Publicado en agosto de 2023

Los subsidios económicos, particularmente aquellos del sector energético, han sido un problema sin solución durante las últimas dos décadas. El estado de emergencia permanente en que se encuentra el sector –vigente en 20 de los últimos 22 años– ha derivado en congelamientos de tarifas prolongados que, en contextos de alta inflación, implican distorsiones notorias entre los precios que paga la demanda y los costos de prestación de los servicios públicos, que terminan siendo cubiertas por el Estado.

En 2022, los principales subsidios del sector energético alcanzaron los USD 12.427 millones (el 2% del PIB), cifra que representa el 82% del déficit fiscal primario del año. En ese mismo año el Estado cubrió el 79% del costo de la energía eléctrica y el 71% del costo del gas, lo que supuso un gran esfuerzo en términos de recursos públicos con implicancias distributivas regresivas, ya que este subsidio generalizado termina operando como una especie de tarifa social de cobertura universal.

Los subsidios pueden justificarse como un mecanismo que busca garantizar el acceso a los servicios a toda la población, en particular para que los sectores vulnerables tengan acceso a ellos aunque no puedan pagarlos. No obstante, que los servicios tengan precios demasiado bajos (que no cubren los costos) puede derivar en la falta de inversiones necesarias en mantenimiento y expansión que hacen a la sostenibilidad del sistema. De esta manera, puede empeorar la calidad del servicio y terminar perjudicando a quienes se quiere proteger con precios bajos: los hogares usuarios. Incluso, el problema se agrava si los subsidios son generalizados y los recursos, que son escasos, se destinan a financiar también a los hogares que sí pueden pagar los costos.

La complejidad para salir de este conflicto radica en que no se ha resuelto el trade off entre la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema. Es por eso que las tarifas son una cuestión central de política pública dentro de cualquier modelo de desarrollo de una economía. El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre las diferentes demandas contrapuestas y los responsables de formular políticas están teniendo dificultades para lograrlo.

En Argentina, en general, primaron las soluciones que buscan garantizar accesibilidad por sobre la sostenibilidad, pero eso llevó a un nivel de subsidios generalizados que no es sostenible y que atenta contra la previsibilidad que necesita el sector. Esta es una dificultad relevante para el sector energético ya que sus inversiones se caracterizan por ser a largo plazo. Esto atenta contra el mantenimiento del sistema, la expansión de las redes y el desarrollo de nuevas inversiones, lo que en un deterioro sostenido de la calidad de servicio que perjudica más a los hogares vulnerables.

Por eso, es necesario reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal y focalizar los esfuerzos en asegurar el acceso a la energía a la población más vulnerable, al mismo tiempo que alcanzar la recomposición de tarifas en pos de la sostenibilidad del sector. En primer lugar, porque su nivel actual es insostenible para ser financiado fiscalmente y tiene repercusiones en los desequilibrios macroeconómicos. En segundo lugar, porque su dinámica afecta la previsibilidad que requiere el sector y atenta contra las inversiones necesarias para buscar la sostenibilidad. En tercer lugar, porque resultan ineficientes, ya que los recursos escasos se están destinando a financiar a todos los hogares sin una focalización en quienes más lo necesitan.

Con el propósito de reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal, este documento evalúa la implementación de una Tarifa Social (TS) como mecanismo de focalización de subsidios destinada a la población vulnerable. La literatura y las experiencias relevadas indican claramente que los regímenes de tarifa social son efectivos para mejorar el acceso de los usuarios vulnerables a los servicios energéticos, para reducir la carga fiscal y para contribuir a la eficiencia energética si su diseño incluye este objetivo.

La TS estudiada busca garantizar la universalización del acceso a la energía, focalizan-do los recursos públicos en los sectores vulnerables e incentivando el uso eficiente y racional de la energía mediante tarifas crecientes en segmentos de consumo superiores a las necesidades básicas. Para eso, la TS se implementa a través de un descuento en las facturas de energía eléctrica y de gas para los hogares identificados como vulnerables y establece umbrales de consumo. Así, alcanzaría al 30% de los hogares argentinos: aproximadamente 5 millones de hogares, de los cuales 4,9 millones tienen acceso a red de energía eléctrica y 1,1 millones tienen acceso a red de gas natural.

Su implementación permitiría un ahorro fiscal del 1,4% del PIB. Este resultado surge de estimar el costo de oportunidad de implementar la TS propuesta, para verificar que la implementación y los criterios propuestos aseguren el objetivo de reducción de la masa de subsidios y su peso en las cuentas públicas.

Con esta alternativa, se incentiva el uso eficiente de los recursos a partir de precios que den señales claras; se garantiza el acceso a la energía por parte de los hogares más vulnerables a través de subsidios focalizados y se garantiza la sostenibilidad del sistema de prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, se colabora con el ordenamiento de las cuentas fiscales necesario para un desarrollo sostenible.

Publicado en agosto de 2023

A lo largo del tiempo, las sociedades han sabido hacer frente a las diferentes situaciones y problemas complejos que han tenido por delante, y así continuar creciendo y desarrollándose. En el contexto de la aceleración tecnológica producida por la cuarta revolución industrial, el crecimiento de las actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología (CyT) ha sido impactante y notorio, y el conocimiento producido en estos ámbitos se transformó en un aliado indispensable para resolver las diferentes problemáticas que aquejan a las sociedades del presente.

En América Latina, las actividades del sector de CyT son cada vez más importantes y poseen un gran potencial de crecimiento. Mientras que en otros países de la región como Argentina, Brasil o México la participación de este sector ronda el 10% del valor agregado (Ministerio de Producción de Argentina, 2018; IBGE, 2018; INEGI, 2018), en Chile estos sectores representan apenas 1 de cada 25 dólares producidos en la economía (INE, 2018). Es indispensable que estas actividades se expandan en la economía chilena por varias razones: en primer lugar, porque la revolución tecnológica llegó para quedarse y no hacerlo puede significar un rezago cada vez más marcado y problemático; en segundo lugar, porque las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) ofrecen empleos de mejor calidad que el resto del mercado de trabajo, con salarios más altos y tasas de informalidad menores; y, en tercer lugar, porque es una oportunidad para apuntalar un crecimiento inclusivo, con mayores oportunidades para todas las personas.

Este último desafío se torna central. Pese a que el crecimiento de las áreas vinculadas a CyT ha sido exponencial durante las últimas décadas, los beneficios que ofrecen estos sectores no han sido repartidos de manera equitativa entre géneros. Las mujeres aún enfrentan mayores barreras que sus pares varones para insertarse y crecer en el ámbito de la CyT.

Primero, porque son pocas las mujeres que deciden estudiar es carreras STEM. Desde edades muy tempranas, las niñas se enfrentan a entornos que asocian a la ciencia y la tecnología como actividades “masculinas”, moldeando sus representaciones e incidiendo en sus elecciones (Szenkman y Lotitto, 2020). En segundo lugar, las mujeres que logran sortear estas barreras y deciden desarrollar sus estudios universitarios en ámbitos de CyT, enfrentan serios desafíos para consolidar sus trayectorias. Estas barreras pueden estar vinculadas a un clima hostil y/o a situaciones de acoso y discriminación, que terminan por incentivar el abandono: según un estudio del sistema científico chileno, entre las mujeres que han tenido que interrumpir sus estudios de doctorado, la tercera parte lo hizo por razones de acoso o discriminación (Canales, Cortez, Sáez y Vera, 2021). Por último, quienes logran graduarse de carreras STEM tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral principalmente por dos razones: porque los departamentos de CyT están altamente masculinizados y tienen sesgos de contratación, y porque las tareas de cuidado restringen el tiempo de las mujeres para su desarrollo profesional. En Chile, las mujeres dedican, en promedio, tres horas más por día que los varones a tareas no remuneradas (ENUT Chile, 2015).

Durante la última década, el Estado chileno impulsó, junto al sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales, una batería de iniciativas para abordar estas barreras. A los fines prácticos, las acciones impulsadas se clasifican en tres categorías según el público objetivo: niñas y adolescentes, con acciones que buscan romper con los estereotipos de género durante la infancia y la adolescencia; jóvenes y adultas, consolidando acciones afirmativas que promueven la elección y participación de mujeresen áreas STEM durante la etapa de formación universitaria y facilitando algunas condiciones para el acceso y la consolidación de trayectorias laborales; e iniciativas transversales.

Poner el foco en identificar cómo potenciar la participación de mujeres en CyT consti-tuye una estrategia doblemente relevante: al mismo tiempo que permite avanzar hacia una mayor igualdad de género, conforma una oportunidad estratégica para el desarrollo económico. Chile posee una ventaja con respecto a otros países de América Latina: cuenta con una Política Nacional de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que busca alcanzar la paridad de género en actividades del sector CyT a través de la implementación de una estrategia integral. Este marco es una oportunidad para continuar impulsando acciones afirmativas y políticas que permitan mejorar la situación de las niñas y adolescentes en la educación primaria y secundaria, y derribar las barreras que enfrentan las mujeres adultas en sus trayectorias profesionales en CyT.

Publicado en agosto de 2023

En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la ciencia, la investigación y la tecnología son actividades cada vez más relevantes de manera transversal en la economía. Nos adentramos en un mundo donde los conocimientos de ciencia e investigación se tornan cruciales para alcanzar mejoras en la productividad, eficientización de procesos y generación de empleos de calidad.   

Por eso, los países que dispongan de una masa crítica de estos conocimientos pueden especializarse mejor en sectores más dinámicos y ser más competitivos, transformándose así en referentes en los temas más acuciantes de la agenda global. Si bien en los niveles de especialización los puestos de liderazgo están en manos de los países más desarrollados, los sectores de la Ciencia y la Tecnología (CyT) también son muy importantes para las economías latinoamericanas y ofrecen un gran potencial de crecimiento.   

En primer lugar, porque son sectores en plena etapa de expansión. En ese sentido, los sectores de CyT en Colombia tienen un espacio considerable de crecimiento si se las compara con otros países de la región. Mientras que en Argentina, Brasil y México la participación de este sector está en torno al 10% del valor agregado (Ministerio de Producción de Argentina, 2018; IBGE, 2018; INEGI, 2018), en Colombia estos sectores representan apenas 1 de cada 20 dólares producidos en la economía (DANE, 2018).  

En segundo lugar, porque están presentes de manera transversal en todos los sectores de la economía. En Colombia, el 4,6% de todas las ocupaciones de la economía son específicas en CyT (GEIH, 2018).   

En tercer lugar, porque el hecho de que estos sectores se encuentren entre los más productivos de la economía se refleja en los ingresos de sus trabajadores/as. En promedio, los/as trabajadores/as colombianos/as en estos sectores ganan más del doble que las personas ocupadas de la economía en su conjunto.  

Sin embargo, los beneficios de estos sectores no se distribuyen por igual en toda la sociedad. La creciente visibilidad de las actividades vinculadas con CyT en nuestras economías, puso de manifiesto que las mujeres participan poco de estos sectores. A pesar de los avances suscitados en las últimas décadas, los desafíos para alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y varones aún persisten.  

En Colombia, menos de un cuarto de las personas en las actividades en CyT  son mujeres (representan el 33,2% del total de personas ocupadas en estos sectores) y por tanto quedan excluidas de las oportunidades que brinda. Esta subrepresentación se acentúa si se observan las ocupaciones directamente vinculadas con las tareas centrales de la CyT, donde disminuye al 21,3% de las personas en ocupaciones de CyT.   

Estas brechas de género responden a una multiplicidad de factores. Primero, los mayores niveles de informalidad y las remuneraciones más bajas se vinculan con dos fenómenos: las “paredes de cristal” y los “techos de cristal” –(i) pocas mujeres se insertan en el ámbito científico y tecnológico, lo que vigoriza las paredes de cristal; y, (ii) las mujeres enfrentan barreras que truncan sus trayectorias y liderazgo una vez insertas en el mundo de CyT, lo que remarca los techos de cristal–. Segundo, las normas sociales y culturales atraviesan transversalmente estos fenómenos y se retroalimentan, formando un círculo vicioso para las mujeres en CyT. Y tercero, la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo está estrechamente ligada a la distribución desigual de tareas no remuneradas dentro de los hogares.  

Este hecho en los sectores de CyT es especialmente relevante, ya que son sectores que brindan la oportunidad de innovar y volver a las economías más productivas, y de dotar a sus trabajadores/as de mayores ingresos y empleos de calidad. Además, estas actividades están moldeando el presente y el futuro y, por ende, constituyen nuevas palancas del poder. Por eso, asegurar la participación de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología es una oportunidad crucial para evitar que las brechas existentes continúen ensanchándose, y puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida, mitigar la reproducción intergeneracional de la pobreza y también impulsar el crecimiento económico inclusivo. En ese sentido, identificar cómo potenciar la participación de mujeres en este sector constituye así una estrategia doblemente relevante: al mismo tiempo que permite avanzar hacia una mayor igualdad de género, conforma una oportunidad estratégica para el desarrollo económico.  

Promover la participación de mujeres en CyT es una tarea urgente para revertir el aumento de la brecha de género. También es una oportunidad para dinamizar la economía del país y una oportunidad de aumentar la diversidad de habilidades en actividades que son centrales para el desarrollo económico. Colombia ha comenzado una senda para responder a esta problemática, y tener un diagnóstico preciso, conocer los avances y las áreas de oportunidad en Colombia es un paso más para lograr esa tarea. 

Publicado en Julio de 2023

A nivel nacional, el Estado es el único propietario de las acciones de 34 empresas y grupos de propiedad estatal, dentro de sectores económicos diversos y de formas jurídicas diferentes. La mayoría de estas empresas de propiedad estatal (EPE) se concentra en los sectores de transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, energía y manufacturas. El resto provee servicios financieros, científicos y técnicos, agua y saneamiento, enseñanza, y construcción.

Dado su alto nivel de participación en sectores de infraestructura, claves para el desarrollo económico y social, una buena gobernanza de las EPE resulta fundamental. Para promoverla es necesario fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, ya que permiten mejorar el control democrático, la integridad, el desempeño y la legitimidad. Entre estos mecanismos, las prácticas de transparencia y el reporte público de información tienen un rol central.

La 2ª edición del Índice de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE) comprende 25 indicadores organizados en seis dimensiones: Gobierno, Acceso a la información e integridad, Estructura y organización, Gestión estratégica y operativa, Gestión económica y financiera, y Compras y contrataciones. El índice sintetiza las dimensiones más relevantes para la transparencia activa de la información económica, financiera y de gobernanza de las empresas con una escala de 0 a 100, y a través de él se observa que:

• El desempeño general en materia de transparencia activa se encuentra en un nivel intermedio y ha presentado mejoras desde la última edición en 2021. El promedio actual del ITEPE se ubica en 52,4 puntos sobre 100, una mejora de casi 10 puntos respecto a la edición anterior. Dentro del universo de 34 EPE analizadas, hay seis que alcanzaron un desempeño destacado (por encima de los 81 puntos), una de ellas muy cerca de obtener el puntaje máximo, lo que indica que es factible para las empresas alcanzar los estándares propuestos. Esto evidencia avances, al mismo tiempo que da cuenta de que las EPE aún tienen desafíos por afrontar en la materia.
• El nivel de transparencia entre las EPE es dispar: sólo un tercio del universo analizado presenta un cumplimiento alto. Esta disparidad se explica, en parte, por la envergadura de las EPE, con algunas excepciones. Analizadas como segmento, las empresas de mayor tamaño son las que cuentan con un mejor cumplimiento en la divulgación proactiva de información (con un promedio de 80,2), seguidas por las medianas (con un promedio de 62,2) y por las pequeñas (con un promedio de 37,4). Sin embargo, se observan prácticas destacadas puntuales aún en EPE con desempeño bajo.
• También, hay un cumplimiento dispar en el tipo de información que se publica. El mejor desempeño se observa en la información sobre Compras y contrataciones (59,3), Estructura y organización (56,6) y Gestión estratégica y operativa (55,1). En menor grado, se encuentra información actualizada y en cumplimiento con la normativa vigente sobre Gobierno (52) y Acceso a la información e integridad (47,2). El nivel más bajo de transparencia activa se observa en la información sobre Gestión económica y financiera (45,2), aunque se observa una mejora de casi 15 puntos desde 2021.

Al mismo tiempo, en esta nueva edición, y en línea con las tendencias corporativas actuales, el trabajo hace foco en la divulgación de información relacionada a la sustentabilidad de las empresas. Para esto se incorporan ejes como la contribución al desarrollo sostenible, los derechos humanos, la gobernanza –desde el punto de vista de la relación con grupos de interés y un entorno de integridad y cumplimiento desarrollado–, y los impactos social y ambiental. En este aspecto, cabe señalar  que no todos los sectores económicos tienen el mismo impacto social y ambiental y –en congruencia con esto y con la envergadura de la empresa– no todas cuentan con un rol dedicado a la sustentabilidad. Por lo tanto, no sorprende que sea muy escasa la información divulgada por el segmento de EPE pequeñas.

En relación a la información sobre sustentabilidad en los segmentos de EPE grandes y medianas se observa que:

• Si bien se verifican niveles altos de inclusión de una política de sustentabilidad en los reportes, son muy pocas las EPE en que la contribución al desarrollo sostenible se ve reflejada en el compromiso con las metas a nivel país y con indicadores para medir su progreso, que den cuenta de la adopción real de la Agenda 2030 a nivel estratégico y operacional en la empresa. Por otra parte, sí se observa un desarrollo en la vinculación conceptual de actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los reportes.
• El enfoque de derechos humanos no se encuentra aún incorporado en las EPE. Apenas dos de ellas realizan esfuerzos incipientes en el desarrollo de algunos de los elemento del proceso de debida diligencia en materia de DD.HH, que constituye el eje del enfoque. Sí se observa que, en mayor proporción, comienzan a integrar el concepto de respeto a los DD.HH a través de la inclusión de un principio general y la vinculación conceptual a algunas de sus acciones, en particular sobre las políticas de derechos y beneficios de los/as trabajadores/as.
• En relación a los aspectos de gobernanza vinculados a la sustentabilidad, existen buenos niveles de identificación de grupos de interés y alianzas. Dentro de los grupos de interés externos a la empresa, las relaciones con los proveedores es el tema sobre el que se divulga más información. Cabe destacar que sólo una EPE grande menciona la relación con los accionistas.
• Con respecto a la información vinculada al desempeño como empleador y las relaciones con los/as trabajadores/as, se destaca la disponibilidad alta de información en las EPE grandes y medianas. En las EPE pequeñas, es el elemento de información de sustentabilidad con mejor desempeño.
• Se encuentra información amplia sobre las actividades de las EPE con impacto social en la comunidad y desarrollo de infraestructura. En muchos casos, estas actividades ponen de manifiesto el rol de las EPE como instrumentos de aplicación de programas sociales a nivel nacional en diversas materias, tales como la tarifa social para agua y transporte, inclusión financiera, entre otros.
• En relación al impacto ambiental, aproximadamente la mitad de las EPE grandes (3 de 5), la mitad de las medianas (7 de 12) y una porción reducida de las pequeñas (4 de 17) publican información sobre la realización de evaluaciones de impacto ambiental y otras acciones para reducción de impacto relacionadas con su actividad económica. Hay déficits significativos en información sobre metas ambientales y cierto nivel de desarrollo de algunos indicadores, en particular sobre meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y medición de emisiones.
• Con respecto a la reducción de impacto ambiental, a través de temas transversales a distintos sectores, la temática más trabajada en todos los segmentos es la gestión de residuos, seguida de la eficiencia energética y, por último, el transporte. Esto tiene sentido si se consideran los niveles de inversión requeridos o el impacto en las operaciones de realizar modificaciones. Además, gran parte de las EPE trabajan en materia de sensibilización ambiental.

Desde 2021, el ITEPE se propuso elaborar parámetros para analizar la calidad y actualización de la información con el objetivo de convertirse en una guía para impulsar mejoras. Estos elementos son centrales para acelerar el cumplimiento de la normativa vigente relativamente reciente en el país sobre divulgación proactiva de información, y donde las EPE enfrentan desafíos en materia de información sensible.

Con la incorporación de información de sustentabilidad, y el relevamiento constante de buenas prácticas para promover el aprendizaje entre pares, CIPPEC aspira a seguir acompañando a las EPE en su proceso de mejora de divulgación de información, en línea con los retos actuales.