Desafíos sobre la enseñanza del Inglés en Argentina

Publicado el 14 de agosto de 2025

El Inglés es una competencia clave para desenvolverse en el mundo actual. Conocer el idioma, leer, expresarse y comunicarse es una puerta de  entrada al ejercicio de una ciudadanía global y a mayores oportunidades en el mercado de trabajo. Saber Inglés es un aporte al desarrollo cognitivo, social y profesional de las personas. Hoy en Argentina no existe una normativa de alcance federal que garantice la obligatoriedad del Inglés en todo el país, en tanto la Ley de Educación Nacional N° 26.206 indica la enseñanza de un “idioma extranjero”, sin priorizar uno de ellos. De todos modos, el Inglés se posiciona como la lengua adicional más popular.

En Argentina, la enseñanza del Inglés está extendida en el nivel secundario donde, según los últimos datos que hay disponibles (Relevamiento Anual, 2023), el 84% de los estudiantes acceden al idioma, mientras que en primaria, la cifra es del 54% y se observan importantes desigualdades entre las provincias y, a nivel agregado, por sector de gestión. La tasa de acceso a la enseñanza del Inglés de los estudiantes de escuelas primarias de gestión privada es del 74%, cifra que supera ampliamente al 46% que registran los estudiantes que asisten a escuelas de gestión estatal. En términos de evolución de la cobertura, en la última década se verifica un aumento de 7 puntos porcentuales en primaria y de 6 en secundaria.

Caracterizar el plantel docente de Inglés, esto es, conocer cuántos docentes hay en la actualidad, reconstruir sus recorridos formativos, así como saber qué opciones tienen quienes aspiran a ser docentes de Inglés son aspectos clave para completar el panorama sobre la enseñanza del idioma a nivel nacional. Existen, sin embargo, serias limitaciones en la disponibilidad y acceso a este tipo de información en nuestro país, lo que impide realizar este ejercicio a nivel agregado. Apenas podemos dar cuenta que hay 244 institutos de formación docente y  universidades que tienen profesorados de inglés en la Argentina.

Más allá de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) establecidos en un acuerdo federal de 2012, no hay una política nacional orientada a la enseñanza del Inglés. Esto deja en manos de las jurisdicciones la decisión sobre su obligatoriedad, el grado/año de inicio de su enseñanza, la cantidad de horas, el enfoque pedagógico, entre otros aspectos. La revisión exhaustiva de los diseños curriculares del nivel primario y secundario revela una heterogeneidad entre las provincias con una diversidad marcada de  configuraciones en relación a las dimensiones de análisis. Algunas jurisdicciones establecen el Inglés como obligatorio desde el primer grado,  mientras que otras lo consideran optativo o extracurricular. En secundaria, la obligatoriedad también es diversa, con diferencias en la continuidad y progresión del aprendizaje. La carga horaria oscila entre 1 y 3 horas semanales, y los enfoques pedagógicos más utilizados son el comunicativo y el aprendizaje basado en tareas. Un desafío clave es la falta de alineación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), lo que limita la posibilidad de establecer estándares de competencia unificados.

Para indagar con mayor profundidad en la problemática del Inglés en Argentina, es preciso realizar un análisis a nivel de las provincias. Por lo tanto, esta investigación avanzó en un trabajo de campo en Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy que incluyó el análisis de datos cuantitativos y entrevistas y grupos focales con autoridades jurisdiccionales, referentes en la enseñanza del idioma y docentes de Inglés de nivel primario y secundario. Los desafíos comunes que emergieron se relacionan con los déficit de base de  alfabetización en la lengua materna que dificultan el aprendizaje de una lengua extranjera; la débil articulación entre niveles y la diversidad de recorridos formativos disponibles en primaria que redundan en estudiantes que llegan con niveles bien distintos de Inglés a la secundaria; las dificultades para la cobertura de cargos y, en algunos casos, la ausencia de formación pedagógica en los docentes idóneos; la demanda de un mayor apoyo y acompañamiento por parte de los docentes a través de estrategias de formación continua, curaduría y entrega de materiales didácticos; la necesidad de fortalecer los dispositivos de monitoreo y evaluación de las políticas y de los aprendizajes.

Al mismo tiempo, el análisis en las tres provincias permitió identificar fortalezas y experiencias positivas la enseñanza del Inglés. Allí se destacan la existencia de un área especializada en la órbita de los ministerios de educación jurisdiccionales en tanto estructura de apoyo y promoción; una utilización virtuosa de los recursos digitales por parte de los docentes de área; la definición de metas de logro y el alineamiento a estándares internacionales como herramienta de orientación para docentes y autoridades; la identidad que reúne a los docentes de Inglés y la conformación de comunidades de aprendizaje como un activo para potenciar estrategias de política.

Hoy la enseñanza del Inglés está presente en la agenda de la Secretaria de Educación de la Nación, lo cual representa una oportunidad para promover la discusión a nivel federal. En ese sentido, este documento avanza en recomendaciones de política pública en distintas dimensiones. En términos de
gobernanza y capacidades estatales, se alienta la conformación de áreas especializadas en los ministerios provinciales y en el Estado Nacional, la interacción sostenida con otras áreas de gobierno, el intercambio a nivel federal, el fortalecimiento de los sistemas de información, orientado fundamentalmente a la caracterización del perfil docente y la conformación de espacios virtuosos de encuentro con el sector productivo, la academia y la cooperación internacional. En relación al plantel docente, se promueve una planificación estratégica de la dotación apoyada en estudios de la demanda actual y proyectada de docentes en el sistema educativo, la definición de incentivos para la elección y graduación de la carrera y la creación de programas de formación docentes accesibles y de calidad a través de distintos formatos en regiones con mayor déficit de profesores de Inglés. En términos del trabajo docente, se sugiere concentrar el trabajo docente en jornadas e instituciones específicas, ofrecer mejores condiciones  contractuales y alternativas de aprendizaje más pertinentes.

En lo que refiere al currículum, se propone producir o actualizar los diseños curriculares específicos de la enseñanza del Inglés, definir estándares claros por año escolar, acordes a los marcos internacionales y asegurar la alineación entre  los contenidos y estándares del currículum escolar y el de la formación docente inicial y continua. Finalmente, en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se recomienda desarrollar una evaluación sistémica de los aprendizajes, indagar con mayor profundidad sobre las prácticas de   enseñanza del Inglés en las escuelas, propiciar la continuidad y progresión de los aprendizajes, garantizar materiales necesarios (libros de texto, recursos digitales, equipamiento, guías de orientación) e intensificar la enseñanza del Inglés en la escuela secundaria.

La boleta única y el comportamiento electoral: la experiencia de las provincias argentinas

Publicado el 11 de junio de 2025

La Ley 27.781 reemplaza el sistema de boletas partidarias que históricamente se utilizó en las elecciones nacionales, por un sistema de boleta única. El nuevo instrumento de votación deberá implementarse por primera vez en las elecciones legislativas de 2025. Con el fin de aportar evidencia que contribuya a informar el proceso de implementación, este documento analiza las experiencias de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza con reformas similares y, a partir de ellas, busca entender qué efectos cabe esperar en el comportamiento electoral. Específicamente, si el cambio afecta: a) la probabilidad de emitir votos en blanco y votos nulos y b) la probabilidad de votar por distintos partidos para las categorías ejecutivas y legislativas. También, este trabajo analiza si estos efectos en la conducta de los votantes se reflejan en la fragmentación del sistema de partidos.

Las tres provincias experimentaron algún tipo de deterioro del voto positivo a partir de la reforma, especialmente en las categorías legislativas. La reducción es más marcada y persistente cuando todas las categorías son presentadas en la misma boleta –como en Córdoba y Mendoza–, porque una
porción de los/as electores/as marca solamente la opción para la categoría gobernador/a. En cambio, las boletas separadas por categoría –como la santafesina– aumentan la probabilidad de que el electorado hagan una marca por cada categoría de cargos en juego.

En cuanto a la probabilidad de votar al mismo partido para todas las categorías, también hubo una reducción en los tres casos, aunque el efecto cambia dependiendo del tipo de boleta. La boleta santafesina (que presenta la oferta electoral por categoría) parece alentar el voto cruzado en mayor
medida y, como consecuencia, una mayor fragmentación en las categorías legislativas que en el ejecutivo provincial. En cambio, las boletas de Córdoba y Mendoza (que presentan la oferta por partido) parecen facilitar la congruencia entre el voto en ambas categorías. Por último, el análisis del voto cruzado o “corte de boleta” no revela patrones que indiquen que algún partido ha sido sistemáticamente más afectado que otro.

La boleta seleccionada para las elecciones nacionales es un modelo intermedio entre las utilizadas en Santa Fe y Mendoza. La oferta se presenta toda junta y por partido como en la boleta mendocina, pero la ausencia de un casillero de “voto lista completa” obliga al votante a realizar una marca por
categoría como ocurre en Santa Fe. A la luz de la evidencia, es de esperar que la organización de la oferta por partido haga que disminuyan los votos afirmativos en las categorías legislativas por cansancio, desinterés o falta de información. Al mismo tiempo, la ausencia de un casillero de “voto
lista completa” puede favorecer un “corte de boleta” mayor al observado en Córdoba y Mendoza y acentuar la fragmentación legislativa.

Tanto la reglamentación del diseño de la boleta como la campaña de información y capacitación deberían tener en cuenta estos incentivos y adoptar medidas para evitar la pérdida de votos positivos y permitir que los y las votantes puedan expresar su preferencia por un mismo partido de manera
clara y sencilla. Para lograrlo, resulta crucial que se realicen pruebas de facilidad de uso. Entre los elementos a poner a prueba se destacan: los criterios posibles para definir el orden de las agrupaciones; la posición del casillero para marcar la preferencia; las opciones de ubicación, texto y
diseño de las instrucciones; y el uso de los colores y las líneas para organizar la información. Como ocurre con el desarrollo de cualquier herramienta de uso masivo, poner a prueba distintas variantes de diseño es la metodología para garantizar que los distintos grupos poblacionales que componen el
electorado nacional puedan expresar su voto con facilidad. Además, las pruebas pueden aprovecharse para ajustar el procedimiento de las mesas y de los establecimientos al nuevo instrumento de votación.

Guía para el uso de IA en el sector público en Argentina

Publicado el 23 de mayo de 2025

¿Puede la inteligencia artificial cambiar la forma en que gobierna el Estado? 

La inteligencia artificial (IA) ya no es un concepto de ciencia ficción ni un lujo reservado al sector privado. Es una herramienta poderosa capaz de transformar la manera en que los estados diseñan e implementan políticas públicas, y la forma en que se relacionan con la ciudadanía.  

Con esta premisa, CIPPEC elaboró una guía para el uso responsable y estratégico de la IA en el sector público argentino. El documento, elaborado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, busca ayudar a funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno en Argentina a tomar decisiones informadas y éticas sobre la incorporación de sistemas de IA.  

¿Por qué es urgente hablar de esto hoy? Porque el uso de IA en el sector público ya está en marcha: desde chatbots que atienden al público hasta algoritmos que analizan datos judiciales o educativos. Y todo parece indicar que el proceso de incorporación de sistemas de IA seguirá creciendo de forma exponencial en los próximos años. Pero sin estrategias claras y marcos éticos robustos, se corren riesgos que van desde la ineficiencia en la aplicación de recursos, hasta la exclusión o toma de decisiones en base a sesgos.  

La guía no solo ofrece definiciones clave y marcos conceptuales, sino que propone siete recomendaciones concretas para avanzar de forma ética, eficaz y escalable. Entre ellas se destacan: diseñar una estrategia de IA para el Estado; adoptar un enfoque de pilotos controlados; establecer marcos de gobernanza y regulación; invertir en talento público; asegurar la interoperabilidad de los datos; garantizar la transparencia y trazabilidad de los sistemas; y evaluar de forma continua su impacto social y ético. 

En tiempos donde la transformación digital del Estado ya no es una opción, sino una necesidad, esta guía propone un camino posible. 

 

 

Tres llaves para construir la mejor Argentina posible 

En búsqueda de equidad y sostenibilidad: Una propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino

Publicado el 4 de diciembre de 2024

El documento aborda los desafíos más urgentes del sistema previsional y propone un reordenamiento integral que permita preservar su alta cobertura, al tiempo que se logran mayores niveles de equidad y sostenibilidad fiscal. 

El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos del mundo y se destaca por su amplia cobertura: el 95% de los mayores de 65 años recibe algún beneficio previsional. Sin embargo, esta extensión se sostiene sobre un gasto público que equivale al 10% del PBI, una carga fiscal que aumenta en un contexto de envejecimiento poblacional. Además, el esquema actual presenta profundas inequidades, como la exigencia de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa, una regla que deja fuera a gran parte de los trabajadores y motivó el uso de moratorias. 

Para corregir estas falencias, CIPPEC propone un nuevo diseño basado en dos componentes: una prestación básica universal, que garantice un ingreso a todos los mayores de 65 años, y una prestación proporcional que reconozca todos los aportes realizados. Esta estructura permitirá eliminar las moratorias y promover una distribución más equitativa de los beneficios.  

La propuesta también busca ordenar el esquema de beneficios por invalidez y fallecimiento, que permite el otorgamiento de pensiones sin los controles necesarios y la duplicación de beneficios de jubilación y pensión, generando injusticias y costos fiscales excesivos.  

Asimismo, el informe destaca la necesidad de revisar los casi 200 regímenes de excepción existentes, que concentran el 40% de los beneficios y suelen percibir ingresos mucho mayores que los del régimen general, pese a ser financiados en parte por el resto del sistema o por recursos del tesoro. La propuesta plantea suspender la creación de nuevos regímenes, mantener aquellos que sean indispensables bajo reglas claras de financiamiento, y avanzar hacia la integración de los restantes al esquema general, respetando y premiando los aportes adicionales que se hayan realizado. 

La reforma propuesta por CIPPEC busca responder a los desafíos de un sistema que, si bien garantiza ingresos para la mayoría de los adultos mayores, lo hace a costa de importantes desigualdades e ineficiencias. Este reordenamiento permitiría utilizar los mismos recursos actuales para proteger mejor a los sectores más vulnerables, asegurando un marco fiscal consistente y equitativo en el tiempo. Con esta iniciativa, CIPPEC renueva su compromiso de contribuir al diseño de políticas públicas que impulsen un desarrollo sostenible y más justo para todos.