Publicado el 28 de agosto de 2024

El propósito de este Marco de Referencia es contribuir a multiplicar y mejorar los dispositivos para la prevención de la violencia de género y asistencia a sus víctimas (DiPAV) a través de la incorporación de la perspectiva del cuidado en las áreas sociales del nivel local.

La propuesta surge del análisis articulado de los documentos y trabajos disponibles relacionados a políticas afines y, en particular, con los hallazgos y recomendaciones surgidas de la investigación “La asistencia y prevención de la violencia de género en los Sistemas de Cuidados. La experiencia del Sistema de Cuidados de la ciudad de Santa Fe” realizada por el programa Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) durante los años 2023 y 2024.

El documento está orientado a las autoridades gubernamentales interesadas en implementar o mejorar el DiPAV existente.

Publicado el 31 de julio de 2024

En Argentina, las empresas estatales han realizado aportes significativos al desarrollo económico y social, con enfoques y niveles de participación diferentes según el momento histórico. Si bien es deseable que la intervención estatal posea flexibilidad ante coyunturas diversas, la falta de políticas de Estado sobre estas empresas ha derivado en movimientos pendulares que afectan su desempeño, conllevan costos políticos, económicos y sociales y envían señales de inestabilidad a los mercados. 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como miembro de pleno derecho plantea la oportunidad y el desafío de la adopción de estándares que países con economías avanzadas han adoptado para la gobernanza de sus empresas estatales, independientemente del tamaño que posea su Estado empresario. 

La política de propiedad de empresas estatales es un conjunto de decisiones de alto nivel que adoptan los Estados sobre la gobernanza y gestión de estas empresas. Contar con esta permite a los ciudadanos, los mercados, el empresariado y otros grupos de interés conocer el comportamiento del Estado en la utilización de la actividad empresarial como instrumento de política pública económica y social, y ofrece un horizonte a largo plazo más previsible del accionar estatal. 

Los principales componentes de este tipo de política son: i) las razones que justifican la propiedad estatal, ii) el rol del Estado como propietario en cuanto al funcionamiento de las empresas, designación del directorio, definición de objetivos, entorno de control, sistemas de reporte, divulgación de información y conducta empresarial responsable; iii) los arreglos institucionales para el ejercicio de la función de propiedad; iv) la neutralidad de condiciones para las empresas estatales respecto de sus competidoras y v) el tratamiento equitativo de los accionistas. 

Algunos países poseen una política de propiedad explícita, mientras que en otros sólo algunos componentes se encuentran formalmente establecidos mediante planes gubernamentales y/o elementos de diversa jerarquía normativa. En Argentina, se encuentran normados los procesos de control sobre estas empresas, los aspectos principales de su funcionamiento y divulgación de información, y, en forma parcial, aspectos vinculados a la definición de objetivos y la conducta empresarial responsable.  

Según la experiencia de países de la región y recomendaciones internacionales, la centralización o coordinación de la función de propiedad de empresas estatales promovería el desarrollo de políticas y prácticas de gobierno corporativo, mejorando su desempeño. Desde la reciente creación y re-estatización de empresas en Argentina iniciada en 2004, estuvieron bajo la órbita de los Ministerios en una lógica sectorial. A partir del año 2016 se han creado unidades o estructuras para la supervisión de las EPE en el ámbito de Jefatura de Gabinete o, más recientemente, del Ministerio de Economía, con un alcance en sus funciones que ha variado considerablemente en cada administración.  

Para fortalecer la gobernanza y la gestión de las empresas estatales se recomienda: i) brindar al área de supervisión de EPE la institucionalidad, independencia, competencias y capacidades necesarias para su función; ii) definir una política sobre las razones de la propiedad estatal; iii) establecer compromisos de neutralidad competitiva y tratamiento equitativo de accionistas; iv) formalizar un mecanismo de designación del directorio transparente y que contemple la idoneidad profesional; v) formalizar un mecanismo de establecimiento y monitoreo de objetivos y vi) fortalecer directivas de gobierno corporativo, divulgación de información, sustentabilidad y conducta empresarial responsable, la verificación de su aplicación y la rendición de cuentas. 

Publicado el 19 de julio de 2024

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para la prevención del abandono escolar son una de las acciones más recomendadas por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares (Banco Mundial, 2021; UNESCO, 2021; BID, 2021). Un SAT es una herramienta que –apoyada en los sistemas nominales de información y el seguimiento de factores específicos asociados al abandono escolar (ej. inasistencia, calificaciones, nivel socioeconómico) – permite identificar a los y las estudiantes con mayor riesgo de abandono para promover acciones que fortalezcan sus trayectorias y así evitar que dejen la escuela. Su objetivo es instalar un mecanismo sistemático de gestión del riesgo de abandono, basado en un uso inteligente de la información y en la activación de intervenciones oportunas.

En 2022, CIPPEC inició dos proyectos de colaboración técnica en las provincias de Entre Ríos y Mendoza para la implementación de un SAT en el nivel secundario. A partir de la experiencia con ambas provincias, hemos desarrollado una metodología de trabajo para implementar esta política que consta de cuatro etapas: i) investigación y análisis sobre las condiciones para implementar un SAT; ii) diseño del SAT y planificación de su implementación; iii) implementación del piloto y monitoreo; y iv) recomendaciones para escalar y fortalecer el SAT en la jurisdicción.

Este documento detalla la segunda etapa, que tiene dos objetivos principales: el desarrollo del módulo SAT y la planificación de su implementación. El primer objetivo implica abordar dos cuestiones. Por un lado, definir el modelo predictivo, es decir, el tipo de indicadores o modelo matemático a utilizar para estimar el nivel de riesgo de cada estudiante. Por el otro, desarrollar la interfaz o plataforma a través de la que se comunicarán las alertas1 y con la que los actores del sistema educativo podrán interac-tuar.

La construcción de un modelo predictivo capaz de identificar oportunamente los y las estudiantes en riesgo de abandono es uno de los pasos más importantes para implementar un SAT efectivo. En este sentido, una definición clave es el tipo de modelo predictivo que se utilizará: un modelo predictivo basado en indicadores o uno basado en inteligencia artificial. Ambos modelos tienen la capacidad de ser útiles para cumplir con su propósito, por lo que optar por uno u otro dependerá de las condiciones y posibilidades de cada jurisdicción.

Otra definición importante es qué variables se incluirán en el modelo predictivo. Para tomar esta decisión es necesario considerar al menos tres cuestiones: i) los componentes básicos que la literatura ha identificado como los predictores más potentes del abandono escolar; ii) los factores específicos que inciden en la problemática en el sistema educativo en consideración; y iii) el análisis de la información disponible en el sistema de información y gestión educativa (SIGED) jurisdiccional. De esta manera, se construirá un modelo acorde a las características y particularidades del contexto.

Una vez construido el modelo predictivo es momento de desarrollar el módulo SAT. Para ello, es necesario tomar definiciones sobre algunas características centrales de su diseño: i) cómo se visualizarán las alertas (ej. listado de estudiantes en riesgo, agrupa-miento de estudiantes según tres niveles de riesgo que se visualizan como un semáforo, etc.); ii) qué información adicional sobre los y las estudiantes o su familia se incluirá en el módulo para facilitar el análisis de los casos en riesgo (ej. información sobre la trayectoria escolar de cada estudiante, datos de contacto de la familia, etc.); iii) qué perfil o perfiles del sistema educativo podrán acceder (nivel central, supervisores, equipos escolares, etc.); y iv) qué acciones estarán habilitados a hacer dentro del sistema (ej. visualizar las alertas, registrar causas o intervenciones, hacer un seguimiento de las estrategias implementadas, etc.).

El módulo SAT debe ser una herramienta intuitiva y clara que contribuya a identificar a los y las estudiantes en riesgo de abandono escolar, analizar su situación, definir las estrategias más adecuadas para fortalecer sus trayectorias y hacer un seguimiento de su implementación. Para alcanzar este objetivo, es recomendable escuchar la opinión de sus usuarios, tanto en el momento de desarrollar la primera propuesta como cuando ya se encuentra en funcionamiento. Esto seguramente contribuya a construir una mejor herramienta y favorezca su apropiación.

El segundo objetivo de esta etapa, como se dijo anteriormente, es planificar la implementación de la política. Esto implica, en primer lugar, definir sus características generales. ¿El SAT se implementará en un subconjunto de escuelas o en todas las es-cuelas de la provincia? ¿Cuántas alertas se generarán a lo largo del año y en qué momentos? ¿Qué perfiles escolares estarán a cargo de atender las alertas (ej. directores, preceptores, docentes, etc.)? ¿Qué tipo de acompañamiento recibirán las escuelas por parte de las y los supervisores y del ministerio de educación provincial? ¿Se elaborará una normativa específica para institucionalizar la política?

Definidas estas cuestiones, es necesario poner el foco en las intervenciones que tendrán a disposición las escuelas para atender las alertas. Un SAT, además de identificar a los y las estudiantes en riesgo de abandono escolar, es una herramienta para la acción que contribuye a orientar la toma de decisiones y a focalizar los esfuerzos y recursos disponibles. Por este motivo, solo adquiere sentido si va acompañado por un conjunto de intervenciones destinadas a fortalecer las trayectorias escolares de los y las estudiantes.

Dado que en la mayoría de los casos ya existen políticas destinadas a este objetivo, es recomendable partir de su relevamiento y evaluar si corresponde articularlas con el SAT y, en caso de ser necesario, cómo hacerlo. Por lo tanto, este proceso puede plantearse en tres momentos: i) relevamiento de las intervenciones disponibles; ii) ajuste a la lógica del SAT de las intervenciones consideradas relevantes; y iii) comunicación de las intervenciones a las escuelas. Para esto último, se sugiere elaborar una guía de intervención, es decir, un documento que incluya el listado de intervenciones a disposición de las escuelas y tenga como objetivo acompañarlas en el proceso de atención de las alertas.

Por otra parte, a la hora de favorecer la apropiación del SAT, además de la elaboración y difusión de la guía de intervención, es importante desarrollar una propuesta de capacitación específica. A través de ella, se espera que para todos los actores involucrados sea claro qué es y cómo funciona el SAT desarrollado en la provincia. Además, podrá ser una oportunidad para reflexionar junto con los equipos escolares sobre la problemática del abandono y aumentar la confianza en su capacidad de intervención para prevenirlo, potenciada por el uso de la información (UNICEF, 2017). El uso de información digitalizada para fortalecer las trayectorias escolares puede suponer un cambio cultural en la manera de gestionar para las escuelas y es deseable acompañar este proceso desde el dispositivo de capacitación.

Otra dimensión importante de la planificación de la política es la definición de una estrategia de comunicación. Es recomendable construir una narrativa común sobre la problemática que estos sistemas abordan el abandono escolar y la potencialidad de los SAT para fortalecer la trayectoria de los y las estudiantes. Un lenguaje claro y cercano a los actores escolares favorecerá su apropiación.

Finalmente, antes de pasar a la implementación de la política, es necesario acordar su estrategia de monitoreo. Esto es fundamental para identificar los principales desafíos en su puesta en marcha, conocer los aspectos que facilitaron y dificultaron el trabajo de acompañamiento de las trayectorias que llevaron a cabo los actores escolares a partir del SAT, y generar recomendaciones de mejora para fortalecer la política. En este sentido, es importante acordar de antemano qué información será necesario disponer o generar para monitorear la implementación, cómo se recabará y cuándo.

Publicado el 17 de julio de 2024

Este documento propone la organización de un debate intergeneracional robusto que aporte orientaciones prácticas para el diseño de las políticas educativas que promuevan la ciudadanía democrática en las escuelas secundarias. El texto brinda reflexiones para pensar dicha temática, en una coyuntura que supone nuevos desafíos. Efectivamente, la democracia en la región atraviesa una etapa caracterizada por malestares en relación con su funcionamiento, cuando no desconfianza hacia las instituciones, a la vez que ha dado pruebas sobradas de la resolución institucional ante crisis políticas recientes. A cuarenta años de la recuperación de la democracia en la Argentina, próximos a conmemorar procesos similares en el Cono Sur, y a la par de los vaivenes que atraviesan las sociedades latinoamericanas con epicentro en los países andinos y centroamericanos –pero constatables en toda la extensión de la región–, en el documento se abordan los dilemas que enfrenta la construcción de la ciudadanía en la escuela secundaria. En el texto se presentan tres paradojas en relación con su enseñanza, imaginarios y prácticas en las instituciones educativas.

La primera paradoja que presentamos se vincula a su lugar en la caja curricular. A veces pensada como una materia autónoma, en otras ocasiones planteada dentro de asignaturas como formación cívica o historia, ocupa un lugar residual en el curriculum; paradójicamente cuando es cada vez mayor su importancia transversal en las discusiones en el espacio escolar y su resonancia en la agenda pública.

La segunda cuestión se organiza en torno a una tensión entre la mayor presencia de las culturas juveniles en la escuela secundaria, a la par del proceso de masificación, pero que no se traduce en que sus voces cuenten con mayor reconocimiento. Podemos plantearla en términos de una oposición, sin enfrentamientos fervorosos sino como parte de una mutua apatía o desinterés en las ideas del otro, entre las percepciones de los y las jóvenes y la preeminencia de miradas adultocéntricas.

Finalmente, la tercera paradoja, en íntima sintonía con la anterior refiere precisamente a un notable incremento de las posibilidades de hablar –“ejercer la voz”– dada la multiplicidad de ámbitos, redes y plataformas de distinto tipo y diversos lenguajes (de la palabra a lo audiovisual, de lo presencial a lo virtual combinando la hibridez, de la producción de contenidos a la persistencia del uso de tecnologías educativas como el pizarrón) que contrasta con una sensación de no ser escuchados en sus planteos.

Los dilemas que aquí presentamos, expresados en la ambivalencia en el reconocimiento de las voces juveniles, ocurren en simultáneo a un contexto de transformación de las pautas de transmisión cultural, en particular en relación con la circulación de aprendizajes, la velocidad del acceso al consumo junto a una múltiple oferta de contenidos o los cambios en las instituciones de la modernidad expresado en modificaciones en el mercado de trabajo, el rol de las religiones, las familias u organizaciones político-sindicales. Los cambios socioculturales de este milenio –y luego la pandemia– alteraron diferentes dimensiones de la vida social; entre ellos y ellas, y muy especialmente, los modos de estar con otros. La ciudadanía democrática adquiere otros contornos, no sólo vinculados al aprendizaje en la escuela secundaria de las reglas del sistema político, las leyes y la posibilidad de contar con espacios institucionales de participación si no que se vincula con competencias y atributos vinculados a un significante asociado a palabras clave como participación, convivencia, reciprocidad, diversidad, autonomía tanto como la posibilidad de generar un sentimiento de pertenencia en sus instituciones, que les entrelaza como parte de un universal común amplio. El desarrollo de un pensamiento propio, a la par del logro de autonomía, son elementos centrales del ser ciudadano/a, vinculado a la posibilidad de desplegar una mirada sobre los acontecimientos político-sociales que incorpore aprendizajes de manera crítica.

El documento esboza algunos desafíos e ideas para repensar los procesos de enseñanza, aprendizaje y ejercicio de derechos y las dinámicas de construcción de la ciudadanía en la escuela secundaria. En este espacio de intercambio de posturas, visiones y maneras de ver el mundo se expresan distintas cosmovisiones en torno a las representaciones sobre los y las jóvenes, así como sus posibilidades de expresión y participación. Las formas de construcción de la ciudadanía presentan nuevas dinámicas en las que resulta preciso explorar para aportar reflexiones que iluminen el debate. Antes de profundizar en las paradojas señaladas, es preciso identificar los desafíos para la construcción de una ciudadanía democrática en el contexto actual, objetivo de los dos siguientes apartados.