Fabián Repetto (Director de Planeamiento Estratégico de CIPPEC)

El año 2030 está muy próximo. Y lo que no se haga hasta entonces en materia de primera infancia (desde el embarazo hasta los 4 años) habrá de implicar una enorme oportunidad perdida para el desarrollo económico y social del país. Una más.

Son múltiples las razones que justifican que la prioridad de la política pública argentina se concentre en esta temática. Una perspectiva de derechos para empezar. La necesidad de una mejor conciliación entre vida familiar y laboral en tiempos de grandes cambios en el mundo del trabajo es otra razón de peso. Una más…la robusta evidencia sobre qué implica un virtuoso desarrollo infantil temprano a lo largo de la vida. Y otra…los ahorros de gasto público que se generan a futuro si ahora se invierte mucho y bien en los que están por nacer y en quienes dan sus primeros pasos.

Argentina tiene ante sí el desafío, y su clase dirigente la obligación de lograr que suceda, de ser en el 2030 un país altamente productivo, integrado socialmente y con niveles apropiados de calidad institucional. No sucederá eso sino se logra un contrato social, político y fiscal para priorizar a la primera infancia. Si se fracasa en el intento de un contrato semejante cuando se trata de la primera infancia, ¿qué cabe esperar para el futuro del país?

¿Qué significa construir desde ahora una política integral y federal de primera infancia, que traduzca en la práctica ese necesario (y aún inexistente) contrato tridimensional? En pocas palabras, implica una política pública basada en tres pilares temáticos y un soporte transversal. En cuanto a los primeros, cabe mencionar: salud y nutrición; licencias y transferencias; y educación inicial y cuidado. En lo referido a la transversalidad, de lo que se trata es de construir una apropiada arquitectura institucional (incorporando los críticos aspectos de financiamiento).

Cabe iniciar justamente por los aspectos institucionales. Al respecto, se entiende como un hito fundamental la eventual construcción de una autoridad social centrada en esta temática que cuente con las capacidades formales e informales necesarias para coordinar y gobernar a las áreas del Estado nacional que se requieran movilizar. Pero para que la política pública eventualmente integral a nivel del Poder Ejecutivo Nacional se plasme realmente en resultados concretos, se requiere avanzar en el plano territorial, vía un pacto federal por la primera infancia que esté acompañado por una ley específica para su financiamiento.

En lo referido a las propuestas dentro del pilar de salud y nutrición, sobresale un primer aspecto fundamental: cualquier esfuerzo de política pública que se haga en materia de primera infancia debe tener estrechos y virtuosos vasos comunicantes con acciones destinadas a una población más amplia. No se trata solamente de colocar el foco en la familia en la cual viven los niños de 0 a 4 años, sino en otros colectivos, por ejemplo las/los jóvenes en edad de concebir. Por ende, buenas políticas de primera infancia requieren también, entre otras, pertinentes políticas públicas para la adolescencia y la juventud. Quizás el reto fundamental en el campo de la salud y su relación con la primera infancia, esté asociado a los cambios que se requieren lograr en las prácticas profesionales y culturas organizacionales. Se suma a todo lo anterior la heterogénea situación de los sistemas provinciales de salud (tal el caso de sus capacidades operativas), pero también cuestiones ideológicas de suma importancia, por ejemplo al momento de llevar a la práctica leyes que dan sustento a los derechos sexuales y reproductivos. En materia nutricional, aún resta camino por recorrer para lograr que la agenda pública jerarquice la cuestión de la malnutrición, sin dejar de reconocer los “bolsones” de desnutrición que aún persisten.

En cuanto a tiempo y dinero para cuidar, el reto mayúsculo está asociado a las licencias, en tanto ya se ha avanzado mucho en la transferencia monetaria a hogares con niños entre 0 y 4 años, sobre todo vía la Asignación Universal por Hijo. No sólo queda marginada del derecho a las licencias la mitad de la población económicamente activa, sino también es enorme la heterogeneidad entre provincias en lo que se refiere al beneficio otorgado al personal del sector público. Abordar este reto en Argentina implica no sólo un gran esfuerzo fiscal (aún en escenarios de cambios graduales), sino también un profundo cambio cultural: dejar atrás el paradigma de bienestar que condiciona los derechos socio-laborales al hecho de estar incorporado al empleo formal, con su correspondiente acceso a la seguridad social contributiva. Pero los cambios culturales profundos en materia de licencias no son pura cuestión de la arena pública, sino también del ámbito privado: ¿cómo avanzar en cambios intra-hogar, a partir de los cuales el hombre adquiera un protagonismo real en sus responsabilidades de cuidado, con una verdadera perspectiva de equidad de género?

Respecto al pilar de educación inicial y cuidado, lo fundamental es generar condiciones de cobertura universal para que la primera infancia haga efectivos sus derechos a ser cuidados en condiciones que fomenten su pleno desarrollo multidimensional. Eso coloca a la calidad de los servicios en un primer plano. Se trata de una tarea con alto potencial de complementariedad entre las responsabilidades nacionales de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social (y sus pares a nivel provincial), pero la historia reciente en el caso argentino no resulta particularmente virtuosa en lo que a este vínculo se refiere, particularmente en la atención a la primera infancia. Algunos rasgos de dicha situación: cobertura aún escasa en materia de educación inicial (sobre todo de 45 días a 2 años); disparidad de atención en los centros dependientes o regulados desde la cartera de desarrollo social (sumado a escasos parámetros pedagógicos para estos espacios); escasa formación en desarrollo infantil temprano en un amplio número de cuidadoras (empleo altamente feminizado). Aún en este contexto con tantas asignaturas pendientes, los pasos dados en este pilar en tiempos recientes, sobre todo desde el plano nacional, sientan bases promisorias.

Semejante conjunto de propuestas requiere combinar por igual dosis de utopía con dosis de realismo técnico, político y fiscal. Implica, además, una apuesta estratégica por un accionar incremental siempre atento a las “ventanas de oportunidad” que la historia –y la democracia- suelen abrir.

Extracto del libro “100 Políticas para la Argentina de 2030” .
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