Publicado en julio de 2021
La modalidad de trabajo remoto se implementó en Argentina para permitir la continuidad laboral en el contexto de las medidas de aislamiento social que entraron en vigencia en marzo de 2020. A la par que otros países, Argentina debatió en el Congreso una ley para regular esta modalidad.
La Ley 27.555 para regular el teletrabajo en Argentina entró en vigencia el 1 de abril de 2021 y se reglamentó a través del decreto 27/2021. Está en línea con las prácticas regulatorias y recomendaciones internacionales en tanto incorpora discusiones sobre la voluntariedad para la implementación de la modalidad, el derecho a la desconexión y la compensación de gastos. Además, la normativa es de contenidos mínimos y deja a criterio de cada sector o rama de actividad las decisiones sobre cómo bajar la regulación en cada contexto, habilitando una flexibilidad necesaria para una modalidad que abarca un mercado de trabajo heterogéneo donde las posibilidades de adaptarse al teletrabajo son variables.
Sin embargo, la regulación tiene algunas falencias que pueden desincentivar esta modalidad. El derecho a la reversibilidad, por ejemplo, estipula la posibilidad de que la persona trabajadora revoque su consentimiento voluntario en cualquier momento de la relación laboral. Si bien se mencionan “motivos fundados” para que la parte empleadora rechace un pedido de reversibilidad inmediata, sus diferentes interpretaciones pueden dar lugar a fricciones y recurrencia al ámbito judicial. Además, mantiene la noción de la unilateralidad en vez del común acuerdo, lo cual es debatido en la regulación internacional.
La normativa también necesita ser acompañada de una discusión sobre los aspectos de promoción del teletrabajo para aprovechar su potencial en el mercado laboral argentino y que sea beneficioso tanto para la parte empleada como para la parte empleadora. Esto no es trivial dado que, actualmente, el trabajo remoto es potencialmente viable solo para un tercio de los empleos en Argentina, y solo 2 de cada 10 ocupados teletrabajaba antes de la pandemia.
La correcta implementación de sistemas de teletrabajo requiere de un amplio espectro de políticas públicas que promuevan y acompañen la transformación, que exceden al esquema regulatorio y que son viables en la medida que cuenten con la participación activa del sector privado. Una estrategia de política que responda a estos criterios tiene que avanzar sobre tres ejes complementarios: la transformación digital en las empresas y los hogares (adquisición de dispositivos y servicios asociados), la infraestructura digital (conectividad) y la formación de habilidades digitales.
Resta recorrer un largo camino para que la implementación de sistemas de teletrabajo sea beneficioso para todas las personas trabajadoras. El avance de esta modalidad se dirimirá a nivel de ramas sectoriales de actividad y por lo tanto será fundamental el trabajo conjunto entre sindicatos y cámaras para adaptar el entorno regulatorio a las especificidades del sector.