Este informe tiene como objetivo presentar un análisis de la evaluación ex post del “Programa de desarrollo turístico PRODETUR (CFA7788)”, realizado en Fortaleza, Brasil con financiamiento de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), en el período comprendido entre 2012 y 2018. La evaluación fue realizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) durante el 2021, desde Buenos Aires, Argentina. 

La evaluación persigue tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo en los países beneficiarios (en este caso el estado de Ceará, en Brasil) y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito a la CAF. 

Para realizar las evaluaciones ex post se utilizó un marco metodológico con dos dimensiones de análisis: la calidad de las intervenciones y los factores que influyen sobre la calidad. Se buscó entonces: 

• Determinar la calidad de las intervenciones por medio de la valoración de los resultados de desarrollo conseguidos, en función de los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE: i) pertinencia, ii) eficacia, iii) eficiencia, iv) impacto y v) sustentabilidad. 
• Identificar los factores que influyen en la calidad partiendo de los desafíos de implementación propuestos por la Global Delivery Initiative (GDI): i) actores, ii) contexto, características del proyecto. 
• Analizar la contribución de CAF al logro de los resultados de desarrollo en los países beneficiarios en términos de hallazgos y recomendaciones de mejora. 

La evaluación muestra que la intervención fue pertinente, enmarcándose en la política nacional de desarrollo del turismo (Plan Nacional de Turismo 2007-2010) elaborada por el Ministerio de Turismo de Brasil. Con base en esta política, se creó el Programa de Desarrollo del Turismo (PRODETUR – Nacional), estructurado en programas regionales, entre los que se encuentra el PRODETUR – Fortaleza, el cual a su vez tiene vínculo con el Plan Director Participativo de Fortaleza.  

En vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de la revisión de las metas y objetivos adaptados por Brasil, se observó que en el octavo objetivo (Empleo Decente y Crecimiento Económico), este programa podría contribuir con la meta 8.9: “Para 2030, elaborar y aplicar políticas de promoción del turismo sostenible que genere empleo y promueva la cultura y los productos locales” y el indicador 8.9.1: “Turismo en porcentaje del PIB y tasa de variación”. 

En cuanto a la eficacia del programa, sus objetivos originales fueron alcanzados parcialmente debido a que no se ejecutaron todos los componentes y subcomponentes previstos. Relacionado con esto, se destaca el hecho de que el gobierno federal no aportó los recursos complementarios con los que se había comprometido y fue, finalmente, el gobierno local quien realizó el aporte. 

En cuanto a la eficiencia, el programa no se implementó en tiempo y forma, por lo que los plazos debieron prorrogarse.  Las obras de infraestructura tampoco fueron eficientes en términos de costos ya que todas incluyeron un aditivo del valor con respecto al monto estipulado al inicio del programa. 

En cuanto a impacto y sustentabilidad, la información disponible al momento de realizar la evaluación no permitió emitir un juicio valorativo. Sin embargo, debe señalarse que, en algunos informes de seguimiento de las obras, los ejecutivos de CAF subrayaron la necesidad de realizar mantenimiento preventivo en las obras. 

Una evaluación basada exclusivamente en el análisis de los criterios de calidad no permite entender los procesos que hicieron posible una intervención, por lo que resulta fundamental analizar el proceso de implementación del programa. La GDI propone una matriz de análisis de los desafíos para el cumplimiento y logro de los objetivos de política, estructurada en tres dimensiones: i) actores, ii) contexto y iii) características del proyecto. 

En cuanto a la dimensión que refiere a los actores, dentro de la subdimensión de capacidad organizacional, se desprende que las personas que intervinieron en la implementación del programa no contaban con las capacidades necesarias y suficientes para alcanzar una implementación adecuada debido a múltiples fallas observadas en la presentación de la información financiera, así como algunas contradicciones respecto al avance de las obras.  

En cuanto al compromiso, la gestión engorrosa que caracterizó la última etapa de la ejecución del programa ofrece indicios de que quienes se encontraban en el Organismo Ejecutor (OE) y en la empresa que se ocupaba de la supervisión de las obras mostraron poco compromiso con el programa. Respecto a la coordinación, si bien se registra la existencia de un Manual Operativo del Programa (MOP), no se pudo acceder al documento y no hay evidencia alguna de que haya sido utilizado durante la ejecución de los proyectos.  

En lo que respecta al contexto, específicamente a lo que se refiere al contexto social, la intervención no se vio afectada por conflictos e inestabilidad social. A su vez, en lo que atañe al contexto económico, el programa no se vio afectado por problemas macroeconómicos, aunque se rescata el hecho de que la variación del tipo de cambio pudo haber generado algún beneficio en términos de los recursos disponibles. En cuanto a la subdimensión del contexto político, se vio afectado por la decisión del gobierno federal de no proveer la contrapartida comprometida para la ejecución del programa y el efecto de los cambios de administración. En cuanto a la situación ambiental, no se encontraron situaciones que pudieran haber afectado la implementación del programa.  

En cuanto a la mirada sobre el proyecto, dentro de lo que hace a su diseño y planificación, si bien se indica la cantidad esperada de beneficiarios/as, el programa no incluyó una identificación clara de su población objetivo. Por otra parte, se destaca que en la formulación existió un buen diagnóstico y un cronograma de implementación, aunque no hubo metas específicas. En cuanto al financiamiento, si bien se registraron algunos inconvenientes, los desembolsos de CAF se cumplieron de manera regular y la Prefectura Municipal de Fortaleza (PMF) asumió la contribución económica que originalmente correspondía al gobierno federal. En lo relacionado con los datos, no se identificaron indicadores para medir su avance o desempeño y, consecuentemente, no se levantó una línea de base que sirviera de punto de partida para la medición de indicadores de avance y desempeño.  

En cuanto a los hallazgos, se observó que el seguimiento técnico y financiero contó con dificultades ya que, si bien se enviaron con regularidad los fondos establecidos, las obras tuvieron grandes retrasos.  

Asimismo, cabe indicar que se registró un déficit en la capacidad de la Secretaría de Turismo de Fortaleza (SETFOR) para gestionar el programa. En ese sentido, en algunos documentos de seguimiento del programa realizados por los equipos técnicos, se encontraron disconformidades con el seguimiento técnico y ambiental de las obras. 

Finalmente, este programa se vincula con la meta 8.9 de los ODS: “Para 2030, elaborar y aplicar políticas de promoción del turismo sostenible que genere empleo y promueva la cultura y los productos locales”, por lo que las demoras y complejidades en la implementación del programa pudieran limitar la contribución al logro de esa meta. 

Las recomendaciones que arroja esta evaluación están comprendidas en tres dimensiones de orden procesal: i) la cultura organizacional; ii) el diseño del proyecto; y iii) la integración del monitoreo y la evaluación con los registros del programa. La primera refiere a la necesidad de construir dentro de CAF una cultura institucional que comprenda y valore los procesos evaluativos como una instancia de aprendizaje. La segunda refiere a la necesidad de identificar la manera en que las intervenciones previstas permitirían los cambios esperados, ya sea mediante la teoría de cambio o la matriz de marco lógico, al mismo tiempo que contengan una identificación clara de beneficiarios/as. Por último, la tercera propone que se diseñe un manual operativo que establezca los procedimientos de seguimiento del programa y que los documentos de seguimiento contengan información estandarizada que pueda ser útil para la evaluación y el monitoreo, teniendo en cuenta que deben aprovecharse las herramientas informáticas existentes para su estandarización. 

El presente documento contiene la evaluación ex post del Programa de Fortalecimiento del Sector Eléctrico (CFA008398), ejecutado en Uruguay entre 2012 y 2018 y financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). El programa tuvo por objetivo aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico uruguayo y mejorar la calidad del servicio de más de un millón de usuarios y usuarias en Montevideo y en zonas urbanas y rurales del interior del país. Esto se tradujo en el propósito de disminuir los cortes en el suministro y cumplir con los requerimientos del ente regulador, buscando la incorporación de nuevos usuarios y usuarias a la red, tanto a nivel urbano como rural, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo del país beneficiario y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito. 

Para realizar la evaluación ex post se utilizó un marco metodológico con dos dimensiones de análisis: la calidad de las intervenciones y los factores que influyen sobre la calidad. Se buscó entonces: 

• Determinar la calidad de las intervenciones por medio de la valoración de los resultados de desarrollo conseguidos, en función de los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD-OCDE): i) pertinencia, ii) eficacia, iii) eficiencia, iv) impacto, y v) sustentabilidad. 

• Identificar los factores que influyen en la calidad partiendo de los desafíos de implementación propuestos por la Global Delivery Initiative (GDI): i) actores, ii) contexto, y iii) características del proyecto, más iv) la evaluabilidad (CIPPEC). 
• Analizar la contribución de CAF al logro de los resultados de desarrollo en los países beneficiarios en términos de hallazgos y recomendaciones de mejora. 

Bajo este criterio de análisis, la evaluación muestra que el programa, en cuanto a la calidad de su intervención fue pertinente y sensible a las necesidades y prioridades establecidas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y los ODS adoptados por Uruguay. En término de eficacia, si bien no se contó con suficiente información para elaborar indicadores cuantitativos, pareciera que el programa cumplió con el objetivo de mejorar la calidad del servicio brindado de acuerdo a las entrevistas realizadas a los/as encargados/as del diseño y ejecución del programa. En cuanto a la eficiencia, el programa se ejecutó dentro del plazo previsto y sus procesos más importantes, como adquisiciones y contrataciones, fueron realizados en el marco de la normativa uruguaya. En referencia al criterio de impacto, el mismo diseño del proyecto impide identificarlos, ya que no se definieron indicadores para medir los efectos e impactos sociales de más largo plazo y tampoco una matriz que permita evaluar el desempeño del programa. Finalmente, el criterio de sustentabilidad se verifica en la medida en que UTE es una empresa estatal que posee funcionarios/as capacitados/as y cumple con estándares asociados al Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución. 

Con relación a los factores que influyen en la calidad y en cuanto a la primera dimensión, referida a los actores, la capacidad organizacional es una de las fortalezas del organismo ejecutor (UTE) ya que cuenta con personas competentes, no tuvo la necesidad de incorporar una estructura ad hoc para implementar este proyecto y los marcos normativos son adecuados. Además, en los documentos se registra que las actividades del proyecto se realizaron cabalmente. Respecto a la coordinación, se ha registrado la existencia de un reglamento operativo con roles y funciones definidos claramente. 

En cuanto a la dimensión del contexto, cabe resaltar que el proyecto no se vio afectado por factores de conflictos sociales, inestabilidad económica, por interferencia de factores políticos o vinculados al marco regulatorio, así como tampoco hubo complicaciones asociadas a la geografía o la infraestructura facilitadora de la intervención. 

Finalmente, en cuanto a las características del proyecto; el diseño y la planificación del proyecto no incluyeron la identificación clara de su población objetivo, metas de desarrollo o indicadores de impacto y/o resultados. En cuanto al financiamiento, no se registraron inconvenientes en la ejecución presupuestaria. Se realizaron informes de seguimiento con indicadores centrados en el estado de avance físico y financiero del programa, pero no se definieron indicadores para recopilar información sobre la intervención, así como tampoco una matriz de monitoreo. 

En cuanto a los hallazgos, la evaluación considera que el programa fue exitoso en términos de su contribución al logro del ODS 7 Energía asequible y no contaminante y las metas gubernamentales para el 2030.  

También se considera exitoso en términos de su implementación. Sin embargo, no se puede verificar el impacto logrado en términos de desarrollo sobre las poblaciones beneficiadas. Esta situación se debe centralmente a la inexistencia de una estrategia explícita para recoger esta información.  

En cuanto a las recomendaciones que brinda la evaluación, la primera de ellas sugiere aumentar la coordinación sectorial entre proyectos CAF para facilitar el análisis de desafíos comunes y la identificación de conocimiento transversal. Además, propone que las operaciones de crédito se formulen teniendo en cuenta objetivos y metas concretas de desarrollo e impacto en las poblaciones beneficiarias que faciliten una valoración cabal en términos de impacto.  

La segunda sugiere incorporar desde el diseño una mirada que integre los procesos de monitoreo o seguimiento y evaluación, y que se mantenga como práctica a lo largo de la implementación.   

Finalmente, la tercera recomendación refiere a la oportunidad de fortalecer el rol de asistencia técnica de CAF a los gobiernos, la necesidad de construir dentro de CAF una cultura institucional que comprenda a los procesos evaluativos como una instancia de aprendizaje y la posibilidad de fortalecer el enfoque de gestión de riesgos.  

El presente informe tiene como objetivo presentar la evaluación ex post del Programa de Desarrollo de Obras múltiples en Municipios (CFA7102), ejecutado en Argentina en el período 2010-2015. El programa tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de los y las habitantes de los municipios del país, a partir de la ejecución de obras de infraestructura menores con fuerte impacto social, que generasen equidad y desarrollo regional. Conforme a los indicadores de pobreza, indigencia y carencia de servicios de infraestructura, la ejecución del Programa se focalizó en la región del Norte Grande (compuesta por el NOA y el NEA, que comprenden las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Los objetivos específicos fueron: i) promover inversiones en los sectores de mayor déficit cuantitativo y cualitativo de los municipios; y ii) articular y complementar las políticas y planes de infraestructura diseñados y ejecutados por el Estado nacional, las provincias y los municipios, a fin de maximizar sus resultados, haciendo más eficiente la asignación de recursos en el marco de la planificación estratégica de las ciudades. 

La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y sus potenciales impactos sobre el desarrollo en las provincias beneficiarias y iii) brindar recomendaciones para mejorar la implementación de futuras operaciones de crédito. 

Para realizar las evaluaciones ex post se utiliza un marco metodológico con dos dimensiones de análisis: la calidad de las intervenciones y los factores que influyen sobre la calidad. Se busca entonces: 

• Determinar la calidad de las intervenciones por medio de la valoración de los resultados de desarrollo conseguidos, en función de los criterios establecidos por CAD-OCDE: i) pertinencia, ii) eficiencia, iii) efectividad, iv) impacto, y v) sostenibilidad. 
• Identificar los factores que influyen en la calidad, identificando desafíos de implementación, utilizando el enfoque propuesto por Global Delivery Initiative (GDI): i) actores, ii) contexto, iii) características del proyecto. 
• Analizar la contribución de CAF al logro de los resultados de desarrollo. 

La evaluación permite calificar a la intervención de pertinente en términos generales, toda vez que se adecuó a las prioridades y políticas del sector en el país y contó con consistencia interna y externa. Solo un proyecto se apartó de los objetivos establecidos en el Contrato de Préstamo, pero esto se sostuvo mediante una autorización explícita previa a la firma del contrato de préstamo para la realización de esta obra en Santiago del Estero.   

Considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados con posterioridad a la etapa de formulación del Programa, la evaluación muestra que, mediante proyectos de dotación de agua potable en las provincias de Tucumán y Formosa, se contribuyó al ODS 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 

En cuanto a la eficacia del programa, su estimación resulta compleja debido a que  sufrió cuatro modificaciones significativas desde su aprobación y hasta casi su culminación. No obstante, se puede afirmar que logró satisfacer este criterio con la salvedad de la obra de modernización de la estructura de apoyo para los servicios educativos y económicos de realizada en Santiago del Estero, la cual no se enmarcó en los objetivos del programa.  

Respecto de la eficiencia, el programa sufrió al menos cuatro modificaciones sustanciales en la distribución de los recursos del programa asignados a los distintos componentes, lo cual dificulta que se tenga certeza respecto del alcance de los componentes. Asimismo, no se contó con la Ficha de Cierre de Desembolsos de Operaciones Soberanas, que debía detallar sucintamente la historia de la operación de préstamo.  Finalmente, la Evaluación de Cierre del Programa, realizada en 2014 antes de su efectivo cierre, no aporta información relevante. Estos tres factores, junto con aseveraciones no confirmadas en diversos documentos internos, no permiten evaluar la eficiencia de manera cabal. 

Es importante enfatizar que las modificaciones fueron acordadas entre CAF y el Gobierno Nacional y la ejecución financiera fue considerada satisfactoria por la auditoría externa realizada. En cuanto a impacto y sustentabilidad, aunque no se cuenta con información para valorar estos criterios, se definieron algunos indicadores de impacto para las obras de pavimentación y se trató de estimar la cantidad de personas beneficiadas con estas intervenciones.  

Por otro lado, una evaluación basada exclusivamente en el análisis de los criterios de calidad no permite entender los procesos que hicieron posible o no alcanzar una intervención con esas características. Por esta razón, resulta fundamental analizar el proceso de implementación de la intervención. GDI (Global Delivery Initiative) propone una matriz de análisis de los desafíos para el cumplimiento y logro de los objetivos de política, estructurada en tres dimensiones: i) actores, ii) contexto y iii) características del proyecto. 

En cuanto a la primera dimensión, correspondiente a los actores que participaron del programa, y, en particular, para la subdimensión de capacidad organizacional, se puede concluir que quienes ocupaban posiciones clave tanto en la Unidad Ejecutora Central de Programas Federales con Organismos Financieros Internacionales (UCPyPFE) del Ministerio de Planificación (MINPLAN), así como en las unidades de contraparte provincial, contaban con las competencias necesarias para implementar los distintos proyectos financiados con los recursos del programa.  

En cuanto al contexto, la intervención no se vio afectada por conflictos e inestabilidad social. Esta dimensión también considera al contexto económico, el cual mostró un deterioro de las condiciones macroeconómicas durante el período de implementación del programa, pero aparentemente no afectó su proceso de implementación. En cuanto a la subdimensión de contexto político, se destaca la concentración de recursos que obtuvo un solo proyecto en Santiago del Estero, cuya competencia era provincial y no municipal como establecía el objeto del programa. En cuanto a la situación ambiental, esta fue altamente considerada y atendida por el programa. 

En cuanto a las características de diseño y planificación del programa, se observa que no se identificaron claramente las causas y, si bien se justificaron las intervenciones a partir de las necesidades de infraestructura y déficits de servicios de la región del Norte Grande, tampoco se identificaron las necesidades específicas que condujeron a las intervenciones en cada localidad o municipio. Los documentos de respaldo de la operación hacen mención a programas previos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que dejaron una demanda insatisfecha por parte de las provincias de la Región Norte Grande.  

Respecto de la ejecución del financiamiento, la UCPyPFE disponía de procedimientos claramente definidos y establecidos, los cuales fueron utilizados para todos los programas y proyectos de desarrollo municipal, independientemente del banco financiador. En cuanto a los datos, el programa no contó con una línea de base y no se especificaron variables para medir el impacto del programa –o de cada uno de los proyectos de manera independiente– sobre las personas beneficiarias de los distintos municipios. 

En referencia a los hallazgos, se puede observar que la UCPyPFE se constituyó a lo largo de 12 años de funcionamiento como una unidad altamente competente y técnicamente cohesionada. Se podría interpretar que esta fortaleza se debió a que sus integrantes compartían objetivos y valores comunes que afianzaban esta comunidad de intereses.  

Las recomendaciones que arroja esta evaluación están asociadas con tres dimensiones de orden procesal y hacen a: i) la cultura organizacional; ii) el diseño del proyecto; y, iii) la integración del monitoreo y la evaluación con los registros del programa.  

La primera refiere a la necesidad de analizar con mayor profundidad con el prestatario los requerimientos de recursos, previo a establecer la matriz de financiamiento, como así también establecer los criterios de elegibilidad de los proyectos a ser financiados con recursos del programa. 

En segundo lugar, sería conveniente mantener a resguardo en un archivo estandarizado los documentos relevantes: la documentación de respaldo de las operaciones a los fines de eventuales evaluaciones ex post. Entre los documentos relevantes para este tipo de tareas se puede mencionar: Contrato de Préstamo, Documento de Evaluación de Crédito, Evaluaciones ex ante, Evaluación económica, Informes de Visitas de Seguimiento, la Ficha de Finalización de Operaciones Soberanas, Informes Semestrales, Informe de Cierre del prestatario y el Informe de Implementación, Cierre y Resultados de CAF. 

La tercera recomendación sugiere la posibilidad de establecer procedimientos y guías para realizar el seguimiento y la evaluación de las operaciones activas de CAF. De igual forma, se recomienda establecer desde el inicio la conveniencia del tipo de evaluación a realizar. Es decir, establecer si es más conveniente que el programa sea evaluado retrospectivamente o si resulta más conveniente contemplar la realización de evaluaciones prospectivas. Para ello, hay que tomar en consideración las características particulares de los distintos programas, la información disponible, su factibilidad técnica y el potencial interés, tanto de las áreas de negocios de CAF como de las contrapartes, de embarcarse en un ejercicio riguroso de evaluación 

Publicado en diciembre de 2022

El empleo es la demanda social más importante hoy en Argentina, y las plataformas digitales de trabajo brindan alternativas rápidas y eficaces ante la necesidad de trabajo, sobre todo en aquellas cuya oferta de empleo se destina a trabajadores y trabajadoras con baja calificación. En el contexto de la crisis que introdujo el COVID-19, las plataformas ocuparon un rol central para absorber una porción del mercado laboral, así como también contribuyeron a sostener la operación de múltiples sectores de la economía. 

Teniendo en cuenta estos factores, quienes trabajan en el mercado de plataformas se benefician de las bajas barreras de entrada y la flexibilidad. Al mismo tiempo, y en contraste, las condiciones de contratación como cuentapropistas o independientes excluyen a la persona que trabaja dentro de plataformas del acceso a derechos de protección como la seguridad social, la representación colectiva, estabilidad laboral, condiciones de seguridad en el trabajo, entre otros elementos.  Esto lleva a pensar que este fenómeno requiere un análisis más profundo. 

Este documento realiza un análisis evolutivo del trabajo en plataformas de trabajo localizadas, las cuales, si bien gestionan y organizan las tareas en forma virtual, su ejecución requiere la interacción física entre clientes/as y trabajadores/as,  por lo que operan dentro de un área geográfica limitada (Berg, Furrer, Harmon, Rani & Silberman, 2018). Para el análisis de estas plataformas, se realizó la Encuesta a Trabajadores de Plataforma 2021 (ETP-2021), la cual da cuenta del perfil de quienes trabajan dentro del sector de reparto, transporte y servicio doméstico; sus condiciones laborales y los principales efectos de la crisis del COVID-19. Dicho relevamiento fue contrastado con series estadísticas anteriores, como también datos de sectores económicos relacionados. 

Dentro de los principales hallazgos se puede mencionar un cambio en la composición de trabajadores y trabajadoras que integran este tipo de empleo, principalmente mediante la incorporación de personas nativas cuya situación laboral y económica se vio afectada a raíz de la pandemia. Asimismo, se observa un empeoramiento generalizado de las principales condiciones laborales: las personas que trabajan para plataformas dedican, en promedio, cada vez más horas para poder mantener su poder adquisitivo y dependen en su mayoría del ingreso generado en la plataforma. 

El impacto de la pandemia en las plataformas fue disímil según su naturaleza operativa. En este trabajo, se hace referencia y analizan la situación que concierne a tres tipos de plataforma: de reparto, de transporte y de servicio doméstico. Las plataformas de reparto, se vieron particularmente demandadas producto de las medidas preventivas de aislamiento social y asumieron un rol protagónico para mantener la operación de diversos comercios y locales gastronómicos. Por otra parte, las plataformas de transporte, si bien tuvieron un impulso más tardío, se ocuparon de absorber un caudal considerable de pasajeros y pasajeras debido a las restricciones en el transporte público. En contraste, las plataformas de servicio doméstico, que articulan demandantes y oferentes de servicios de limpieza, maestranza y mantenimiento general del hogar, fueron las más perjudicadas, producto de la aceleración del trabajo remoto, las restricciones interjurisdiccionales de movilidad y la aún persistente preponderancia de mujeres en la absorción de tareas domésticas y de cuidado. 

La diversidad de situaciones y regulaciones vigentes y en debate expresan la complejidad de la temática y el entrecruzamiento de intereses y actores que se ponen en juego a la hora del abordaje de esta cuestión. Si bien hubo avances concretos en materia regulatoria como la Ley Rider en España, e iniciativas aún no debatidas como el anteproyecto presentado por el Ministerio de Trabajo en Argentina, al momento no se ha alcanzado una solución que garantice un desarrollo del sector con condiciones laborales justas. En base a esto, el presente trabajo busca hacer dos contribuciones. Por un lado, aportar datos estadísticos actualizados sobre el trabajo en plataformas de los sectores de reparto, transporte y servicio doméstico. Por otro, pretende destacar cuáles son los puntos de conflicto que manifiestan estos nuevos tipos de relaciones laborales, a modo de sintetizar y sugerir las cuestiones a abordar desde la política pública.