Publicado en mayo de 2019
Este trabajo fue elaborado por Gala Díaz Langou, Florencia Caro Sachetti, Matilde Karczmarczyk, Belén Bentivegna,y Santiago Capobianco
La equidad económica de género es indispensable para el efectivo goce de los derechos de las mujeres y también para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Este documento plantea, costea y analiza los impactos económicos sobre empleo, Producto Bruto Interno y recaudación fiscal de tres políticas que pueden promover la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Así, busca reafirmar lo que ya demuestra la experiencia internacional y la literatura especializada de que existe una relación positiva entre la equidad económica de género y el desarrollo a nivel micro y macro.
En primer lugar, propone la ampliación de la oferta de espacios de crianza, enseñanza y cuidado, y pondera tres escenarios distintos que pueden pensarse en una secuencia gradual. El escenario de mínima inversión en esta política permitiría alcanzar una tasa de asistencia del 53% de los niños menores de 4 años, incrementando 20 puntos la cobertura actual. En el escenario de inversión media, la cobertura ascendería a 60%; y en el de máxima, a un 67%.
En segundo lugar, plantea la implementación de la jornada extendida en escuelas primarias hasta llegar al 30% de matrícula en el nivel estatal, de acuerdo al objetivo de que la Ley de Financiamiento Educativo (2005) definió para 2010 y permanece incumplido. Por último, propone la modificación del régimen de transferencias a las familias con niños y adolescentes hasta alcanzar la universalización de la cobertura y un incremento de los montos para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares por Hijo del sistema contributivo.
Cada una de estas políticas podría generar un aumento del empleo total de entre 0,7% y 6,4% – es decir, entre 132.700 y 1.285.000 puestos de trabajo nuevos- y alrededor de la mitad de los puestos creados serían ocupados por mujeres. Este porcentaje superaría el 60% en el escenario de máxima de la ampliación de la oferta CEC. Además, estas tres políticas tendrían un fuerte impacto sobre el crecimiento económico: el aumento total del PBI asociado a su implementación oscila entre 0,7% y 5,3%. La inversión bruta para implementar cada una de estas políticas va desde un 0,6% a un 3,6% del PBI. Sin embargo, las tres tienen una alta capacidad de repago: cerca de 60% de la inversión inicial se puede recuperar mediante la recaudación de impuestos.
Invertir en estas políticas permitiría avanzar en los objetivos de dos agendas estratégicas para el país: la de los derechos de la infancia y la de la equidad de género. Priorizar la expansión de los espacios CEC, la ampliación de la jornada extendida y la universalización de las transferencias puede parecer costoso y complejo, especialmente en épocas de inestabilidad económica. Sin embargo, son de las mejores inversiones que un país puede realizar para lograr una mayor equidad y garantizar un mejor futuro.