional y la retracción de la economía, confluyen en una situación que el pacto implícito de género no puede abordar de forma efectiva y eficiente.
Promover la consolidación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados es una respuesta sistémica a la crisis estructural de cuidado que se agudizó durante el último año. Es una estrategia de política de amplia cobertura que articula, extiende y potencia las iniciativas en curso y en simultáneo impulsa nuevas acciones para contribuir a reconocer el valor social del cuidado, a redistribuir el cuidado entre varones y mujeres, a reducir la carga de dependencia de las familias y a promover los derechos laborales de las trabajadoras del cuidado.
Los anuncios recientes constituyen un avance auspicioso hacia la consolidación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados de estas características, que contribuya a garantizar el derecho a cuidar y el derecho a recibir cuidados de calidad. A fines de octubre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad convocó a un grupo de especialistas para redactar un anteproyecto de ley orientado a consolidar un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género. A inicios de noviembre, el Presidente Alberto Fernández anunció la inversión de 8 mil millones de pesos para la construcción y equipamiento de 300 nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Los nuevos Centros de Desarrollo Infantil ofrecerán atención integral orientada al desarrollo de las capacidades (que incluye asistencia nutricional y estimulación temprana) de 28,8 mil niños y niñas de entre 45 días y 4 años de los sectores sociales más vulnerables. Se distribuirán en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Índice de Inequidades de la Primera Infancia.
En estudios recientes, CIPPEC destacó la importancia de ampliar la red de espacios de crianza, enseñanza y cuidado, la centralidad de estos espacios dentro del conjunto de prestaciones que articula el sistema y sus beneficios asociados. Dimensionó el potencial de la inversión en infraestructura del cuidado en el bienestar de los niños y niñas pequeños, la conciliación entre la vida familiar y laboral, la reducción de las desigualdades de género en el mercado laboral. Además, destacó su contribución a la reactivación de la economía. En el 2018 extender la cobertura de espacios CEC destinados a niños y niñas de hasta 4 años desde el 32% hacia el 50% requería una inversión equivalente al 3,6% del PBI. Se estimó que esta inversión implicaría la creación de 1,3 millones de oportunidades de trabajo. Al extrapolar el perfil de ocupación se proyectó que el 62% de los puestos de trabajo serían ocupados por mujeres. Se estimó que la economía en conjunto crecería un 5,3%.
Para lograr que la red de espacios de crianza, enseña y cuidado (CEC) además de contribuir a una mejor conciliación entre la vida familiar y laboral impacte positivamente en el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, es necesario poner en foco la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales de las trabajadoras.
Actualmente, la ausencia de un marco común que establezca pautas comunes en torno a la infraestructura y equipamiento básico de los espacios CEC, a las prácticas de los y las trabajadores en contacto directo con los niños y niñas y a la regulación y fiscalización efectiva de estos espacios derivan en propuestas de calidad desigual. Así, los avances realizados para consolidar un Sistema Integral y Federal de Cuidados y ampliar la oferta de espacios CEC son también una oportunidad para potenciar y profundizar la formación y acreditación permanente de los y las trabajadores de los espacios CEC, y avanzar en un Marco Federal para la Primera Infancia (MAFEPI) a través del cual establecer y regular el funcionamiento de la red de espacios de crianza, enseñanza y cuidado bajo los mismos estándares de calidad.
La inversión en la red de espacios de crianza, enseñanza y cuidado es una apuesta a la igualación de oportunidades desde los primeros años. Diseñar e implementar lineamientos de calidad comunes para estos espacios, promover la formación permanente y garantizar los derechos laborales de las trabajadoras son medidas efectivas para transformar a esta apuesta en una certeza.
