Publicado en agosto de 2023

En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la ciencia, la investigación y la tecnología son actividades cada vez más relevantes de manera transversal en la economía. Nos adentramos en un mundo donde los conocimientos de ciencia e investigación se tornan cruciales para alcanzar mejoras en la productividad, eficientización de procesos y generación de empleos de calidad.   

Por eso, los países que dispongan de una masa crítica de estos conocimientos pueden especializarse mejor en sectores más dinámicos y ser más competitivos, transformándose así en referentes en los temas más acuciantes de la agenda global. Si bien en los niveles de especialización los puestos de liderazgo están en manos de los países más desarrollados, los sectores de la Ciencia y la Tecnología (CyT) también son muy importantes para las economías latinoamericanas y ofrecen un gran potencial de crecimiento.   

En primer lugar, porque son sectores en plena etapa de expansión. En ese sentido, los sectores de CyT en Colombia tienen un espacio considerable de crecimiento si se las compara con otros países de la región. Mientras que en Argentina, Brasil y México la participación de este sector está en torno al 10% del valor agregado (Ministerio de Producción de Argentina, 2018; IBGE, 2018; INEGI, 2018), en Colombia estos sectores representan apenas 1 de cada 20 dólares producidos en la economía (DANE, 2018).  

En segundo lugar, porque están presentes de manera transversal en todos los sectores de la economía. En Colombia, el 4,6% de todas las ocupaciones de la economía son específicas en CyT (GEIH, 2018).   

En tercer lugar, porque el hecho de que estos sectores se encuentren entre los más productivos de la economía se refleja en los ingresos de sus trabajadores/as. En promedio, los/as trabajadores/as colombianos/as en estos sectores ganan más del doble que las personas ocupadas de la economía en su conjunto.  

Sin embargo, los beneficios de estos sectores no se distribuyen por igual en toda la sociedad. La creciente visibilidad de las actividades vinculadas con CyT en nuestras economías, puso de manifiesto que las mujeres participan poco de estos sectores. A pesar de los avances suscitados en las últimas décadas, los desafíos para alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y varones aún persisten.  

En Colombia, menos de un cuarto de las personas en las actividades en CyT  son mujeres (representan el 33,2% del total de personas ocupadas en estos sectores) y por tanto quedan excluidas de las oportunidades que brinda. Esta subrepresentación se acentúa si se observan las ocupaciones directamente vinculadas con las tareas centrales de la CyT, donde disminuye al 21,3% de las personas en ocupaciones de CyT.   

Estas brechas de género responden a una multiplicidad de factores. Primero, los mayores niveles de informalidad y las remuneraciones más bajas se vinculan con dos fenómenos: las “paredes de cristal” y los “techos de cristal” –(i) pocas mujeres se insertan en el ámbito científico y tecnológico, lo que vigoriza las paredes de cristal; y, (ii) las mujeres enfrentan barreras que truncan sus trayectorias y liderazgo una vez insertas en el mundo de CyT, lo que remarca los techos de cristal–. Segundo, las normas sociales y culturales atraviesan transversalmente estos fenómenos y se retroalimentan, formando un círculo vicioso para las mujeres en CyT. Y tercero, la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo está estrechamente ligada a la distribución desigual de tareas no remuneradas dentro de los hogares.  

Este hecho en los sectores de CyT es especialmente relevante, ya que son sectores que brindan la oportunidad de innovar y volver a las economías más productivas, y de dotar a sus trabajadores/as de mayores ingresos y empleos de calidad. Además, estas actividades están moldeando el presente y el futuro y, por ende, constituyen nuevas palancas del poder. Por eso, asegurar la participación de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología es una oportunidad crucial para evitar que las brechas existentes continúen ensanchándose, y puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida, mitigar la reproducción intergeneracional de la pobreza y también impulsar el crecimiento económico inclusivo. En ese sentido, identificar cómo potenciar la participación de mujeres en este sector constituye así una estrategia doblemente relevante: al mismo tiempo que permite avanzar hacia una mayor igualdad de género, conforma una oportunidad estratégica para el desarrollo económico.  

Promover la participación de mujeres en CyT es una tarea urgente para revertir el aumento de la brecha de género. También es una oportunidad para dinamizar la economía del país y una oportunidad de aumentar la diversidad de habilidades en actividades que son centrales para el desarrollo económico. Colombia ha comenzado una senda para responder a esta problemática, y tener un diagnóstico preciso, conocer los avances y las áreas de oportunidad en Colombia es un paso más para lograr esa tarea. 

Publicado en Julio de 2023

A nivel nacional, el Estado es el único propietario de las acciones de 34 empresas y grupos de propiedad estatal, dentro de sectores económicos diversos y de formas jurídicas diferentes. La mayoría de estas empresas de propiedad estatal (EPE) se concentra en los sectores de transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, energía y manufacturas. El resto provee servicios financieros, científicos y técnicos, agua y saneamiento, enseñanza, y construcción.

Dado su alto nivel de participación en sectores de infraestructura, claves para el desarrollo económico y social, una buena gobernanza de las EPE resulta fundamental. Para promoverla es necesario fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, ya que permiten mejorar el control democrático, la integridad, el desempeño y la legitimidad. Entre estos mecanismos, las prácticas de transparencia y el reporte público de información tienen un rol central.

La 2ª edición del Índice de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE) comprende 25 indicadores organizados en seis dimensiones: Gobierno, Acceso a la información e integridad, Estructura y organización, Gestión estratégica y operativa, Gestión económica y financiera, y Compras y contrataciones. El índice sintetiza las dimensiones más relevantes para la transparencia activa de la información económica, financiera y de gobernanza de las empresas con una escala de 0 a 100, y a través de él se observa que:

• El desempeño general en materia de transparencia activa se encuentra en un nivel intermedio y ha presentado mejoras desde la última edición en 2021. El promedio actual del ITEPE se ubica en 52,4 puntos sobre 100, una mejora de casi 10 puntos respecto a la edición anterior. Dentro del universo de 34 EPE analizadas, hay seis que alcanzaron un desempeño destacado (por encima de los 81 puntos), una de ellas muy cerca de obtener el puntaje máximo, lo que indica que es factible para las empresas alcanzar los estándares propuestos. Esto evidencia avances, al mismo tiempo que da cuenta de que las EPE aún tienen desafíos por afrontar en la materia.
• El nivel de transparencia entre las EPE es dispar: sólo un tercio del universo analizado presenta un cumplimiento alto. Esta disparidad se explica, en parte, por la envergadura de las EPE, con algunas excepciones. Analizadas como segmento, las empresas de mayor tamaño son las que cuentan con un mejor cumplimiento en la divulgación proactiva de información (con un promedio de 80,2), seguidas por las medianas (con un promedio de 62,2) y por las pequeñas (con un promedio de 37,4). Sin embargo, se observan prácticas destacadas puntuales aún en EPE con desempeño bajo.
• También, hay un cumplimiento dispar en el tipo de información que se publica. El mejor desempeño se observa en la información sobre Compras y contrataciones (59,3), Estructura y organización (56,6) y Gestión estratégica y operativa (55,1). En menor grado, se encuentra información actualizada y en cumplimiento con la normativa vigente sobre Gobierno (52) y Acceso a la información e integridad (47,2). El nivel más bajo de transparencia activa se observa en la información sobre Gestión económica y financiera (45,2), aunque se observa una mejora de casi 15 puntos desde 2021.

Al mismo tiempo, en esta nueva edición, y en línea con las tendencias corporativas actuales, el trabajo hace foco en la divulgación de información relacionada a la sustentabilidad de las empresas. Para esto se incorporan ejes como la contribución al desarrollo sostenible, los derechos humanos, la gobernanza –desde el punto de vista de la relación con grupos de interés y un entorno de integridad y cumplimiento desarrollado–, y los impactos social y ambiental. En este aspecto, cabe señalar  que no todos los sectores económicos tienen el mismo impacto social y ambiental y –en congruencia con esto y con la envergadura de la empresa– no todas cuentan con un rol dedicado a la sustentabilidad. Por lo tanto, no sorprende que sea muy escasa la información divulgada por el segmento de EPE pequeñas.

En relación a la información sobre sustentabilidad en los segmentos de EPE grandes y medianas se observa que:

• Si bien se verifican niveles altos de inclusión de una política de sustentabilidad en los reportes, son muy pocas las EPE en que la contribución al desarrollo sostenible se ve reflejada en el compromiso con las metas a nivel país y con indicadores para medir su progreso, que den cuenta de la adopción real de la Agenda 2030 a nivel estratégico y operacional en la empresa. Por otra parte, sí se observa un desarrollo en la vinculación conceptual de actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los reportes.
• El enfoque de derechos humanos no se encuentra aún incorporado en las EPE. Apenas dos de ellas realizan esfuerzos incipientes en el desarrollo de algunos de los elemento del proceso de debida diligencia en materia de DD.HH, que constituye el eje del enfoque. Sí se observa que, en mayor proporción, comienzan a integrar el concepto de respeto a los DD.HH a través de la inclusión de un principio general y la vinculación conceptual a algunas de sus acciones, en particular sobre las políticas de derechos y beneficios de los/as trabajadores/as.
• En relación a los aspectos de gobernanza vinculados a la sustentabilidad, existen buenos niveles de identificación de grupos de interés y alianzas. Dentro de los grupos de interés externos a la empresa, las relaciones con los proveedores es el tema sobre el que se divulga más información. Cabe destacar que sólo una EPE grande menciona la relación con los accionistas.
• Con respecto a la información vinculada al desempeño como empleador y las relaciones con los/as trabajadores/as, se destaca la disponibilidad alta de información en las EPE grandes y medianas. En las EPE pequeñas, es el elemento de información de sustentabilidad con mejor desempeño.
• Se encuentra información amplia sobre las actividades de las EPE con impacto social en la comunidad y desarrollo de infraestructura. En muchos casos, estas actividades ponen de manifiesto el rol de las EPE como instrumentos de aplicación de programas sociales a nivel nacional en diversas materias, tales como la tarifa social para agua y transporte, inclusión financiera, entre otros.
• En relación al impacto ambiental, aproximadamente la mitad de las EPE grandes (3 de 5), la mitad de las medianas (7 de 12) y una porción reducida de las pequeñas (4 de 17) publican información sobre la realización de evaluaciones de impacto ambiental y otras acciones para reducción de impacto relacionadas con su actividad económica. Hay déficits significativos en información sobre metas ambientales y cierto nivel de desarrollo de algunos indicadores, en particular sobre meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y medición de emisiones.
• Con respecto a la reducción de impacto ambiental, a través de temas transversales a distintos sectores, la temática más trabajada en todos los segmentos es la gestión de residuos, seguida de la eficiencia energética y, por último, el transporte. Esto tiene sentido si se consideran los niveles de inversión requeridos o el impacto en las operaciones de realizar modificaciones. Además, gran parte de las EPE trabajan en materia de sensibilización ambiental.

Desde 2021, el ITEPE se propuso elaborar parámetros para analizar la calidad y actualización de la información con el objetivo de convertirse en una guía para impulsar mejoras. Estos elementos son centrales para acelerar el cumplimiento de la normativa vigente relativamente reciente en el país sobre divulgación proactiva de información, y donde las EPE enfrentan desafíos en materia de información sensible.

Con la incorporación de información de sustentabilidad, y el relevamiento constante de buenas prácticas para promover el aprendizaje entre pares, CIPPEC aspira a seguir acompañando a las EPE en su proceso de mejora de divulgación de información, en línea con los retos actuales.

Publicado en mayo de 2023

Son conocidos los puntos de partida de la situación que atraviesa Argentina: estancamiento económico, baja tasa de inversión, macroeconomía inestable, alta inflación, volatilidad de precios relativos, falta de creación de empleo privado, exclusión social y pobreza. Este cuadro económico-social persiste, con variantes y matices, desde hace casi medio siglo. Si bien se han registrado episodios de crecimiento, el camino trazado hasta aquí se vio signado por recesiones recurrentes. Durante este período se ha ensayado una gama amplia de políticas, con marchas y contramarchas, pero ninguna solución ha perdurado en el tiempo.

Más recientemente, la dificultad para poner en marcha la economía de manera sostenible ha estado asociado al frente externo. La cuenta corriente del balance de pagos alcanzó su máximo desequilibrio en 2018 (-5,2% del PIB). Desde entonces, la economía transita un proceso complejo para adecuarse a la disponibilidad de divisas. Al mismo tiempo, Argentina exhibe una fragilidad estructural de sus finanzas públicas: el gasto público aumentó 20 puntos del PIB en los últimos 15 años y alcanza niveles máximos, lo que ha requerido apelar a impuestos nacionales y provinciales con grandes impactos distorsivos que limitan la inversión. Y, dado que el aporte de los impuestos es insuficiente, el desequilibrio fiscal debió apelar a la emisión de deuda y al financiamiento monetario que alimenta, a su vez, el ritmo inflacionario.

En suma, tanto la restricción externa como la fiscal son consecuencia de la dinámica de desarrollo de largo plazo y constituyen una restricción al crecimiento económico. Dada esta configuración, urge reorientar la estrategia de desarrollo para resolver ambas restricciones y estabilizar la economía en el marco de un programa integral. Estos 40 años de democracia muestran con claridad que es necesario resolver los desequilibrios macroeconómicos para alcanzar un sendero de crecimiento, crear empleo privado, reducir la pobreza y por esta vía alcanzar una mayor inclusión social.

Este documento busca aportar evidencia para dimensionar la tarea compleja de estabilizar la macroeconomía y brindar lineamientos de política para superar las restricciones en los frentes externo y fiscal a partir de cuatro ejes.

Primero, es necesario desarrollar estrategias y políticas de inserción internacional en los flujos de comercio que favorezcan el dinamismo exportador de bienes y servicios. Para ello es necesaria la acción coordinada de la política macro, de la estrategia y la política comercial y de las políticas sectoriales. La dimensión macro implica un diseño macroeconómico sólido que genera de por sí condiciones en materia de inversión, la preservación de la competitividad cambiaria esencial para los sectores transables –descartando el uso del tipo de cambio como herramienta anti-inflacionaria–, y el abordaje de los impuestos donde los derechos de exportaciones debieran ir eliminándose conforme se vaya avanzando en la consolidación fiscal siendo reemplazados por el impuesto a las ganancias. En materia de política comercial es fundamental revitalizar la agenda externa e interna del Mercosur, redefinir las directrices con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea y definir un programa factible para mejorar el espacio de comercio intrazona, revisando el Arancel Externo Común y sus excepciones. En cuanto a las políticas sectoriales, se deben revisar y evaluar la efectividad de los regímenes promocionales que dan lugar a gastos tributarios que incrementan el gasto público, y destacar aquellos programas que prioricen la generación de divisas o mejoras de competitividad y complementar con acciones específicas que complementen la diversificación de exportaciones. Finalmente, se debe atender la infraestructura de transporte de carga y sistema logístico.

Al mismo tiempo, se debe buscar una reducción gradual de los subsidios a la energía, junto a la aplicación de medidas de focalización que aminoren el impacto en la población más vulnerable. El sector energético lleva dos décadas de congelamientos de tarifas prolongados que, en períodos de alta inflación, implican recursos públicos crecientes para cubrir la diferencia entre costos y precios. Este estado de emergencia trasciende los límites sectoriales e impacta fuertemente en las cuentas públicas. Por eso, es crucial eliminar los subsidios generalizados a la oferta y focalizar la asistencia en los hogares bajo la línea de pobreza, mediante un programa de tarifa social amplio. Esta reformulación focalizada de la tarifa social permitiría un ahorro fiscal de entre el 1,7 y el 1,5% del PIB. A su vez, es preciso aplicar una tarifa plana para el gas, para evitar el impacto del pico invernal en la factura residencial. Esta agenda debe acompañarse de medidas de implementación del fondo compensatorio que armonicen y reduzcan las asimetrías en las tarifas eléctricas entre regiones y por una normalización institucional que ponga fin a la intervención de los entes reguladores.

Sumado a esto, mediante un reordenamiento, el sistema previsional debe asegurar su sostenibilidad sin poner en riesgo los equilibrios fiscales, protegiendo el nivel de cobertura actual y mejorando la equidad en el sistema. El sistema previsional, que está signado por inequidades marcadas que se arrastran desde tiempo atrás y cuya sostenibilidad financiera y fiscal es precaria, demandó el 10,3% del PIB en 2021. Si bien el nivel de gasto se relaciona con un nivel de cobertura muy elevado (prácticamente total) y valores promedio de los haberes también considerables, la magnitud de este gasto preocupa tanto por su nivel actual y su impacto sobre las cuentas fiscales, como por las perspectivas de mediano y largo plazo. Además, la cobertura amplia oculta situaciones muy dispares en términos de equidad, eficiencia y fiscales, y existen múltiples regímenes de excepción que contribuyen a la fragmentación del sistema. En ese contexto, el debate sobre posibles reordenamientos previsionales debería centrarse en la fragmentación, enfocando la discusión en el tratamiento diferencial de grupos de trabajadores y trabajadoras (financiado por el conjunto de la sociedad); la duplicación de beneficios (estableciendo reglas que definan los niveles de protección adecuados para cada beneficiario/a); la integración entre esquemas contributivos y no contributivos (que evite generar tratamientos injustos e incentivos perversos para las y los participantes) y, por último, la movilidad (a fin de dar consistencia y sostenibilidad al sistema).

Por último, la base de los impuestos requiere una ampliación a través de mejoras en la administración, así como también es necesario poner el foco en la reducción de la evasión y favorecer la mayor cooperación tributaria. El sistema tributario argentino se caracteriza por una presión tributaria elevada, estrechez de la base debida a la evasión elevada e impuestos de emergencia que se prolongan en el tiempo limitando las posibilidades de introducir impuestos con otros objetivos de políticas que no sean recaudatorios. Por eso, resulta conveniente comenzar por reordenar el sistema tributario para que tienda a ampliar las bases tributarias y reducir la evasión. El punto de partida es tener estimaciones confiables y desagregadas por sector del nivel de cumplimiento y evasión tributaria. Luego, avanzar en: mejorar el cumplimiento en impuestos clave y en grandes contribuyentes; limitar el uso del régimen de monotributo mediante el uso de información cruzada; mejorar la gestión de los riesgos fiscales internacionales mediante la mejora de la cobertura, la calidad, uso e intercambio de información fiscal con otros países; fortalecer la recaudación de impuestos sobre la propiedad a partir de coordinación entre el nivel nacional y provincial para homogeneizar criterios de valuación y actualización; armonizar los tipos de bienes y servicios digitales alcanzados por el IVA e IIBB respecto a las tasas aplicadas para reducir la posibilidad de distorsión en la asignación de recursos y la competencia fiscal.

Estas políticas deberán estar enmarcadas en un programa integral que tenga como propósito fundamental estabilizar la economía. Para hacerlo, la economía política de la agenda es tan importante como sus contenidos: el factor clave es el logro de consensos amplios y la aceptación del diagnóstico y la dirección elegida.

Publicado en mayo de 2023 

Documento publicado en The Global Solutions Journal con recomendaciones a decisores de países del G20 y del Sur Global para que las ciudades puedan fortalecer su resiliencia frente al calor urbano. 

Las ciudades están experimentando un aumento sostenido de la temperatura como resultado del cambio climático y del aumento sostenido de la expansión urbana, lo que provoca olas de calor y un efecto isla de calor urbano más graves y duraderos. Ambas fuentes de calor, si bien tienen un origen diverso, se comportan de forma peligrosamente sinérgica, agregando varios grados de temperatura en los entramados urbanos. Esto no solo tiene fuertes impactos en la salud, causando más muertes que cualquier otro evento climático extremo, sino que también tiene efectos negativos en las economías locales y en la infraestructura urbana. 

Sin embargo, estos impactos no se evidencian en toda la población por igual, sino que son los grupos más vulnerables, tales como adultos y adultas mayores, niños y niñas, personas con prevalencia de enfermedades cardíacas o mentales y personas con déficits económicos, habitacionales o sociales, quienes se encuentran más expuestos.  

Para promover la resiliencia urbana al calor, es esencial fomentar una planificación urbana que se centre en mejorar la equidad frente al calor, garantizando que las estrategias de mitigación y gestión del calor se distribuyan equitativamente entre las comunidades, centrándose especialmente los más vulnerables a las altas temperaturas. Las ciudades deben invertir en planes de acción urbanos resilientes al calor y con bajas emisiones de carbono para hacer frente a los impactos del cambio climático. Estos planes de acción deben centrarse en la inversión en sistemas de salud y viviendas más resilientes, generar espacios públicos edificios y viviendas más frescos; la promoción de la eficiencia energética, el uso de fuentes de energía renovables, la mejora de las infraestructuras verdes y el desarrollo de soluciones innovadoras complementarias para hacer frente al efecto isla de calor. 

Asimismo, estas estrategias emprendidas desde las ciudades deben tomar en consideración la importancia fundamental que cumplen en la respuesta frente a estos fenómenos climáticos extremos la concientización de la población y la capacitación del personal relacionado, para lo cual resulta fundamental el desarrollo de una evaluación de los riesgos y los factores de vulnerabilidad asociados a cada ciudad, con el objetivo de establecer planificaciones acordes a cada uno de los contextos.