Publicado en Julio de 2023

A nivel nacional, el Estado es el único propietario de las acciones de 34 empresas y grupos de propiedad estatal, dentro de sectores económicos diversos y de formas jurídicas diferentes. La mayoría de estas empresas de propiedad estatal (EPE) se concentra en los sectores de transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, energía y manufacturas. El resto provee servicios financieros, científicos y técnicos, agua y saneamiento, enseñanza, y construcción.

Dado su alto nivel de participación en sectores de infraestructura, claves para el desarrollo económico y social, una buena gobernanza de las EPE resulta fundamental. Para promoverla es necesario fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, ya que permiten mejorar el control democrático, la integridad, el desempeño y la legitimidad. Entre estos mecanismos, las prácticas de transparencia y el reporte público de información tienen un rol central.

La 2ª edición del Índice de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE) comprende 25 indicadores organizados en seis dimensiones: Gobierno, Acceso a la información e integridad, Estructura y organización, Gestión estratégica y operativa, Gestión económica y financiera, y Compras y contrataciones. El índice sintetiza las dimensiones más relevantes para la transparencia activa de la información económica, financiera y de gobernanza de las empresas con una escala de 0 a 100, y a través de él se observa que:

• El desempeño general en materia de transparencia activa se encuentra en un nivel intermedio y ha presentado mejoras desde la última edición en 2021. El promedio actual del ITEPE se ubica en 52,4 puntos sobre 100, una mejora de casi 10 puntos respecto a la edición anterior. Dentro del universo de 34 EPE analizadas, hay seis que alcanzaron un desempeño destacado (por encima de los 81 puntos), una de ellas muy cerca de obtener el puntaje máximo, lo que indica que es factible para las empresas alcanzar los estándares propuestos. Esto evidencia avances, al mismo tiempo que da cuenta de que las EPE aún tienen desafíos por afrontar en la materia.
• El nivel de transparencia entre las EPE es dispar: sólo un tercio del universo analizado presenta un cumplimiento alto. Esta disparidad se explica, en parte, por la envergadura de las EPE, con algunas excepciones. Analizadas como segmento, las empresas de mayor tamaño son las que cuentan con un mejor cumplimiento en la divulgación proactiva de información (con un promedio de 80,2), seguidas por las medianas (con un promedio de 62,2) y por las pequeñas (con un promedio de 37,4). Sin embargo, se observan prácticas destacadas puntuales aún en EPE con desempeño bajo.
• También, hay un cumplimiento dispar en el tipo de información que se publica. El mejor desempeño se observa en la información sobre Compras y contrataciones (59,3), Estructura y organización (56,6) y Gestión estratégica y operativa (55,1). En menor grado, se encuentra información actualizada y en cumplimiento con la normativa vigente sobre Gobierno (52) y Acceso a la información e integridad (47,2). El nivel más bajo de transparencia activa se observa en la información sobre Gestión económica y financiera (45,2), aunque se observa una mejora de casi 15 puntos desde 2021.

Al mismo tiempo, en esta nueva edición, y en línea con las tendencias corporativas actuales, el trabajo hace foco en la divulgación de información relacionada a la sustentabilidad de las empresas. Para esto se incorporan ejes como la contribución al desarrollo sostenible, los derechos humanos, la gobernanza –desde el punto de vista de la relación con grupos de interés y un entorno de integridad y cumplimiento desarrollado–, y los impactos social y ambiental. En este aspecto, cabe señalar  que no todos los sectores económicos tienen el mismo impacto social y ambiental y –en congruencia con esto y con la envergadura de la empresa– no todas cuentan con un rol dedicado a la sustentabilidad. Por lo tanto, no sorprende que sea muy escasa la información divulgada por el segmento de EPE pequeñas.

En relación a la información sobre sustentabilidad en los segmentos de EPE grandes y medianas se observa que:

• Si bien se verifican niveles altos de inclusión de una política de sustentabilidad en los reportes, son muy pocas las EPE en que la contribución al desarrollo sostenible se ve reflejada en el compromiso con las metas a nivel país y con indicadores para medir su progreso, que den cuenta de la adopción real de la Agenda 2030 a nivel estratégico y operacional en la empresa. Por otra parte, sí se observa un desarrollo en la vinculación conceptual de actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los reportes.
• El enfoque de derechos humanos no se encuentra aún incorporado en las EPE. Apenas dos de ellas realizan esfuerzos incipientes en el desarrollo de algunos de los elemento del proceso de debida diligencia en materia de DD.HH, que constituye el eje del enfoque. Sí se observa que, en mayor proporción, comienzan a integrar el concepto de respeto a los DD.HH a través de la inclusión de un principio general y la vinculación conceptual a algunas de sus acciones, en particular sobre las políticas de derechos y beneficios de los/as trabajadores/as.
• En relación a los aspectos de gobernanza vinculados a la sustentabilidad, existen buenos niveles de identificación de grupos de interés y alianzas. Dentro de los grupos de interés externos a la empresa, las relaciones con los proveedores es el tema sobre el que se divulga más información. Cabe destacar que sólo una EPE grande menciona la relación con los accionistas.
• Con respecto a la información vinculada al desempeño como empleador y las relaciones con los/as trabajadores/as, se destaca la disponibilidad alta de información en las EPE grandes y medianas. En las EPE pequeñas, es el elemento de información de sustentabilidad con mejor desempeño.
• Se encuentra información amplia sobre las actividades de las EPE con impacto social en la comunidad y desarrollo de infraestructura. En muchos casos, estas actividades ponen de manifiesto el rol de las EPE como instrumentos de aplicación de programas sociales a nivel nacional en diversas materias, tales como la tarifa social para agua y transporte, inclusión financiera, entre otros.
• En relación al impacto ambiental, aproximadamente la mitad de las EPE grandes (3 de 5), la mitad de las medianas (7 de 12) y una porción reducida de las pequeñas (4 de 17) publican información sobre la realización de evaluaciones de impacto ambiental y otras acciones para reducción de impacto relacionadas con su actividad económica. Hay déficits significativos en información sobre metas ambientales y cierto nivel de desarrollo de algunos indicadores, en particular sobre meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y medición de emisiones.
• Con respecto a la reducción de impacto ambiental, a través de temas transversales a distintos sectores, la temática más trabajada en todos los segmentos es la gestión de residuos, seguida de la eficiencia energética y, por último, el transporte. Esto tiene sentido si se consideran los niveles de inversión requeridos o el impacto en las operaciones de realizar modificaciones. Además, gran parte de las EPE trabajan en materia de sensibilización ambiental.

Desde 2021, el ITEPE se propuso elaborar parámetros para analizar la calidad y actualización de la información con el objetivo de convertirse en una guía para impulsar mejoras. Estos elementos son centrales para acelerar el cumplimiento de la normativa vigente relativamente reciente en el país sobre divulgación proactiva de información, y donde las EPE enfrentan desafíos en materia de información sensible.

Con la incorporación de información de sustentabilidad, y el relevamiento constante de buenas prácticas para promover el aprendizaje entre pares, CIPPEC aspira a seguir acompañando a las EPE en su proceso de mejora de divulgación de información, en línea con los retos actuales.