Publicado en abril de 2023

Entre 2014 y 2020, la tasa global de fecundidad bajó un 34%, el descenso más pronunciado desde que existen registros anuales de esta variable. La tendencia a la baja fue aún más acelerada (-55%) en las niñas y adolescentes menores de 20 años, dato no menor puesto que los embarazos en edades tempranas son, en su mayoría, no intencionales. Esta caída da cuenta de los logros alcanzados en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos y, al mismo tiempo, potencia las posibilidades de mejorar las trayectorias educativas y laborales de las jóvenes, oportunidad clave para romper círculos viciosos de pobreza y apuntalar un sendero de desarrollo inclusivo.

Pocas veces se considera la transición demográfica que está atravesando Argentina y las implicancias que esto tiene en el diseño y la planificación de las políticas públicas. Conocer cómo es el gasto y la producción por edad y combinar esta información con las proyecciones de la población y los grupos etarios que la componen permite tomar decisiones informadas de políticas públicas de cara al futuro. En este sentido, para evaluar las oportunidades y desafíos generados por los cambios demográficos se puede utilizar la metodología de Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT), que estima cuánto produce y consume una persona promedio en cada año de su vida.

En el caso argentino, la CNT ilustra claramente la necesidad de aprovechar el bono demográfico actual, momento en el cual la cantidad de personas en edad de producir y trabajar es elevada con respecto a personas dependientes (niños/as o personas mayores). En el futuro la proporción de personas mayores irá aumentando y entonces el desafío para sostener y mejorar el Estado de bienestar tomará más relevancia. En gran medida, los recursos para responder a este desafío dependerán de la capacidad que tenga la sociedad de aumentar la productividad de sus trabajadores/as, puesto que su proporción respecto al resto de la población irá paulatinamente disminuyendo en años venideros.

Determinadas políticas públicas son estratégicas para aprovechar la ventana demográfica actual y asegurar un mejor Estado de bienestar a futuro. En particular, hay tres grupos de políticas que están estrechamente asociadas con la dinámica demográfica: políticas de cuidados y educación en la niñez y la adolescencia (y políticas de cuidados en la vejez, sobre las que el documento no ahonda), políticas previsionales y políticas para asegurar y profundizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a las primeras es preciso, en primer lugar, consolidar un sistema integral y federal de cuidados para la niñez y la vejez y, en segundo lugar, sostener y fortalecer las trayectorias educativas de los y las jóvenes y adolescentes. En relación al sistema de pensiones y jubilaciones, las distintas proyecciones muestran cómo se dificultará ampliamente sostener el esquema actual, por lo tanto será necesario reordenarlo para mejorar su eficiencia, equidad y sostenibilidad. Finalmente, con el fin de seguir fortaleciendo y asegurando el acceso a derechos sexuales y reproductivos, pueden considerarse tres líneas de acción a reforzar: fortalecer y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y a los sistemas de información asociados; asegurar la implementación efectiva de las leyes de Educación Sexual Integral (ESI) y de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en todo el territorio (IVE/ILE), además de abordar en forma integral la prevención y la atención del embarazo en niñas y adolescentes.

Estamos a tiempo de aprovechar las oportunidades que abre la transición demográfica. Avanzar en políticas públicas estratégicas que aborden la pobreza de forma integral y multidimensional es esencial para consolidar un sendero de desarrollo inclusivo, que permita mejorar las condiciones de vida de las personas en la actualidad y asegure un mejor Estado de bienestar en el futuro.

Publicado en abril de 2023

El acceso al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, actualmente el 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares –habita en viviendas deficitarias, según estimaciones del Observatorio Federal Urbano, (Censo 2010). De ese total, un tercio vive en viviendas compartidas con otros hogares y/o de precaria calidad constructiva (déficit cuantitativo). Por su parte, los dos tercios restantes lo hacen en viviendas que requieren ampliaciones y/o mejoras clave para la calidad de vida (déficit cualitativo). Si se recurre a criterios de medición más exigentes, el déficit habitacional total puede alcanzar hasta el 55% (6,4 millones de hogares).  

Con el apoyo de AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), CIPPEC realizó un diagnóstico sobre el acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda en Argentina, desde 1983. Para ello, se hizo un análisis a partir de dos ejes: la planificación y el ordenamiento territorial; y el acceso al hábitat y a la vivienda.  

Si bien hubo avances respecto a la planificación y el ordenamiento territorial, a través de políticas o la creación de organismos específicos, resultaron insuficientes. Esto se evidencia en la actual falta de planificación del crecimiento urbano que tiene como consecuencia una doble tendencia: por un lado, la expansión desordenada de la mancha urbana y, por otro lado, la densificación desbalanceada de las centralidades de las áreas metropolitanas. 

Por otra parte, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad se implementaron diversas políticas para atender el déficit habitacional, principalmente el cuantitativo. Se llevaron a cabo distintos programas, desde la construcción de viviendas por parte del Estado, el mejoramiento de los barrios informales, el otorgamiento de créditos para la compra de vivienda, hasta la generación de lotes con servicios. Sin embargo, ninguno de los programas logró abordar de forma holística y permanente la problemática, motivo por el cual el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo una asignatura pendiente y afecta, de distintas formas, a casi todos los sectores de la población. A pesar de que la problemática del hábitat es estructural, no está presente en la agenda pública de las principales fuerzas políticas. 

Este diagnóstico también dejó al descubierto la falta de coordinación entre la política de planificación y ordenamiento territorial, y la de acceso al hábitat y a la vivienda. Producto de ello, se da un aumento sostenido tanto en la cantidad de barrios informales como en su tamaño. Esta aparece como la alternativa posible para aquellos hogares que no pueden acceder a una vivienda en el mercado formal. Además persisten los altos niveles de déficit en la calidad de las viviendas en la ciudad formal. Esta falta de coordinación se evidencia tanto de forma horizontal, por la atomización de los organismos estatales a cargo de la gestión del territorio en todos sus niveles, como de forma vertical entre la Nación, las provincias y los municipios.  

Con el objetivo de abordar los desafíos vigentes, en el documento presente proponemos nueve recomendaciones que consideramos fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia. Si bien las recomendaciones no son exhaustivas ni taxativas, buscan atender las principales deficiencias actuales:

1. Avanzar en una política integral y masiva de mejoramiento de viviendas;
2. Sancionar leyes provinciales de ordenamiento territorial que promuevan la densificación en áreas servidas y garanticen la provisión de servicios (básicos y urbanos) en zonas habitadas que no cuentan con ellos;
3. Desarrollar mecanismos para movilizar suelo urbano a nivel municipal;
4. Mejorar la coordinación y articulación de la política de vivienda a nivel federal;
5. Promover incentivos a la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental de las viviendas;
6. Profundizar los procesos de integración socio-urbana y otorgar facilidades para la regularización de la tenencia segura del suelo;
7. Promover el alquiler asequible, desincentivando la tenencia de viviendas vacías y terrenos vacantes y generando estímulos para el alquiler de viviendas;
8. Promover soluciones temporales de vivienda en contextos de emergencia (desastres de origen natural o antrópico, situación de calle, personas víctimas de violencia de género o familiar, o personas que viven en zonas de riesgo ambiental),
9. Incorporar mecanismos de transparencia y de medición de la problemática, tanto en el diseño como la ejecución de las políticas de vivienda. 

Publicado en abril de 2023

Entre 2020 y 2021, CIPPEC realizó evaluaciones ex post de cuatro programas financiados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina): “Programa de obras múltiples en municipios del Norte Grande” (Argentina), “Programa de desarrollo turístico PRODETUR en Fortaleza” (Brasil), “Programa de desarrollo de recursos físicos educativos” (Argentina) y “Programa de fortalecimiento del sector eléctrico” (Uruguay). Las evaluaciones ex post adoptaron como criterios de análisis un enfoque basado en la calidad de los resultados a partir de la aplicación de los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sustentabilidad (OCDE, 2018) y la calidad de los procesos de implementación a través del análisis de actores, contexto y proyecto (GDI, 2019) y el enfoque de evaluabilidad (Laffaire, Bonelli, Scolari, Aquilino & Arena, 2020). 

Así, la evaluación ex post es una oportunidad para generar un espacio de síntesis y elaborar críticamente recomendaciones de mejora, tanto a nivel del diseño como de la implementación y evaluación de las intervenciones lideradas por CAF, con las limitaciones propias de contar con un universo pequeño de casos analizados. 

La construcción de un marco metodológico específico para el desarrollo de las evaluaciones que combinó distintas fuentes y visiones (criterios OCDE, desafíos de implementación GDI y evaluabilidad CIPPEC) presentó algunas ventajas y otros desafíos para el equipo, que se reseñan en este documento. Entre éstas se destacan 

• Distinguir claramente aquellos aspectos que hacen a la sustancia de las intervenciones, de aspectos que facilitan la operación como el contexto y la gestión de las operaciones.  

• Puso de manifiesto cuál es la capacidad de los programas para ofrecer información clave que permita evaluar su desempeño y comunicar sus logros interna y externamente. 
• Mostró las áreas de vacancia de datos que ofrece una clara oportunidad para fortalecer los programas. 

Entre los desafíos el más importante estuvo vinculado con la superposición o solapamiento entre algunos elementos inherentes a en cada uno de los marcos de evaluación. Adicionalmente, la falta de datos, acceso a información y a los actores vinculados con los proyectos generó dificultades para la implementación de los ejercicios de evaluación. 

A su vez, permitió identificar algunas recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades de evaluación retrospectivas de los programas e instrumentos financieros de CAF: 

• Construir y sistematizar una política de evaluación acorde con las particularidades del ciclo de crédito de las operaciones CAF. 

• Diseñar un marco conceptual estratégico propio para la realización de evaluaciones ex post de CAF.  
• Distinguir el uso de los criterios OCDE de los elementos GDI.   
• Definir criterios, estándares e indicadores para ese marco de evaluación.  
• Diseñar, planificar y conceptualizar las evaluaciones desde el diseño de las operaciones de crédito, lo cual debería incrementar su grado de evaluabilidad o la factibilidad técnica para impulsar ejercicios de evaluación.  
• Acompañar a los programas en sus definiciones de monitoreo y evaluación.  

• Proveer mecanismos internos de gestión documental para los programas.  
• Contar con un sistema de gestión de contactos de proyectos.  

Estas evaluaciones también presentan una oportunidad enorme para el diálogo interno en CAF a fin de mejorar los marcos estratégicos de planificación, gestión, monitoreo y evaluación de los programas, lo que seguramente redundará en una mejor capacidad de acompañar procesos de desarrollo con alto impacto en la vida de las personas. La Dirección de Aportes al Desarrollo y Medición de Impacto (DADMI) está en una posición inmejorable para liderar esta conversación con evidencia concreta sobre las intervenciones y sugerencias de mejora que pueden nutrir el debate institucional. 

Adicionalmente, una continuidad de la realización sistemática de evaluaciones ex post –con un marco estratégico propio– permitiría fortalecer, en el mediano plazo, la capacidad de CAF para rendir cuentas y mostrar resultados concretos sobre la base de la evidencia a la comunidad regional de desarrollo. En paralelo, fortalecer la gestión del conocimiento en los sistemas de información internos. 

Finalmente, las lecciones vertidas en el presente documento pueden servir de insumo para entablar una conversación respecto de la posición estratégica en la que se encuentra CAF para apoyar a los países en el fortalecimiento de sus sistemas nacionales de planificación y evaluación y para la cuantificación del impacto de las políticas públicas en la región sobre sus beneficiarios.    

Publicada en marzo de 2023

En 2009 el Congreso argentino sancionó el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que buscaba principalmente democratizar la selección de candidaturas hacia el interior de los partidos, al mismo tiempo que contribuir a ordenar la oferta electoral a partir de una reducción de la fragmentación partidaria. Han transcurrido más de diez años y seis procesos electorales desde que las PASO fueron implementadas por primera vez en las elecciones de 2011. Desde entonces, las primarias han estado sometidas al constante escrutinio público de analistas y al debate de la política. 

Este documento argumenta que la discusión acerca de las PASO debe superar el debate dicotómico que se plantea entre defensores y detractores para orientarse a pensar qué elementos del régimen vigente conviene mantener y cuáles podrían ser modificados con el fin de conservar los avances alcanzados y reducir los déficits evidenciados.  

La evidencia señala que las PASO generaron dos avances sustantivos de diferente orden en el sistema político argentino. Por un lado, incorporaron un mecanismo que ofrece a actores partidarios la posibilidad de competir por las candidaturas en condiciones equitativas. Por el otro, contribuyeron a reducir la fragmentación electoral y, en alguna medida, a estructurar la competencia electoral en torno a dos grandes coaliciones. No obstante, el análisis realizado también marca algunos aspectos que permiten cuestionar la eficacia y la eficiencia de las PASO. En particular, el uso limitado que las agrupaciones políticas han hecho de este espacio para dirimir candidaturas. A partir de ello, consideramos pertinente formular las siguientes preguntas: ¿Es posible conservar los aspectos positivos de las PASO reduciendo los negativos? ¿Es posible lograr los mismos fines en forma más eficiente?  

A partir de la evidencia y aportes realizados por diferentes especialistas en el tema, planteamos la necesidad de dar un debate sobre el tema alrededor de dos conjuntos de alternativas que podrían significar un avance respecto a la situación actual. En primer lugar, reformas sobre el régimen que apuntan a eliminar efectos laterales no deseados de las PASO: entre ellas, la posibilidad de completar la fórmula presidencial luego de las PASO, reducir el tiempo que transcurre entre las elecciones primarias y las generales, y promover un esquema de oficialización de listas internas con participación de la Justicia Electoral. Estas reformas, que parecen contar con consenso entre actores relevantes del sistema político, mejorarían su eficacia. 

El segundo conjunto de propuestas apunta a un esquema de primarias que le permita continuar cumpliendo el doble rol que se propuso, como mecanismo de selección de candidaturas y como barrera de entrada, al tiempo que mejore la eficiencia y razonabilidad entre medios y fines propuestos. A partir de este objetivo se desprenden dos escenarios posibles. Una opción apunta a mantener la obligatoriedad de las primarias para las agrupaciones, haciéndolas optativas para la ciudadanía. De este modo, se mantiene un instrumento que permite a los actores internos competir por las candidaturas en una elección abierta y con administración de la autoridad estatal, y que a la vez puede seguir actuando como dique contra la fragmentación. Por otra parte, la alternativa a este esquema es separar las instituciones que cumplen la función de barrera de acceso a la competencia y contención de la fragmentación partidaria de las que cumplen con la función de seleccionar candidaturas. Esta alternativa implicaría abordar reformas a la legislación de partidos para establecer condiciones más exigentes de reconocimiento y un régimen de primarias optativas pero administradas por la autoridad estatal que ofrezca garantías para una competencia abierta, libre y limpia allí donde esta posibilidad surja al interior de las fuerzas políticas.  

Las alternativas de reforma planteadas se presentan de manera extensa en el cuerpo del documento, señalando para cada caso sus potenciales efectos a partir del análisis de su factibilidad técnica y política.