Publicado en enero del 2020
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos se encuentran vulnerados: más de la mitad de ellos viven en hogares pobres.
Esta situación, que se acentuó en los últimos años pero tiene un carácter estructural, pone de manifiesto las fallas del Estado en su rol de garante último de sus derechos. Las políticas públicas implementadas hasta el momento encontraron límites para revertir estas vulneraciones.
La inversión en la infancia se encuentra fuertemente fragmentada entre los distintos niveles de gobierno debido a la división funcional de responsabilidades. Las administraciones provinciales se encargan fundamentalmente de la educación obligatoria y la salud, y el gobierno nacional es responsable del desarrollo de políticas de ingreso. Entre ambos niveles de gobierno, la inversión llegó a alcanzar 7,7 puntos del PBI en 2017. Sin embargo, esta cifra es muy inferior a lo destinado a otros grupos etarios: el pago de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, es casi 4 puntos porcentuales mayor.
El margen de acción es reducido. La gran mayoría de las inversiones destinadas a la niñez y el gasto social argentino tienen un carácter rígido. Esto significa que hay que colocar especial atención en las políticas que se implementan en la actualidad y aprovechar los sistemas ya instituidos para mejorar la eficiencia de estas intervenciones. En este contexto, y especialmente considerando los aumentos recientes en la pobreza infantil y en la infantilización de la pobreza, resulta llamativo que tanto el presupuesto como la ejecución presupuestaria de las políticas destinadas a la niñez muestren una
contracción reciente, algo que se profundizaría de aprobarse el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 en su versión actual.
Los contextos de volatilidad macroeconómica, de recesión de la actividad e incertidumbre tienen efectos inmediatos sobre las condiciones de vida de la población, que pueden tardar años en revertirse o nunca hacerlo. Fracasar en la protección de la niñez no solo implica una vulneración a sus derechos, sino que también compromete las posibilidades de desarrollo en el mediano plazo e hipotecar el futuro de la sociedad en su conjunto.
Este documento retoma el análisis realizado en Garantizar la inversión en la niñez: Una prioridad en tiempos de crisis. Suma a ese trabajo el análisis de las ejecuciones presupuestarias según su última actualización, da cuenta de la ejecución de un conjunto de políticas críticas para los niños y adolescentes, y realiza un análisis del proyecto de presupuesto 2020.
En línea con lo propuesto en ese documento, se recomienda garantizar la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez, monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto dirigido a esta población y apostar a la inversión en la niñez y la adolescencia como base fundante del desarrollo sostenible.