Publicado en abril de 2024

Producto del cambio climático, la región de Cuyo en Argentina atraviesa un agravamiento del déficit hídrico, variaciones en las precipitaciones y aumento en la frecuencia, duración e intensidad de olas de calor. Estas tendencias climáticas presentan desafíos significativos para la salud y la calidad de vida de las personas, a la vez que amenazan la sostenibilidad urbana en el mediano y largo plazo. Especialmente al tener en consideración que se espera que en el futuro estos cambios en el clima se profundicen y que sus impactos se agraven.  

Un contexto tan apremiante como este obliga a las ciudades a establecer planes locales de acción climática ambiciosos, redoblar esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental, mejorar la articulación interna entre políticas climáticas y la planificación territorial local, y establecer mecanismos que garanticen el financiamiento de la agenda climática de la ciudad. También resulta indispensable establecer alianzas que permitan generar sinergia con otras instituciones. Y por supuesto, revisar los esfuerzos realizados, robustecer las fortalezas y perfeccionar aquellas áreas con oportunidades de mejora. 

Con el espíritu de asistir gobiernos locales en analizar y mejorar los esfuerzos climáticos locales, el programa de Ciudades de CIPPEC desarrolló una ‘Matriz de Análisis de la Acción Climática Urbana’ basada en 100 acciones clave en aras de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental. Esta matriz está compuesta por 100 indicadores distribuidos en tres pilares: (a) Adaptación (40 indicadores), (b) Mitigación (42 indicadores) y (c) Gobernanza y Financiamiento del Cambio Climático (18 indicadores) donde cada indicador hace referencia a una acción clave en cada uno de los pilares. La Matriz tiene por objetivo revisar los esfuerzos municipales realizados en materia de acción climática y cuantificar la cantidad de acciones estratégicas que efectivamente se ha logrado implementar. A partir del análisis de los resultados, es posible identificar áreas de mejora y proponer líneas de acción que fortalezcan la resiliencia climática y posibiliten un futuro más seguro y sostenible. 

Al aplicar la matriz de análisis a los esfuerzos realizados por Godoy Cruz, se observa que la municipalidad ha logrado impulsar e implementar 74 acciones clave. Este resultado estriba en el amplio rango de iniciativas implementadas y la variedad de temáticas trabajadas a lo largo de los últimos años por el municipio. Hay, sin embargo, espacio para la mejora, ya que se identifican otras 26 acciones clave pendientes de implementación. Concretar esto redundaría en niveles de sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana aún más altos para la ciudad y sus habitantes.  

Se observa, además, diferencias entre los tres pilares analizados. En el pilar de Adaptación Climática se implementaron 25 acciones clave sobre 40 posibles, una efectividad relativa de 62%. Este resultado se explica por buenos resultados en las categorías de sensibilización ante riesgos, gestión de la respuesta ante amenazas y esfuerzos en materia de mejorar el diseño urbano. En el pilar de Mitigación Climática se identificaron 35 acciones clave sobre 42 posibles, una efectividad relativa de 83%. Este puntaje tan alto se da principalmente gracias al amplio rango de iniciativas orientadas a la medición anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la reducción de emisiones derivadas de energía estacionaria en distintos sectores. El último pilar, de Gobernanza y Financiamiento Climática, muestra 14 acciones clave sobre 18 posibles, una efectividad de 78%. Este resultado se explica por logros en materia de financiamiento, articulación interinstitucional y comunicación de la acción climática.  

Si bien existen diferencias con respecto a efectividad relativa entre los diferentes pilares, es notable que en todos los sectores analizados existen acciones clave implementadas. Entre los puntos sobresalientes se pueden mencionar esfuerzos sostenidos orientados a bajar la huella de carbono, el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento, acciones relacionadas a la sensibilización frente a desastres y al abordaje integral de problemáticas relacionadas a la gestión de residuos sólidos urbanos. También hay áreas con oportunidad de mejora, como en el desarrollo de herramientas para la gestión del calor urbano, generar más y mejor información para la toma de decisiones o la realización de esfuerzos orientados a reducir la movilidad en transporte privado.  

A partir de esta evaluación y del análisis sobre las principales fortalezas y oportunidades de acción para el municipio, hacia el final del documento se formulan 34 acciones concretas agrupadas en ocho grandes recomendaciones, orientadas a diseñar nuevas iniciativas y fortalecer las ya implementadas. Las recomendaciones son las siguientes: 1) Fortalecer la resiliencia al calor extremo; 2) Consolidar la estrategia de generación y utilización de datos para informar los procesos de toma de decisiones; 3) Desarrollar una estrategia integral para la gestión de riesgos; 4) Potenciar el trabajo en conjunto con el sector privado para el desarrollo de cadenas productivas sostenibles; 5) Fortalecer las alianzas con la sociedad civil, academia y gobiernos para aumentar el alcance de la agenda climática; 6) Explorar nuevas iniciativas de financiamiento y transversalización de la acción climática; 7) Fomentar las estrategias de economía circular y de valorización económica de materiales recuperados; 8) Consolidar los esfuerzos hacia una movilidad activa y baja en carbono.  

Finalmente, se presenta un análisis costo-impacto de las acciones que ordena y prioriza las intervenciones, con el objetivo de sugerir una hoja de ruta hacia mayor sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana para el municipio de Godoy Cruz y sus habitantes. 

Publicado en enero de 2024

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) promueve la transparencia fiscal de las provincias argentinas desde hace 10 años. En forma anual, este índice evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. En este aniversario y en el marco de los 40 años de democracia, este documento busca destacar logros alcanzados en materia de transparencia presupuestaria provincial durante este período y reflexionar sobre las oportunidades de mejora a futuro. En este tiempo, el contexto en el que se evalúa la transparencia fiscal ha ido cambiando y el ITPP se ha ido adaptando al mismo.  

A lo largo de estos 10 años, la transparencia presupuestaria de las provincias argentinas ha mejorado, en promedio, en todas las provincias. Además, si bien persisten algunas diferencias de desempeño, la mejora es cada vez más generalizada y con menor dispersión entre las provincias, lo que significa una mejora en el acceso a la información en todas jurisdicciones.  

Específicamente, se registraron mejoras destacadas como un menor rezago temporal en la publicación de información, más provincias publican la Cuenta de Inversión y el impacto de institucionalizar los procesos de transparencia, como se observa en la publicación de la Cuenta de Inversión o del detalle de la deuda por acreedor. Sin embargo, aún hay procedimientos que no se cumplen mayoritariamente, como la publicación de presupuesto o proyecto de presupuesto del año entrante, la publicación del detalle de las transferencias a los municipios de su jurisdicción o el hecho de que aún hay provincias que no publican un Presupuesto Ciudadano a pesar de la importancia que este tiene para la ciudadanía.  

Estos hallazgos son posibles gracias al relevamiento sistemático de la transparencia presupuestaria provincial que CIPPEC hizo durante diez años y continúa haciendo al día de hoy. El hecho de que un gobierno transparente las cuentas públicas habilita a que tanto la ciudadanía como los otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se llevan adelante con los fondos que provienen de los impuestos y endeudamiento público. Por esa razón, la transparencia presupuestaria de un gobierno es fundamental para fortalecer la toma de decisiones, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la asignación de fondos. 

Con este informe aniversario, buscamos resaltar los logros y aprendizajes, de modo de seguir incentivando a los gobiernos provinciales a adoptar prácticas de transparencia fiscal con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía de todo el país a acceder a información pública confiable y oportuna y así consolidar a futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia. 

Publicado en diciembre de 2023

La infraestructura pública es la inversión en distintas estructuras que permiten sostener bienes y servicios públicos. Durante las últimas décadas, el sector pasó por varias reformas que mejoraron su control, su transparencia de cara a la ciudadanía y su gestión por resultados. 

Entre 2015 y 2022, el promedio de inversiones en obras como porcentaje del PBI fue de 1,74%. Alcanzó el punto más alto en 2015 de 2,57% y el más bajo en 2019 con 1,19%. Tomando las inversiones a nivel regional durante la última década, específicamente en infraestructura económica descendieron en casi un punto, de 2,5 a 1,8 promedio en América Latina en 2019. Ese año, las tres principales economías de la región –Argentina, Brasil y México– destinaron en promedio un 1% del PBI a estas inversiones. En Argentina, el sector responde a las tendencias de la economía, que se vio atada a ciclos de crecimiento y recesión en los últimos años, así como a una fuerte restricción externa. 

En este contexto, la planificación y el financiamiento de infraestructura pública tienen un rol clave para la dinámica del sector. Mientras que las herramientas para planificar son varias, la práctica a menudo difiere de los objetivos propuestos en cada plan de inversión. Influyen en este proceso el seguimiento de proyectos, el contexto económico de cada año y las prioridades de gestión. Sin embargo, otro elemento clave es el financiamiento, es decir cómo se obtienen los fondos para esas inversiones.  

El financiamiento externo de organismos multilaterales y de países a través de convenios bilaterales viene asumiendo un rol creciente: mientras que en 2015 representaban el 9% de la masa de inversiones, en 2023 representan el 24%. La gestión de fuentes alternativas a los fondos nacionales permite una respuesta a las restricciones presupuestarias y externas del país, pero también representa desafíos de planificación. Es fundamental que los fondos externos se implementen en iniciativas estratégicas y críticas para la Argentina. 

En este documento se analiza la dinámica de la inversión en infraestructura, las herramientas y prácticas de planificación, así como las fuentes de financiamiento externas como organismos multilaterales o instituciones bilaterales. La dinámica de los últimos años brinda un panorama de cómo aprovechar y hacer eficiente las inversiones que reduzcan las brechas de infraestructura en Argentina. 

Los principales hallazgos del documento señalan que las fuentes de financiamiento son diversas y pueden aprovecharse para complementar fondos públicos, pero deben encontrar una planificación clara y realizable. Durante los últimos años esta planificación se propuso objetivos que cambiaron en la ejecución y el financiamiento se destinó a varios sectores. El análisis de brechas –tanto sociales como estratégicas–, así como una gestión coordinada de fuentes de financiamiento, contribuyen a una mejor gestión de la infraestructura pública. 

Publicado en diciembre de 2023

El abandono escolar en el nivel secundario es una problemática tanto a nivel nacional como regional. En América Latina, en promedio, sólo el 60% de los y las jóvenes terminaban ese nivel antes de la pandemia, cifra que era apenas  levemente inferior a la de Argentina (Perusia y Cardini, 2021). Sin embargo, la interrupción de las clases presenciales originada por la pandemia y que caracterizó al 2020 y buena parte de 2021, trajo consigo una mayor preocupación en torno a  este fenómeno.  

En este contexto, varios organismos internacionales especializados han recomendado la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) como una medida efectiva para prevenir el abandono (Banco Mundial, 2021; UNESCO, 2021; BID, 2021). Un SAT es una herramienta para identificar a los y las estudiantes en riesgo de abandono escolar y focalizar intervenciones que fortalezcan su vínculo con la escuela. Para ello, se basa en la presencia de factores específicos que contribuyen y anticipan al abandono y en la disponibilidad de políticas e intervenciones que den respuesta a las diversas situaciones que atentan contra la continuidad de la escolaridad.  

Al inicio de 2022, CIPPEC inició dos proyectos en las provincias de Entre Ríos y Mendoza de apoyo técnico en la implementación de SAT para prevenir el abandono escolar en el nivel secundario. A partir de la experiencia con ambas provincias, este documento presenta la metodología de trabajo que proponemos para diseñar e implementar esta política. La propuesta se organiza en cuatro etapas que se desarrollan a lo largo de un proceso de dos años. El primer año consiste en un período de preparación para la implementación, mientras que el segundo es de implementación a una escala piloto y de planificación para extender la política al universo de escuelas deseado. Tras una presentación completa de la propuesta de trabajo, el documento hace foco en su primera etapa, la cual se presenta con un mayor nivel de detalle.  

La primera etapa tiene como propósito indagar sobre las condiciones en las que se encuentra la provincia para implementar un SAT. Busca dar respuesta a tres interrogantes nodales: ¿cuáles son las principales variables que explican el abandono escolar en la jurisdicción? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de información y gestión educativa (SIGED) jurisdiccional para desarrollar y alojar un SAT? ¿Con qué políticas cuenta actualmente la jurisdicción para fortalecer la trayectoria de los y las estudiantes? Para responder a estas preguntas, como parte de esta primera etapa de la metodología de trabajo, se propone desarrollar tres investigaciones a entregar a la jurisdicción.  

La primera investigación consiste en un análisis descriptivo y explicativo del abandono escolar y sus factores asociados. Su objetivo es producir un análisis empírico del fenómeno del abandono, que ordene cuáles son sus determinantes principales y permita jerarquizar las variables a incluir en el SAT, convirtiéndolo en una herramienta de política educativa de menor costo y mayor impacto. Conocer en profundidad y de forma situada el modo en que se configura el abandono escolar es fundamental para diseñar un SAT que genere alarmas relevantes y oportunas. Al mismo tiempo, este panorama puede contribuir a identificar subgrupos de escuelas y estudiantes donde resulte más necesario implementar el SAT y, por lo tanto, orientar ciertas decisiones sobre su diseño e implementación.  

La segunda investigación es un diagnóstico sobre el SIGED disponible en la jurisdicción. Su objetivo es caracterizarlo e identificar sus potencialidades y dificultades para desarrollar y alojar el SAT. Uno de los primeros aspectos a indagar es si recopila información nominal de los y las estudiantes, dado que se propone generar alertas a nivel individual. También se examinará qué datos releva, cuál es el nivel de carga de cada variable y con qué frecuencia se actualiza la información. Esto es importante tanto para definir qué variables formarán parte del modelo predictivo para identificar a los y las estudiantes en riesgo de abandono como para determinar la temporalidad de las alertas.  

Por otro lado, se evaluará la capacidad del SIGED para alojar el SAT, es decir, la flexibilidad del sistema para incluir un nuevo módulo de información e interacción. Por último, dado que esto implica un nuevo desarrollo, también se considerará la disponibilidad del equipo informático con que cuenta la provincia para llevar adelante esta tarea.   

La tercera investigación es un mapeo de las políticas disponibles en la jurisdicción que pueden contribuir a fortalecer las trayectorias de los y las estudiantes. Allí se detallará su propósito, la población objetivo, su alcance, la cobertura territorial, los tiempos de intervención, entre otras cuestiones. Su objetivo es identificar cuáles podrían vincularse con el SAT, qué modificaciones requerirían para alinearse con la propuesta y cuáles son las áreas de vacancia, si las hubiera, en dónde sería conveniente proponer nuevas intervenciones.   

Este mapeo es un insumo clave para la elaboración de una guía de intervención que oriente a las escuelas en la atención de las alertas. Se trata de un documento que se propone explicar de forma breve y sencilla qué es un SAT, cuáles son los pasos que deben seguir las escuelas para atender las alertas y qué políticas tienen a disposición para fortalecer las trayectorias de sus estudiantes.  

Por último, también permite recabar información relevante para definir algunas características centrales de la implementación del SAT. Por ejemplo, cuantas alertas se generarán y en qué momento o momentos del año. Esto se debe a que, a la hora de tomar estas decisiones, además de los tiempos propios del ciclo escolar y de la carga y actualización de la información en el SIGED, es recomendable considerar los tiempos definidos para la selección de los destinatarios y para la implementación de las políticas identificadas como centrales para la atención de las alertas.  

De esta manera, las tres investigaciones que componen la primera etapa de la metodología de trabajo brindan un conjunto de insumos indispensables para la segunda, que tiene dos grandes objetivos: el desarrollo del SAT y la planificación de su implementación. Lo primero abarca tanto la construcción del modelo predictivo para la identificación de los y las estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, como el desarrollo del módulo de alerta dentro del SIGED provincial. Lo segundo, por su parte, implica definir y acordar los lineamientos generales de la estrategia de implementación y monitoreo de la política. Esto incluye: i) el diseño del primer año de implementación; ii) la definición de la estrategia de comunicación; iii) la preparación de las instancias de capacitación y la elaboración de materiales de apoyo a la implementación; y iv) la construcción de la estrategia de monitoreo del piloto.  

La tercera etapa es la de implementación del primer año de la política y de la estrategia de monitoreo. Sus primeros pasos son garantizar la carga o actualización de las variables incluidas en el modelo predictivo del SAT y capacitar a los actores involucrados en la atención de las alertas. Luego, se envían las alertas y las escuelas deberán analizarlas y definir e implementar las intervenciones que consideren más pertinentes para fortalecer la trayectoria escolar de los y las estudiantes en riesgo de abandono. En simultáneo al seguimiento que haga cada escuela de sus acciones y del apoyo que reciba, se implementará la estrategia de monitoreo acordada en la etapa anterior.  

Finalmente, la cuarta etapa consiste en sistematizar la experiencia del primer año de implementación, con el propósito de identificar los puntos más relevantes para ajustar la política y ampliar su alcance. El principal insumo es el monitoreo realizado en la etapa anterior, que echará luz sobre cómo se dio la implementación, cuáles fueron sus resultados principales y cómo fue percibida por los principales actores involucrados. El producto final será un informe que incluirá un resumen del proceso de diseño e implementación del SAT en la provincia, señalando y argumentando las principales definiciones tomadas, y un análisis crítico de ese proceso y de sus resultados. El último apartado, por su parte, enumerará las recomendaciones de mejora para fortalecer el SAT y, en caso de ser necesario, los lineamientos para ampliar su alcance.