En septiembre de 2016 entró en vigencia la Ley 27.275, que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública. Dentro del universo obligado se encuentra la totalidad de los organismos públicos, entre ellos, las empresas de propiedad estatal (EPE) o empresas públicas.

El universo de empresas públicas en el Sector Público Nacional conforma en la actualidad un mosaico muy heterogéneo en cuanto al tipo de actividad económica que llevan adelante, sus distintas formas jurídicas y su envergadura en términos del presupuesto y la dotación de recursos humanos que administran. En la Argentina, así como en la mayoría de los países, las empresas públicas poseen un alto nivel de participación en sectores clave para el desarrollo socioeconómico tales como la energía, el agua y el transporte. Aquello que diferencia fundamentalmente a las empresas públicas de las empresas del sector privado es su objetivo y los tipos de controles aplicables a ellas. Mientras que las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades, la mayor parte de las empresas públicas se orientan al interés general y la responsabilidad por la gestión y administración de bienes y servicios públicos.

Debido a estas características específicas, las empresas públicas deben desarrollar mecanismos de información, divulgación y transparencia orientados a satisfacer tanto las necesidades del accionista (el Estado), de los reguladores y auditores, de los grupos de interés vinculados a la empresa y de los ciudadanos. El derecho consagrado en la ley 27.275 comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados e incorpora la dimensión de la transparencia activa (publicación de información en forma proactiva), ausente en la normativa vigente hasta entonces.

No obstante los avances que esta ley significa, su aplicación efectiva supone grandes y múltiples desafíos en materia de regulación, implementación, control y sanciones para las empresas públicas.

Este documento analiza los niveles de transparencia existentes en las empresas públicas del Sector Público Nacional previo a la entrada en vigencia de la Ley 27.275.

Para esto, realizamos un estudio descriptivo exploratorio de transparencia a partir de la observación de los sitios web oficiales de las empresas públicas, tomando como base los requerimientos de transparencia activa establecidos por la ley 27.27520. Si bien la Ley detalla 20 ítems de la información a publicar por parte de los sujetos obligados, la investigación se concentró en aquellos elementos que revisten relevancia para el universo de las empresas públicas, dada su actividad específica y su naturaleza funcional, jurídica y organizacional. A partir de este criterio, los ítems observados en el presente estudio son: a) estatuto; b) directorio; c) normativa interna; d) estructura orgánica y funciones; e) informes de gestión y estados financieros; f) compras y contrataciones; e g) informes de auditoría.

La investigación se encuentra orientada a observar primariamente si se publica o no la información mencionada, sin analizar en esta instancia si se cumplen además con los principios de accesibilidad, reusabilidad, sostenibilidad y no discriminación establecidos por la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) o con los principios establecidos por la propia Ley, a saber: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.