El stock de deuda de las provincias fue de $ 240.000 millones a fines de 2015, lo que representa el 23,7% de los ingresos totales y el 4,2% del PBI del país. El peso del endeudamiento cayó paulatinamente en 2003-2015, pero con fuertes diferencias por provincia. Algunas presentan niveles de endeudamiento extremadamente bajos, donde la deuda no excede el 5 % del total de los recursos. En otras, estos indicadores superan el 40%. Por otra parte, los pasivos provinciales vienen dolarizándose.
La combinación de desequilibrio fiscal con la posibilidad de acceso masivo a nuevo financiamiento exige una política pública que impida un endeudamiento desmedido. Dado el federalismo fiscal argentino, las provincias gozan de una elevada probabilidad de rescates por parte del gobierno nacional, que actúa como prestamista de última instancia.
Las provincias regulan su endeudamiento a través de sus constituciones. Así, los límites cuantitativos y cualitativos difieren entre provincias y, en muchos casos, son difíciles de interpretar. Además, en casi todas las provincias también hay leyes de administración financiera que, si bien carecen de reglas numéricas sobre endeudamiento, incluyen la denominada “regla de oro” (los estados solo pueden endeudarse para financiar inversión, no para gastos corrientes), cuya aplicación en muchos casos está exceptuada por otras leyes o es incumplida. La regulación del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional opera más a modo de control procedimental que para asegurar la capacidad de repago y prevalece, en la práctica, sobre las normas provinciales.
Esta multiplicidad de normas hace que la autorización del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional sea difusa y discrecional. Además, la información fiscal se publica de forma diferente en cada provincia y, generalmente, con mucha demora, lo que impide un seguimiento de los procesos de endeudamiento por parte de la ciudadanía.
Hay que coordinar el endeudamiento provincial en un ámbito específico. La creación del Organismo Fiscal Federal previsto en la Constitución Nacional podría cumplir, entre otras funciones, este rol. Por otra parte, si bien la Ley de Responsabilidad Fiscal contenía normas comunes para controlar el endeudamiento, fueron suspendidas por leyes posteriores en la antesala de la crisis de 2001.
En una situación de lenta recuperación de la actividad económica y alto déficit fiscal como la actual, el restablecimiento de límites cuantitativos parecería no reunir el consenso político necesario. Pero, al menos, debería prohibirse usar deuda para financiar gastos corrientes, lo cual exige capacitar a los funcionarios provinciales para que gestionen su deuda pública y acordar que la publicación de la información fiscal se haga de igual forma en todo el país.