Con un aumento planificado de la inversión consolidada en el sector al 6% del PBI en el año 2010, una cláusula de afectación específica de la coparticipación para  alcanzar dicho objetivo, y 10 metas educativas explícitas, la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Educativo es una excelente oportunidad para mejorar el efectivo cumplimiento del derecho a una  educación de igual calidad para todos.
En este trabajo intentamos introducir al ciudadano en los laberintos del presupuesto educativo, para que, conociéndolo en mayor profundidad, pueda tener herramientas para participar en el proceso público de asignación de recursos en el sector y, en el contexto concreto de la Ley de Financiamiento Educativo, pueda participar en acciones de incidencia para que su implementación ayude a concretar la efectividad del derecho a la educación en nuestro país.