Informe de resultados: Evaluación de procesos del Programa Lote.ar

Publicado en diciembre de 2023

En Argentina, más de 5 millones de personas viven en barrios populares, bajo situaciones de precariedad tanto en las condiciones de su vivienda, como en la tenencia del suelo y el acceso a los servicios básicos. Frente a esta problemática, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsa políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda adecuada y la integración urbana y social de barrios populares. La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) lidera esta agenda a través de una nutrida oferta programática que incluye, entre otras líneas, el Programa Lote.ar.  

El Lote.ar busca facilitar el acceso al suelo urbano para las familias que manifiestan déficit habitacional o residen en Barrios Populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (ReNaBaP) y que se encuentran económicamente obstaculizados para acceder al mercado de suelo bajo las condiciones y dinámicas actuales.  Propone alcanzar este objetivo mediante la producción de lotes con servicios a implementarse a través de tres líneas de acción complementarias: 1)  financiamiento de obras para la dotación de equipamiento y servicios desarrolladas por diferentes tipos de Unidades Ejecutoras (UE), gubernamentales y no gubernamentales, que disponen de suelo (Línea B1); 2) promoción y  regulación del proceso de adquisición de tierras aptas para la generación de lotes (Línea B2); y 3)  financiamiento para la adquisición de tierras y para el desarrollo de obras de infraestructura básica orientadas a la generación de lotes con servicios desarrolladas por Unidades ejecutoras no gubernamentales (Línea B3). 

Este documento presenta los resultados de la evaluación del Programa Lote.ar con el propósito de contribuir a la mejora de dicha iniciativa a partir de la generación de evidencia rigurosa, que captura aprendizajes y buenas prácticas. Asimismo, el informe propone recomendaciones que se desprenden de dicha evidencia y que pretenden aportar al refuerzo institucional de la SISU, así como su articulación con otras áreas y niveles gubernamentales que participan de la implementación de esta y otras políticas afines. La importancia de comprender y aprender de la experiencia de implementación del Lote.ar radica principalmente en la posibilidad de robustecer su proyección a futuro, así como los lineamientos y actividades de otros programas que persigan objetivos similares. 

La evaluación analiza el funcionamiento del Programa y la efectividad de las acciones implementadas en términos de contribución al cumplimiento de los objetivos que el Lote.ar se plantea. Se trata de una evaluación de procesos que 1) realiza una descripción detallada de las intervenciones que están involucradas, los mecanismos de ejecución y la entrega de prestaciones 2) identifica los factores que han ayudado o dificultado la ejecución y las variaciones en diversos contextos de implementación, 3) analiza en qué medida los procesos desarrollados permitieron alcanzar los resultados esperados a partir de los criterios propuestos por la OCDE: pertinencia, coherencia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad.  

Se evalúa la implementación de las tres líneas del Lote.ar a nivel nacional y provincial a través de análisis cualitativos (análisis documental y entrevistas en profundidad) y cuantitativos (a partir de la utilización de fuentes secundarias y la sistematización de datos de registro). El análisis cualitativo se realizó sobre un recorte de municipios de tres provincias en acuerdo con la contraparte considerando la presencia de diferentes líneas, el avance físico y financiero: Mendoza (Las Heras, Maipú y General San Martín), Córdoba (ciudad de Córdoba Capital) y Buenos Aires (La Matanza, Luján, Olavarría, Mercedes y Merlo). Y de datos primarios (se realizaron entrevistas en profundidad tanto a los equipos técnicos que intervienen desde la SISU en diferentes instancias del Programa, así como a representantes de las Unidades Ejecutoras que tienen a su cargo proyectos Lote.ar y a instancias gubernamentales provinciales y municipales de territorios en los que se desarrollan actualmente proyectos). 

Los resultados de la evaluación muestran que: 

1) El Programa constituye una de las pocas líneas de financiamiento nacional y provincial que promueve la generación de suelo urbano destinada a población que habitualmente queda por fuera de las políticas de acceso al hábitat. Destaca su alto alcance territorial, en 18 de las 24 provincias del país. 

2) En relación a sus objetivos, demostró una alta capacidad para generar lotes con servicios en distintos contextos territoriales y en articulación con diferentes tipos de Unidades Ejecutoras.  

Respecto al objetivo de reducir o contener el crecimiento de barrios populares y las situaciones de hacinamiento mediante la producción de nuevo suelo, se advierte que, en municipios y/o localidades de baja escala, resulta un instrumento potente para prevenir la informalidad. 

En relación al objetivo de abonar a los procesos de integración socio urbana de los barrios preexistentes, se identifican dificultades para adquirir suelos contiguos –vinculadas a la falta de suelo y/o a los precios elevados–, que permitirían soluciones con mayores grados de articulación. Esto representa una tensión que se articula con el reconocimiento de otras dimensiones fundamentales para dichos procesos de integración, como pueden ser la disponibilidad de equipamientos, la mejora de la calidad de vida, etc. En este sentido, existe una oportunidad de potenciar el desarrollo de estas intervenciones a partir de pensarlas de manera articulada en el territorio y en conjunto con el resto de las estrategias que desarrolla la SISU, donde el Lote.ar puede ser una herramienta más –a partir de generar nuevo suelo– en la integración de los barrios populares. 

3) Respecto al proceso de implementación, se destaca la articulación con diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales como una instancia de tensión y de oportunidades. Para su implementación, el Programa requiere las articulaciones de diferentes niveles de gobierno, dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad y entes privados. En algunos casos, estas articulaciones dan lugar a relaciones provechosas e incluso habilitan una conjunción de intervenciones con distintitos financiamientos en un mismo territorio. Asimismo, se destaca el acompañamiento realizado específicamente sobre las UE no gubernamentales. Cuando estas articulaciones son positivas, la SISU mostró una alta capacidad de adaptación a las características y especificidades territoriales sobre los parámetros preestablecidos. Sin embargo, en otros casos los proyectos ponen en evidencia la desarticulación entre el gobierno nacional, provincial y municipal, atentando contra el impacto y alcance de las intervenciones. Sería deseable la promoción de mesas de trabajo articuladas donde participen referentes de la SISU, representantes de la UE de la organización/es y de los entes provinciales y municipales.   

4) La adquisición y disponibilidad de suelo adecuado y pertinente fue un elemento problemático identificado por los diferentes actores intervinientes. Se destaca que, frente a este obstáculo, la SISU demostró una gran capacidad de innovación institucional para el logro de sus objetivos mediante el desarrollo de nuevas líneas de trabajo orientadas a resolver problemáticas vinculadas a la ausencia de suelo disponible y a las exigencias de capacitación técnicas específicas que requerían Unidades Ejecutoras no gubernamentales.  

5) Se identifican una serie de instancias problemáticas en el proceso de implementación, señaladas por diferentes entrevistados como cuestiones a resolver. Asimismo, se advierte la necesidad de articular con otros organismos nacionales y/o provinciales en el financiamiento para la construcción de viviendas tras finalizar el loteo. Este elemento parece indispensable para evitar la reproducción de situaciones de habitabilidad deficitarias, en particular, en aquellos casos de familias que ingresen al Programa bajo inscripción y/o sorteo. Cuando se adjudican lotes a familias que habitan en barrios ReNaBaP y que tienen que ser relocalizadas por situación de riesgo o a causa de obras de infraestructura que lo requieran, ya que en estos casos desde SISU se financia la vivienda, adaptada a la composición de dichas familias. 

6) Los proyectos desarrollados son aquellos que cumplen los requisitos del Programa y que se presentan de modo espontáneo para su realización y/o como desdoblamiento de proyectos en curso que requieran la implementación del Programa Lote.ar. Se advierte la presencia de UE de organizaciones que ya cuentan con capacidades institucionales y con vínculos previamente construidos con la SISU. Algunas instancias gubernamentales entrevistadas declararon no conocer el Programa ni sus especificidades. Se recomienda profundizar los canales de difusión institucionales e intergubernamentales de las diferentes líneas de acción y financiamiento disponibles, principalmente, en aquellos territorios en los que a partir de los datos del ReNaBaP se identifique una prioridad de intervención en materia de generación de suelo. 

Análisis de la oferta programática de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Publicado en diciembre de 2023

Actualmente, en Argentina, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (ReNaBaP), existen más de 5.000 barrios populares, donde habitan alrededor de 5 millones de personas. El relevamiento de los barrios se enmarca en lo dispuesto por la ley 27.453/18, que declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el ReNaBaP y por el Decreto 358/2017, actualizado en 2022 por la ley 27.694.   

La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación (MDS), es una de las autoridades de aplicación de la ley 27.453, según lo dispuesto por el Decreto 819/2019. Es el organismo público encargado de centralizar y llevar adelante una política de integración socio urbana de los barrios populares. Para ello, financia, diseña y ejecuta proyectos, teniendo en cuenta la dimensión social, urbana, ambiental y de seguridad de la tenencia, desde una perspectiva de gestión popular en la que convergen diversas intervenciones según las necesidades del territorio.  A partir de una demanda creciente por parte de entidades de la sociedad civil (organizaciones sociales y cooperativas) u organismos gubernamentales (provincias y municipios), estos proyectos deben ser progresivos, integrales, participativos y enmarcados en un enfoque de género y diversidad.  

Este documento analiza la oferta programática de la SISU, sus procesos de implementación y su ejecución presupuestaria, para luego resaltar las lecciones aprendidas e identificar buenas prácticas y desafíos en torno a la política de integración social y urbana de barrios populares y a la reducción del déficit habitacional en el país.  

El análisis parte de una revisión sistemática de normativa, informes técnicos de gestión semestrales y anuales, de las planillas de obras y de monitoreo suministradas por la SISU y de entrevistas a profesionales del equipo gerencial y técnico. El objetivo último es generar evidencia sobre los procesos y las prácticas en torno a la implementación de sus programas. 

La oferta programática de la SISU está orientada por cinco pilares de gestión: gobierno abierto y transparencia, integración urbana, acceso a la vivienda, integración social y productiva y acceso al suelo. Los proyectos, adaptados a la realidad y a las necesidades de los barrios de todo el país –y a las distintas fuentes de financiamiento con las que cuenta el organismo–, se diseñan con y se ejecutan a través de las Unidades Ejecutoras (UE).  Con un alcance federal, la cartera supera los 1200 proyectos, con presencia en todas las provincias y mediante intervenciones, de distinta escala y magnitud, en más de 300 municipios del país.   

Esta oferta programática, en particular aquellos programas vinculados a los pilares de integración urbana, acceso a la vivienda y acceso al suelo, se despliega en tres niveles de intervención. En primer lugar, a escala barrial, la SISU busca atender en los áreas delimitadas geográficamente por el ReNaBaP las necesidades más urgentes relacionadas a la provisión de servicios básicos y de infraestructura que brinde una mayor integración urbana. En segunda instancia, en el plano de la vivienda individual, cuenta con un programa como Mi Pieza, que ha demostrado una potencia significativa en reducir el déficit habitacional cualitativo. Por último, a una escala territorial mayor, y con carácter de política de suelo que trasciende el ReNaBaP, la SISU crea nuevo suelo urbano y genera lotes con servicios para los sectores populares a través del programa Lote.ar. 

Por otra parte, la estructura funcional de la SISU muestra agilidad en su capacidad de adecuarse a los requerimientos de los proyectos que se implementan. Lejos de poseer una estructura con áreas estancas, su organización responde a una lógica matricial que busca gestionar con transversalidad sus intervenciones. No obstante, si bien se destaca el acompañamiento técnico a las UE en todas las fases de los proyectos –aun con la amplia dotación de recursos humanos del equipo central– no es suficiente para suplir la falta de capacidad de muchas UE para diseñarlos y ejecutarlos en tiempo y forma. 

En relación a la lógica de intervención y la oferta programática de la SISU, resulta crucial el fortalecimiento de las capacidades de la UE a lo largo del ciclo de diseño e implementación de la política pública para pensar en su escalabilidad y replicabilidad. Además, a partir del análisis realizado, se detecta la necesidad de potenciar la articulación programática en el territorio para alcanzar mayores impactos en los barrios en los que se interviene, así como también  de estandarizar procesos de participación de los actores involucrados. Por último, se considera fundamental  lograr mayor  articulación y coordinación con otros organismos del Estado, tanto aquellos que intervienen en territorios ReNaBaP, como aquellos que lo hacen en temáticas similares. 

A su vez, este informe identifica otra serie de desafíos que, si bien exceden la lógica programática de la SISU, no por eso son menos relevantes. En primer lugar, se requiere robustecer el ReNaBaP como instrumento de gestión. Se presentan recomendaciones en torno a la definición de procedimientos que atiendan a garantizar la comparabilidad de la información futura y la necesidad de establecer una periodicidad clara en torno a su actualización. En segundo lugar, los desafíos que emergen entre los tiempos de la gestión frente a los tiempos que hacen a la regularización dominial. Se estiman que los tiempos de regularización dominial de un barrio no son  menores a los 20 años. La temporalidad de la intervención excede a las capacidades los actores gubernamentales. Se vuelve estratégica, entonces, la articulación entre niveles de gobierno y particularmente con el Plan Nacional de Suelo. 

El informe que aquí se presenta es parte de una evaluación más amplia que busca comprender el funcionamiento y la efectividad de las acciones implementadas por el organismo. Se propone evaluar los procesos de los programas que hacen a las iniciativas de Acceso al Suelo de la SISU, además de realizar un diagnóstico socio urbano de su implementación en ciudades.  

Lineamientos para potenciar el desarrollo productivo y urbano de la ciudad de Córdoba

Publicado en diciembre de 2023

Este documento constituye el informe final del proyecto de “Desarrollo productivo y usos de suelo en la ciudad de Córdoba: una propuesta para potenciar el desarrollo sostenible”, llevado a cabo por CIPPEC para la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. El proyecto busca aportar lineamientos para el diseño de una estrategia de uso del suelo para la ciudad de Córdoba que potencie sus capacidades económicas y de sostenibilidad, al mismo tiempo que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus residentes, de acuerdo a las tendencias y buenas prácticas globales.   

El documento presenta el perfil socio-urbano y productivo de la ciudad de Córdoba, analiza la normativa vinculada al uso de suelo para identificar desafíos y oportunidades, considerando un análisis del estado de la conversación global y las principales tendencias en torno al desarrollo y crecimiento de las ciudades, así como elementos vinculados a la pospandemia. En base a ello, se definen lineamientos y recomendaciones de política pública para potenciar el crecimiento económico y socio-urbano de la ciudad de Córdoba. A partir del análisis socio-urbano y productivo es posible identificar seis características distintivas del desarrollo de la ciudad.  

Primero, los distintos planes de ordenamiento territorial analizados refuerzan una monocentralidad de Córdoba en desmedro del desarrollo de micro centralidades a nivel barrial. A partir de la década de 1990, las visiones holísticas cedieron ante intervenciones territorialmente acotadas que, junto a herramientas como los convenios urbanísticos, favorecieron un crecimiento sin antecedentes de los usos residenciales en la mancha urbana hacia la periferia.    

Segundo, la mancha urbana se extendió considerablemente sobre las zonas periurbanas, lo que generó un tejido extenso y poco denso. La amplia presencia de tierra urbana vacante y de baldíos (más de 200.000 hectáreas) dio lugar a un tejido discontinuo y a un sub-aprovechamiento de las zonas urbanas mejor localizadas y servidas. A su vez, las áreas intermedias y periféricas tienen una mayor fragmentación urbana y tipologías residenciales no tradicionales: 88 barrios cerrados y 163 barrios populares.  A pesar de la extensión territorial, la expansión de la mancha urbana fue acompañada, en gran medida, por el equipamiento urbano necesario. 

En tercer lugar, este crecimiento se dio en áreas de uso de suelo destinado a industrias peligrosas y potencialmente contaminantes, además de en áreas destinadas a la producción rural. Esto implica que casi el 36% de los cordobeses y las cordobesas se encuentra a menos de 1.000 metros de zonas destinadas a este tipo de industrias. Y, por otro lado, casi el 14% de la población de Córdoba está a 1.000 metros o menos de zonas destinadas a usos productivos rurales. 

Como cuarto rasgo se identifican desafíos en relación a la calidad del transporte y la congestión vehicular. Si bien el sistema de transporte público ha acompañado el crecimiento de la mancha urbana, se releva una pérdida de calidad de prestaciones del transporte público. El formato estrella del sistema de transporte redunda en poca conectividad en las áreas pericentrales e intermedia y en una caída de los pasajeros transportados: pasó de representar 0,5 viajes por persona por día al 0,17, mientras que el uso del vehículo privado incrementó de forma sostenida, lo que resulta en un aumento de la congestión vehicular. 

Quinto, la ciudad de Córdoba cuenta –como la mayoría de las ciudades del país– con problemas crecientes para garantizar el acceso a la vivienda adecuada a su población. El aumento de la cantidad de hogares (15,2%) entre los censos de 2001 y 2010 generó una presión creciente sobre la demanda de viviendas. La oferta de viviendas disponibles para venta o alquiler es baja (3%), al igual que los lotes vacantes. Además, en la ciudad de Córdoba, el 17% de los hogares presenta déficit habitacional, es decir que no cuenta con una vivienda adecuada porque la comparte con otros hogares, requiere ampliaciones y/o mejoras (como  materiales de mejor calidad constructiva, acceso a servicios o mayor espacio). La sumatoria de estas cuestiones dificulta el acceso a la vivienda y alimenta el crecimiento de la mancha urbana y su tejido residencial. 

Por último, como sexto elemento, se observa que la evolución económica reciente favoreció la especialización en actividades que han ganado dinamismo en la ciudad, como actividades administrativas, servicios de programación, industria informática y electrónica, comercio automotor, servicios de salud y construcción de edificios. En sentido contrario, se replegaron sectores manufactureros tradicionales que habían caracterizado la actividad de Córdoba en los años 2000. Del análisis surgen oportunidades de crecimiento de sectores de alta demanda internacional y desafíos para generar una senda de crecimiento propia con fuentes de empleo que absorban la oferta de empleo local.   

A partir de estas características del perfil socio-urbano y productivo que proveen una visión integral de los desafíos y las oportunidades que enfrenta la ciudad de Córdoba, CIPPEC identificó cuatro lineamientos de política pública prioritarios para promover el crecimiento sostenible de la ciudad de Córdoba:  

  • Lineamiento 1: construir una visión y una gobernanza en torno al desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Córdoba. Se sugiere promover un desarrollo urbano planificado y coordinado, a partir del diseño de un plan integral de desarrollo que limite la expansión urbana, consolide el tejido compacto, promueva nuevas centralidades barriales, fortalezca el sistema de transporte público y la movilidad activa y, a su vez, potencie el uso mixto de la zona centro. Se considera estratégico que esta planificación articule los usos de suelo, la infraestructura y los servicios, el acceso a la vivienda y el desarrollo económico como principios rectores.  Se identifica como una oportunidad el fortalecimiento de una agencia de desarrollo como potencial articuladora entre el sector privado y la visión de desarrollo económica y urbana para la ciudad de Córdoba. A su vez, se recomienda que a través de este plan se genere un proceso de actualización y articulación normativa de carácter participativo para la regulación del uso de suelo de la ciudad de Córdoba.  
  • Lineamiento 2: promover estrategias para potenciar el acceso a la vivienda adecuada. La ciudad de Córdoba requiere ampliaciones y mejoras del parque habitacional para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, se propone diseñar herramientas e incentivos para movilizar el suelo servido y vacante, vinculando estos últimos con la planificación territorial, a través de la definición de áreas estratégicas de desarrollo o de interés prioritario en el área pericentral. Se sugiere generar vinculación con el sector privado para recanalizar los esfuerzos de producción de vivienda hacia las áreas más consolidadas promoviendo una densificación sostenible de la ciudad. Además, la Municipalidad puede incorporar herramientas de gestión urbana como el recupero de plusvalías y/o criterios de zonificación inclusiva para impulsar el desarrollo de vivienda asequible para los cordobeses, Además, se recomienda profundizar los programas de mejoramiento de viviendas, tanto en barrios formales como informales.  
  • Lineamiento 3: identificar oportunidades de mejora en competitividad y reconversión de industrias. La última década ha mostrado una disminución en el dinamismo y especialización de los sectores industriales, por lo que se sugiere fomentar la reconversión industrial a través de la regeneración de zonas industriales en desuso para uso logístico, la promoción de sinergias y eficiencia entre industrias tradicionales y la priorización de proyectos en áreas previamente desarrolladas (brownfield). A su vez, se sugiere la creación de amortiguadores (buffers) ambientales para reducir las externalidades negativas de las industrias tradicionales ahora cercanas a áreas residenciales. 
  • Lineamiento 4: potenciar la clusterización económica de sectores emergentes. En la búsqueda de potenciar el dinamismo y la especialización de la base productiva de la ciudad de Córdoba, se sugiere una serie de recomendaciones que buscan potenciar las industrias emergentes con el fin de generar derrames económicos positivos que contribuyan a la generación de microcentralidades. Del mismo modo, se sugiere renovar el tejido consolidado para atraer industrias dinámicas y sinergias económicas residenciales –como puede ser por medio de la revitalización de la zona centro–, así como también potenciar clusters en el área pericentral. 

Índice de transparencia presupuestaria provincial 2022

Publicado en noviembre de 2023

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) promueve la transparencia fiscal de las provincias argentinas de manera continua hace 10 años. Durante este período, se incentivó a los gobiernos provinciales a adoptar prácticas de transparencia fiscal con el objetivo final de garantizar el derecho de la ciudadanía de todo el país a acceder a información pública confiable y oportuna, y así consolidar a futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia.

Cada año, este índice evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su estructura intenta replicar el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que tenga interés en acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales y mide la transparencia en dos dimensiones: (i) la disponibilidad y desagregación de la información fiscal publicada online, y (ii) el nivel de rezago con que se publica. El ITPP se estructura en 4 bloques: (1) Presupuesto, (2) Ejecución y rendición de cuentas, (3) Recursos y (4) Divulgación.

A lo largo de estos 10 años, la transparencia presupuestaria ha mejorado en todas las provincias. Si bien persisten diferencias de desempeño, la mejora es cada vez más pareja entre las provincias, lo que se traduce en un mejor acceso a la información en todas las jurisdicciones provinciales. No obstante, los avances no implican que no haya desafíos o asignaturas pendientes en el cumplimiento general de este ejercicio: lo alcanzado hasta aquí debe servir de inspiración en la búsqueda de las metas futuras.

En 2022, las provincias alcanzaron, en promedio, 8 puntos de transparencia sobre los 10 que plantea el ITPP. Así, las provincias mantuvieron el alto nivel de transparencia alcanzado en 2021 (8,1 de puntaje promedio). En particular, se destacaron en la publicación de su recaudación, gastos tributarios y transferencias a municipios con un promedio de 87% de cumplimiento. Además, la dispersión de resultados entre las provincias también fue bajo (1,6 de desvío estándar). No obstante, en términos de divulgación, el desempeño promedio fue el más bajo, con 67% de cumplimiento, y registró una caída con respecto al año 2021.

Este documento evalúa en profundidad cómo fueron los resultados del ITPP en 2022 en cada uno de sus componentes y dimensiones para las provincias argentinas para identificar los logros consolidados e identificar oportunidades de mejora. Cuando un gobierno transparenta las cuentas públicas, permite que tanto la ciudadanía como los otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se llevan adelante con los fondos que provienen de los impuestos y el endeudamiento público. Por eso, promover su transparencia es importante para fortalecer la toma de decisiones, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la asignación de fondos. De esta manera, se busca seguir incentivando que los gobiernos provinciales adopten prácticas de transparencia fiscal con el objetivo de garantizar el derecho de toda la ciudadanía de todo el país a acceder a información pública confiable y oportuna y así consolidar a futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia.

Elecciones presidenciales Argentina 2023. Análisis de integridad de los resultados de la segunda vuelta

Publicado en noviembre de 2023

La atención hacia la integridad del conteo provisional de resultados electorales, sin perjuicio de la naturaleza exclusivamente informativa del mismo, está en constante aumento. En ese marco, este documento analiza sistemáticamente los resultados provisorios de la segunda vuelta presidencial realizada el 19 de noviembre de 2023 en la República Argentina en busca de indicios de alteración, manipulación o defectos de administración, ya sea que puedan o no constituir fraude electoral. También, se analizan los tiempos en que se cargaron las mesas.

Para hacerlo se utilizan técnicas de análisis de integridad de elecciones que miden la cobertura del escrutinio y permiten detectar indicios de sesgos que puedan sugerir interferencias, manipulaciones o errores sistemáticos. Además, estas herramientas son lo suficientemente sensibles como para identificar imprecisiones causadas por errores humanos durante la elaboración de documentos de mesas y la carga de datos.

Ya sea en uno u otro caso, el conocimiento temprano de cualquier desvío de la regularidad de los resultados tiene una utilidad evidente de cara al control que la ley otorga a la Justicia Nacional Electoral y a las agrupaciones políticas, ya que permite un examen focalizado en aquellas mesas cuyo comportamiento aparece anómalo desde los ángulos de análisis que se practican en estos ejercicios.

Los datos analizados indican que el recuento provisorio de la segunda vuelta presidencial se desarrolló con normalidad, alcanzó una cobertura casi total y no tuvo sesgos que sugieran interferencias, manipulaciones o errores recurrentes.

El análisis de las marcas de tiempo indica que tanto la transmisión como el procesamiento se desarrollaron con normalidad, sin interrupciones ni cuellos de botella en la capacidad de recibir y procesar las imágenes transmitidas, además de que la secuencia de las operaciones del recuento provisorio fue la esperada en ausencia de interferencias. Las operaciones ocurrieron con celeridad de modo que a las 21 hs se había procesado el 95% de los telegramas y se terminó de contar a las 22.30 hs.

Finalmente, mediante el análisis de integridad se pudo descartar la existencia de errores, interferencias o manipulaciones sistemáticas que pudieran incidir en los resultados de los comicios. Las anomalías detectadas afectaron pocas mesas, fueron dispersas y ocurrieron en favor de una y otra agrupación, de manera que se compensan.

    Recibí novedades