De la investigación se desprende que los poderes judiciales de los tres países (1) incrementaron la cantidad y calidad de los datos publicados en sus páginas de internet, pero aún no publican la información en formatos abiertos; (2) decidieron publicar más información como parte de una política de transparencia activa más que por una cuestión de rendición de cuentas o de mejora de la gestión judicial; (3) deberían utilizar sistemáticamente los datos para elaborar su política y rendir cuentas a la ciudadanía, y (4) deberían implementar la publicación de datos a través de formatos totalmente abiertos que promuevan su reutilización.