Publicado en julio de 2021

Antes de la pandemia del COVID-19, sólo el 17% de los/as asalariados/as teletrabajaba. Para las mujeres este porcentaje es solo de 14%, mientras que para los varones asciende al 20%. Desde marzo de 2020, con el inicio del aislamiento social y preventivo obligatorio, el teletrabajo fue la manera más efectiva de seguir trabajando y minimizar el riesgo sanitario. Sin embargo, el sistema económico argentino no está en condiciones de trasladar todas las tareas a esta modalidad. Algunos sectores fuertemente rezagados y que han sufrido desproporcionadamente los impactos de la crisis, como las mujeres, personas en trabajos informales, de baja calificación y quienes carecen de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), podrían experimentar pérdidas de ingreso y empleo permanentes si no se destinan políticas suficientes para incorporar el teletrabajo. En otras palabras, de mantenerse el statu quo, hay un alto riesgo de que el teletrabajo exacerbe desigualdades preexistentes en el mercado laboral.

En el caso argentino, el potencial de teletrabajo es significativo: tres de cada diez personas ocupadas podrían trasladar sus tareas a la esfera digital. Existe una brecha de teletrabajo, entendida como la diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo, de más de 10 puntos porcentuales. Asimismo, hay importantes diferencias de género: mientras el 35% de las mujeres se encuentran en ocupaciones que son potencialmente teletrabajables, dicho porcentaje es de 21% para los varones. En consecuencia, la brecha de teletrabajo es prácticamente nula para los varones, mientras es de 21 puntos porcentuales (pp.) para las mujeres. La brecha de teletrabajo surge como consecuencia de, entre otros factores, las restricciones de infraestructura digital y de capacidades tecnológicas. No obstante, la distribución del potencial de teletrabajo también es desigual: se concentra en el empleo informal, de ingresos medios y altos, de calificación técnica o profesional, de grupos etarios más altos, y en sectores de actividad específicos (enseñanza, actividades profesionales y financieras, entre otros).

El desafío es cerrar las brechas asociadas al teletrabajo teniendo en cuenta dos horizontes temporales: el de la pandemia y el de la transformación digital. Acercar los niveles de teletrabajo al potencial es sumamente deseable en tanto posibilita una continuidad de los ingresos laborales durante la pandemia, es decir, es una herramienta clave para el corto plazo. Pero también para adaptarse a los mercados de trabajo modernos, para lo cual se requiere impulsar la transformación digital en el mediano/largo plazo, tratando de disminuir las desigualdades preexistentes, o por lo menos no ensancharlas.

Aprovechar esta oportunidad requiere de regulaciones y políticas públicas que promuevan y acompañen la transformación. Una buena política debería actuar sobre las desventajas de la modalidad para aprovechar al máximo sus ventajas, y no puede ser universal, sino que debe tener en cuenta las heterogeneidades de cada sector y ocupación.

Una estrategia de política adecuada debe avanzar sobre dos ejes estratégicos y complementarios. El primer eje consiste en el diseño y la implementación de un régimen regulatorio adecuado, que balancee los objetivos de protección de quienes trabajan y la promoción de la modalidad. El segundo eje consiste en un conjunto de políticas de promoción para cerrar la brecha de teletrabajo.

Con respecto al primer eje, a grandes rasgos el marco regulatorio emergente en el caso argentino – la Ley N°27.555 y su reglamentación- cubre los principales temas que hacen a la modalidad de teletrabajo, como la voluntariedad para la implementación de la modalidad, el derecho a la desconexión y la compensación de gastos. La reglamentación de la Ley proveyó cierta flexibilidad, necesaria para una modalidad que abarca un diverso espectro de ocupaciones y ramas de actividad. Si bien el esquema regulatorio argentino está en línea con la legislación internacional, hay algunas diferencias que en la práctica pueden ser de mayor relevancia a la hora de lograr incentivar la modalidad.

El segundo eje para avanzar en la estrategia de promoción de teletrabajo incluye dos aristas: la aceleración de la transformación digital y el desarrollo y la adaptación de habilidades. En este punto hay muchos desafíos y trabajo por hacer: es necesario contar con infraestructura, habilidades y regulaciones adecuadas para poder extender el alcance y la profundidad de la economía digital y de la capacidad de teletrabajo, logrando así encauzar a la economía argentina en un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo.

Publicado en julio de 2021

Como un placer o como una carga, el trabajo ha sido desde siempre un dispositivo central de coordinación entre las personas, asignando roles e identidades diferenciados a los miembros de una comunidad y de esta manera creando un todo orgánico sobre la base de partes diversas dotadas de cierta autonomía. Desde que trabajamos, a su vez, existen máquinas o artefactos: ordenamientos no naturales de elementos del entorno que nos ayudan a cumplir nuestros roles. Nuestra relación con esos ordenamientos artificiales (creados por las personas) no ha sido sencilla, y por ello suele decirse que las máquinas pueden servir tanto de herramientas para construir como de armas para destruir.

El cambio tecnológico ha generado un aumento inédito en el bienestar de las personas, pero también un amplio conjunto de desafíos y problemas: la aparición de ganadores y perdedores, tanto en la dinámica comparada de los países (con las categorías de países “desarrollados” y países “en desarrollo”, o “Norte” y “Sur”) como hacia dentro de los mismos, llevando en muchos casos a una mayor fragmentación en sus estructuras sociales y económicas. La cuestión, entonces pasa por la inclusión: cómo hacer para que la innovación -y por lo tanto los buenos trabajos- llegue a países más postergados; cómo hacer para que no genere desigualdad dentro de los países donde efectivamente existen procesos de innovación. La cuestión pasa por hacer a la innovación tecnológica inclusiva por diseño. Y el mercado de trabajo juega un rol clave al respecto.

Estos debates vuelven a escena porque nos encontramos en las puertas de otro período de cambio tecnológico acelerado. Con los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) aparece una nueva apuesta tecnológica por el futuro. Y, al igual que ocurrió con disrupciones similares en el pasado, estas transformaciones disparan preguntas clave: ¿es posible direccionar a la innovación tecnológica para acelerar el crecimiento económico? ¿Puede la IA ser una fuente para construir un futuro con mejores empleos? ¿Qué hacer para que esta vez los beneficios se distribuyan simétricamente?

El statu quo no es una opción si Argentina quiere aprovechar la ventana de oportunidad de la cuarta revolución industrial para crear mejores empleos en el futuro. No se trata de una cuestión menor: la población en edad de trabajar, antes que achicarse como en otras partes del mundo, se ampliará en casi 6 millones de personas en las próximas 3 décadas, la mayor parte, mujeres. En Argentina el statu quo es uno de fragmentación, desigualdad y bajo dinamismo, quo opera además como factor de inmovilidad. No es que el cambio amenace el statu quo; es que el statu quo impide el cambio y romperlo es clave.

¿Cómo romper el statu quo y construir un futuro distinto? Cuatro ejes de política nos permiten pensar el cambio tecnológico y el futuro del trabajo en Argentina para pasar de una situación de fragmentación y bajo dinamismo, a una de cambio tecnológico acelerado e inclusivo.

El primer eje se refiere a la macroeconomía: es imposible construir futuro con una macroeconomía inestable en la medida que representa un entorno complejo para las firmas que quieren estimular el cambio tecnológico, dado que la transformación digital suele ser una apuesta de largo plazo. Las crisis recurrentes operan como un “quiebre” en el horizonte de planificación, con el consecuente acortamiento temporal en la toma de decisiones. No es casual que en países inestables la tasa de inversión sea baja, y que las apuestas de largo aliento sean escasas.

El segundo eje se refiere al ritmo de transformación digital. Es recomendable aprender de lo que otros países están haciendo para acelerar la transformación y desarrollar un programa nacional de Inteligencia Artificial o de Industria 4.0. Buena parte de los países del mundo ha entendido que el futuro económico se juega hoy, en los esquemas de política actuales para promover el mayor uso de tecnologías que explotan los patrones emergentes de los datos. Allí hay mucho que aprender y adaptar para el caso argentino.

El tercer eje de políticas se refiere a la formación de capital humano. Así, la primera recomendación de política pública es expandir la cobertura de la formación en primera infancia, donde se forja buena parte de las denominadas habilidades blandas. Menos del 10% de los niños y niñas menores de 5 años de Argentina concurre a una institución educativa. La segunda recomendación se refiere a la educación formal posterior a la primera infancia. Allí urge mejorar la calidad de la educación básica para poder incorporar habilidades y conocimientos generales más avanzados, muchos de ellos de naturaleza digital. Por último está el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Las empresas dinámicas y de cierto tamaño se permiten diseñar mecanismos in-house para readaptar habilidades, pero ello no es usual fuera de este grupo selecto. Por eso hay que fomentar a la educación técnica y profesional; sumándole el hecho de que estas instancias tienen que ser rediseñadas para hacerlas más inclusivas.

El último eje se refiere al entorno regulatorio requerido para los trabajos del futuro. De la narrativa global se desprende que, frente a la ruptura del modelo de la gran factoría productiva se hace necesario moverse a esquemas más flexibles, y que pongan el foco en la persona y no en el puesto de trabajo. Esto implica buscar mecanismos alternativos para administrar los riesgos laborales más acuciantes, y quizás en un futuro no tan lejano, separar la administración de los riesgos de los hogares (en particular las grandes pérdidas) de la relación laboral.

Publicado en julio de 2021

La pandemia del COVID-19 se inició como una crisis sanitaria, pero rápidamente se transformó en un desafío de naturaleza social, laboral, educativa y económica. Como muestran estudios realizados en crisis anteriores, los efectos de esta pandemia no son homogéneos a lo largo de los distintos sectores sociales (Busso y Messina, 2020; Furceri et al., 2020). Las familias con menores recursos económicos no sólo son las más afectadas en el corto plazo, sino que también es esperable que sean las que más tarden en recuperarse de las consecuencias que deje las crisis (Busso y Messina 2020). En este sentido, este estudio propone mirar de cerca los cambios que se están produciendo en sectores sociales que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad a partir de analizar el caso del Barrio Mugica (Barrio 31). Se espera que este análisis permita mejorar la identificación de las necesidades de esta población y el diseño de las políticas públicas de respuesta a la crisis. Este estudio es de carácter descriptivo y utiliza datos de panel de 750 hogares del Barrio, para los cuales tenemos información de 2018/9 y 2020.

Del análisis se desprenden tres grandes tendencias. En primer lugar, la tasa de empleo en el Barrio cayó 17 puntos entre 2018-2019 y noviembre 2020, mientras que la EPH muestra que en el AMBA la caída interanual fue de 10 puntos. Los mayores efectos de la crisis en el Barrio Mugica seguramente estén vinculados no sólo a la distribución sectorial del empleo, sino fundamentalmente a la mayor exposición a la informalidad laboral que tenían estas familias antes del shock económico. En segundo lugar, esta crisis generó un paso masivo a la inactividad laboral. Si bien las mujeres siguen siendo aquellas con mayores tasas de inactividad, se observa, comparando los datos de hace dos años con los actuales, que los hombres que pierden su empleo suelen salir del mercado de trabajo. En tercer lugar, la pérdida de puestos de trabajo afectó la principal fuente de ingresos que tenían las familias dejando al 70% de los hogares con ingresos menores a los que tenían antes del inicio de la crisis. Aun cuando la totalidad de las familias recibió algún tipo de programa social, este flujo de ingresos no logró compensar las pérdidas salariales. Estos recortes en los ingresos también dejaron a las familias más expuestas a la inseguridad alimentaria, con un incremento de 25 puntos porcentuales en la tasa de familias que asisten a comedores o merenderos en el barrio respecto a 2018/2019.

Estas tendencias ponen de relieve al menos 5 desafíos para pensar las políticas de recuperación social y económica de esta crisis. El primer desafío es cómo proteger a las familias durante el shock, es necesario implementar una solución de corto plazo para atender a estas familias que han perdido sus empleos y no tienen ahorros de los cuales valerse. El segundo desafío es cómo pensar la reapertura económica para facilitar el proceso de reincorporación de los trabajadores que se encuentran ahora en la inactividad. Para ello será necesario reabrir en el corto plazo, y de manera sostenible, los centros de primera infancia y escuelas. Además, será importante desarrollar incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. El tercer desafío es cómo generar habilidades para el trabajo que les permitan a estas familias acceder a empleos de mayor calidad en el futuro. Esta crisis es quizás la oportunidad para pensar programas más ambiciosos de generación y fortalecimiento de habilidades para el trabajo. El cuarto desafío es cómo cerrar las brechas digitales en un mundo cruzado por la virtualidad: los datos del Barrio Mugica muestran indicadores de acceso a computadoras e internet en el hogar que están por debajo de la media para el AMBA. Para pensar en el futuro del trabajo, se requiere mejorar el acceso y la calidad de conexión a internet de estas familias, dado que esto les permitiría acceder a materiales educativos, información y capacitaciones, pero adicionalmente sería una oportunidad para avanzar en la digitalización de los emprendimientos productivos existentes (Azuara et al. 2020). El quinto y último desafío es cómo mejorar la coordinación de políticas para gestionar la salida de la crisis. Esto implica una serie de desafíos: de coordinación al interior del ejecutivo y entre los distintos niveles de gobierno, de articulación con el sector privado y de intermediación laboral con las personas que viven en condiciones mayor vulnerabilidad social y suelen estar menos conectadas con el mercado de trabajo formal.