Publicado en abril de 2023

El acceso al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, actualmente el 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares –habita en viviendas deficitarias, según estimaciones del Observatorio Federal Urbano, (Censo 2010). De ese total, un tercio vive en viviendas compartidas con otros hogares y/o de precaria calidad constructiva (déficit cuantitativo). Por su parte, los dos tercios restantes lo hacen en viviendas que requieren ampliaciones y/o mejoras clave para la calidad de vida (déficit cualitativo). Si se recurre a criterios de medición más exigentes, el déficit habitacional total puede alcanzar hasta el 55% (6,4 millones de hogares).  

Con el apoyo de AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), CIPPEC realizó un diagnóstico sobre el acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda en Argentina, desde 1983. Para ello, se hizo un análisis a partir de dos ejes: la planificación y el ordenamiento territorial; y el acceso al hábitat y a la vivienda.  

Si bien hubo avances respecto a la planificación y el ordenamiento territorial, a través de políticas o la creación de organismos específicos, resultaron insuficientes. Esto se evidencia en la actual falta de planificación del crecimiento urbano que tiene como consecuencia una doble tendencia: por un lado, la expansión desordenada de la mancha urbana y, por otro lado, la densificación desbalanceada de las centralidades de las áreas metropolitanas. 

Por otra parte, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad se implementaron diversas políticas para atender el déficit habitacional, principalmente el cuantitativo. Se llevaron a cabo distintos programas, desde la construcción de viviendas por parte del Estado, el mejoramiento de los barrios informales, el otorgamiento de créditos para la compra de vivienda, hasta la generación de lotes con servicios. Sin embargo, ninguno de los programas logró abordar de forma holística y permanente la problemática, motivo por el cual el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo una asignatura pendiente y afecta, de distintas formas, a casi todos los sectores de la población. A pesar de que la problemática del hábitat es estructural, no está presente en la agenda pública de las principales fuerzas políticas. 

Este diagnóstico también dejó al descubierto la falta de coordinación entre la política de planificación y ordenamiento territorial, y la de acceso al hábitat y a la vivienda. Producto de ello, se da un aumento sostenido tanto en la cantidad de barrios informales como en su tamaño. Esta aparece como la alternativa posible para aquellos hogares que no pueden acceder a una vivienda en el mercado formal. Además persisten los altos niveles de déficit en la calidad de las viviendas en la ciudad formal. Esta falta de coordinación se evidencia tanto de forma horizontal, por la atomización de los organismos estatales a cargo de la gestión del territorio en todos sus niveles, como de forma vertical entre la Nación, las provincias y los municipios.  

Con el objetivo de abordar los desafíos vigentes, en el documento presente proponemos nueve recomendaciones que consideramos fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia. Si bien las recomendaciones no son exhaustivas ni taxativas, buscan atender las principales deficiencias actuales:

1. Avanzar en una política integral y masiva de mejoramiento de viviendas;
2. Sancionar leyes provinciales de ordenamiento territorial que promuevan la densificación en áreas servidas y garanticen la provisión de servicios (básicos y urbanos) en zonas habitadas que no cuentan con ellos;
3. Desarrollar mecanismos para movilizar suelo urbano a nivel municipal;
4. Mejorar la coordinación y articulación de la política de vivienda a nivel federal;
5. Promover incentivos a la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental de las viviendas;
6. Profundizar los procesos de integración socio-urbana y otorgar facilidades para la regularización de la tenencia segura del suelo;
7. Promover el alquiler asequible, desincentivando la tenencia de viviendas vacías y terrenos vacantes y generando estímulos para el alquiler de viviendas;
8. Promover soluciones temporales de vivienda en contextos de emergencia (desastres de origen natural o antrópico, situación de calle, personas víctimas de violencia de género o familiar, o personas que viven en zonas de riesgo ambiental),
9. Incorporar mecanismos de transparencia y de medición de la problemática, tanto en el diseño como la ejecución de las políticas de vivienda. 

Publicado en abril de 2023

Entre 2020 y 2021, CIPPEC realizó evaluaciones ex post de cuatro programas financiados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina): “Programa de obras múltiples en municipios del Norte Grande” (Argentina), “Programa de desarrollo turístico PRODETUR en Fortaleza” (Brasil), “Programa de desarrollo de recursos físicos educativos” (Argentina) y “Programa de fortalecimiento del sector eléctrico” (Uruguay). Las evaluaciones ex post adoptaron como criterios de análisis un enfoque basado en la calidad de los resultados a partir de la aplicación de los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sustentabilidad (OCDE, 2018) y la calidad de los procesos de implementación a través del análisis de actores, contexto y proyecto (GDI, 2019) y el enfoque de evaluabilidad (Laffaire, Bonelli, Scolari, Aquilino & Arena, 2020). 

Así, la evaluación ex post es una oportunidad para generar un espacio de síntesis y elaborar críticamente recomendaciones de mejora, tanto a nivel del diseño como de la implementación y evaluación de las intervenciones lideradas por CAF, con las limitaciones propias de contar con un universo pequeño de casos analizados. 

La construcción de un marco metodológico específico para el desarrollo de las evaluaciones que combinó distintas fuentes y visiones (criterios OCDE, desafíos de implementación GDI y evaluabilidad CIPPEC) presentó algunas ventajas y otros desafíos para el equipo, que se reseñan en este documento. Entre éstas se destacan 

• Distinguir claramente aquellos aspectos que hacen a la sustancia de las intervenciones, de aspectos que facilitan la operación como el contexto y la gestión de las operaciones.  

• Puso de manifiesto cuál es la capacidad de los programas para ofrecer información clave que permita evaluar su desempeño y comunicar sus logros interna y externamente. 
• Mostró las áreas de vacancia de datos que ofrece una clara oportunidad para fortalecer los programas. 

Entre los desafíos el más importante estuvo vinculado con la superposición o solapamiento entre algunos elementos inherentes a en cada uno de los marcos de evaluación. Adicionalmente, la falta de datos, acceso a información y a los actores vinculados con los proyectos generó dificultades para la implementación de los ejercicios de evaluación. 

A su vez, permitió identificar algunas recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades de evaluación retrospectivas de los programas e instrumentos financieros de CAF: 

• Construir y sistematizar una política de evaluación acorde con las particularidades del ciclo de crédito de las operaciones CAF. 

• Diseñar un marco conceptual estratégico propio para la realización de evaluaciones ex post de CAF.  
• Distinguir el uso de los criterios OCDE de los elementos GDI.   
• Definir criterios, estándares e indicadores para ese marco de evaluación.  
• Diseñar, planificar y conceptualizar las evaluaciones desde el diseño de las operaciones de crédito, lo cual debería incrementar su grado de evaluabilidad o la factibilidad técnica para impulsar ejercicios de evaluación.  
• Acompañar a los programas en sus definiciones de monitoreo y evaluación.  

• Proveer mecanismos internos de gestión documental para los programas.  
• Contar con un sistema de gestión de contactos de proyectos.  

Estas evaluaciones también presentan una oportunidad enorme para el diálogo interno en CAF a fin de mejorar los marcos estratégicos de planificación, gestión, monitoreo y evaluación de los programas, lo que seguramente redundará en una mejor capacidad de acompañar procesos de desarrollo con alto impacto en la vida de las personas. La Dirección de Aportes al Desarrollo y Medición de Impacto (DADMI) está en una posición inmejorable para liderar esta conversación con evidencia concreta sobre las intervenciones y sugerencias de mejora que pueden nutrir el debate institucional. 

Adicionalmente, una continuidad de la realización sistemática de evaluaciones ex post –con un marco estratégico propio– permitiría fortalecer, en el mediano plazo, la capacidad de CAF para rendir cuentas y mostrar resultados concretos sobre la base de la evidencia a la comunidad regional de desarrollo. En paralelo, fortalecer la gestión del conocimiento en los sistemas de información internos. 

Finalmente, las lecciones vertidas en el presente documento pueden servir de insumo para entablar una conversación respecto de la posición estratégica en la que se encuentra CAF para apoyar a los países en el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de planificación y evaluación y para la cuantificación del impacto de las políticas públicas en la región sobre sus beneficiarios.    

Publicada en marzo de 2023

En 2009 el Congreso argentino sancionó el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que buscaba principalmente democratizar la selección de candidaturas hacia el interior de los partidos, al mismo tiempo que contribuir a ordenar la oferta electoral a partir de una reducción de la fragmentación partidaria. Han transcurrido más de diez años y seis procesos electorales desde que las PASO fueron implementadas por primera vez en las elecciones de 2011. Desde entonces, las primarias han estado sometidas al constante escrutinio público de analistas y al debate de la política. 

Este documento argumenta que la discusión acerca de las PASO debe superar el debate dicotómico que se plantea entre defensores y detractores para orientarse a pensar qué elementos del régimen vigente conviene mantener y cuáles podrían ser modificados con el fin de conservar los avances alcanzados y reducir los déficits evidenciados.  

La evidencia señala que las PASO generaron dos avances sustantivos de diferente orden en el sistema político argentino. Por un lado, incorporaron un mecanismo que ofrece a actores partidarios la posibilidad de competir por las candidaturas en condiciones equitativas. Por el otro, contribuyeron a reducir la fragmentación electoral y, en alguna medida, a estructurar la competencia electoral en torno a dos grandes coaliciones. No obstante, el análisis realizado también marca algunos aspectos que permiten cuestionar la eficacia y la eficiencia de las PASO. En particular, el uso limitado que las agrupaciones políticas han hecho de este espacio para dirimir candidaturas. A partir de ello, consideramos pertinente formular las siguientes preguntas: ¿Es posible conservar los aspectos positivos de las PASO reduciendo los negativos? ¿Es posible lograr los mismos fines en forma más eficiente?  

A partir de la evidencia y aportes realizados por diferentes especialistas en el tema, planteamos la necesidad de dar un debate sobre el tema alrededor de dos conjuntos de alternativas que podrían significar un avance respecto a la situación actual. En primer lugar, reformas sobre el régimen que apuntan a eliminar efectos laterales no deseados de las PASO: entre ellas, la posibilidad de completar la fórmula presidencial luego de las PASO, reducir el tiempo que transcurre entre las elecciones primarias y las generales, y promover un esquema de oficialización de listas internas con participación de la Justicia Electoral. Estas reformas, que parecen contar con consenso entre actores relevantes del sistema político, mejorarían su eficacia. 

El segundo conjunto de propuestas apunta a un esquema de primarias que le permita continuar cumpliendo el doble rol que se propuso, como mecanismo de selección de candidaturas y como barrera de entrada, al tiempo que mejore la eficiencia y razonabilidad entre medios y fines propuestos. A partir de este objetivo se desprenden dos escenarios posibles. Una opción apunta a mantener la obligatoriedad de las primarias para las agrupaciones, haciéndolas optativas para la ciudadanía. De este modo, se mantiene un instrumento que permite a los actores internos competir por las candidaturas en una elección abierta y con administración de la autoridad estatal, y que a la vez puede seguir actuando como dique contra la fragmentación. Por otra parte, la alternativa a este esquema es separar las instituciones que cumplen la función de barrera de acceso a la competencia y contención de la fragmentación partidaria de las que cumplen con la función de seleccionar candidaturas. Esta alternativa implicaría abordar reformas a la legislación de partidos para establecer condiciones más exigentes de reconocimiento y un régimen de primarias optativas pero administradas por la autoridad estatal que ofrezca garantías para una competencia abierta, libre y limpia allí donde esta posibilidad surja al interior de las fuerzas políticas.  

Las alternativas de reforma planteadas se presentan de manera extensa en el cuerpo del documento, señalando para cada caso sus potenciales efectos a partir del análisis de su factibilidad técnica y política.  

Publicado en marzo de 2023

El mercado de trabajo argentino enfrenta desafíos estructurales de larga data, tales como la alta incidencia de la informalidad y las brechas de género, desigualdades que se vieron profundizadas con el impacto de la pandemia. Frente a este escenario, durante el 2021, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), en articulación con CIPPEC, desarrolló una serie de cursos de capacitación con el objetivo de potenciar el empleo de emprendedores y emprendedoras en su territorio, haciendo foco en el empleo femenino. A través de seis clases, el programa ofreció capacitación virtual a emprendedores y emprendedoras sobre herramientas digitales, financieras y administrativas.

Desde CIPPEC se llevó adelante una evaluación de impacto de las capacitaciones sobre el desarrollo de los emprendimientos y el posible  empoderamiento de mujeres en el ámbito económico y social.

Los cursos de capacitación se brindaron en dos cohortes en marzo y agosto de 2021 y tuvieron una enorme demanda. Fueron recibidas 2.469 solicitudes de inscripción, 73% de mujeres, que fueron debidamente analizadas y clasificadas en función del nivel de desarrollo del emprendimiento de las  personas. Debido a la limitante de cupos, se asignaron aleatoriamente 1.400 cupos distribuidos en tres cursos de creciente nivel de complejidad: un curso de ideación emprendedora, uno de desarrollo emprendedor y un tercero de fortalecimiento emprendedor.

Una vez finalizados los cursos, se realizó una evaluación de abordaje mixto, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se realizaron entrevistas con actores clave dentro del Gobierno de la Ciudad y las capacitadoras a cargo del dictado de las clases, con el objetivo de analizar los  aspectos ligados al desarrollo de las capacitaciones y su evaluación. Por el otro, se llevó a cabo una evaluación de impacto en base a encuestas realizadas tanto a quienes hicieron los cursos como a quienes no se les asignó el cupo. Las encuestas se realizaron al inicio del curso y otra cuatro meses después de finalizados.

Los principales hallazgos del impacto de los cursos se categorizaron en cuestiones de supervivencia, formalidad, productividad e inclusión. En términos de supervivencia de los emprendimientos, no se ve un impacto general significativo, pero en el ámbito de la formalidad los resultados se muestran muy positivos: esto se ve reflejado en un aumento del 21% en el número de emprendimientos registrados y de un 13% en los que declaran pagar impuestos. Al mirar las variables que reflejan la productividad, hay un 15% de aumento en el uso de presupuestos escritos y un 14% en el uso de estrategias de publicidad. A su vez, entre las participantes, el número de mujeres que solicitó un préstamo o crédito para el emprendimiento aumentó un 14%.

Finalmente, sorprende ver que las mujeres que participaron hayan asumido más tareas en el hogar respecto del momento en que iniciaron el curso y no presenten un mayor uso de dinero propio, decisión sobre gastos o involucramiento económico en el hogar y la comunidad: un 11% de las mujeres que realizaron el curso declaran encargarse más de las tareas domésticas. En suma, el hecho de que los cursos muestren impacto sobre formalidad y productividad y no sobre aspectos ligados al empoderamiento de género refleja que los cursos cumplieron exitosamente su función primaria (apuntalar emprendimientos), pero su influencia no logró impactar en el corto plazo en cuestiones indirectas, como la inclusión de género.

Para ver el Resumen Ejecutivo de esta publicación que sintetiza los emergentes de esta investigación, ingresá acá