Pobreza e inclusión sociolaboral en Concordia

Publicado en agosto de 2021

Reducir la pobreza es un requisito indispensable para garantizar los derechos humanos a todas las personas. En Argentina, su alta incidencia es una de las principales deudas pendientes que se vio agravada en los últimos años, y en particular a partir de la crisis provocada por el COVID-19. Dado su carácter multicausal es necesario, para poder elaborar e implementar una estrategia exitosa para su reducción, partir de un diagnóstico acabado de los determinantes de la pobreza. Un primer paso en este camino es reconocer que la pobreza no se distribuye uniformemente en el territorio, ni afecta a todas las regiones con la misma intensidad. A partir de ese diagnóstico, se identifica que Concordia, en Entre Ríos, se ve particularmente afectada, con tasas de pobreza que superan hace años el promedio nacional y provincial.

Concordia cuenta con niveles de pobreza elevados, que alcanzan alrededor de la mitad de su población. Los hogares en situación de pobreza perciben vulneraciones en distintas dimensiones que se refuerzan entre sí; es notorio que la pobreza se concentra en hogares con niños/as y adolescentes, situación que se vincula con mayores obstáculos para conciliar la vida reproductiva con la productiva, sobre todo en las mujeres. Además, en estos hogares se evidencian grandes desafíos para la terminalidad del nivel secundario y la inserción laboral en puestos formales y bien remunerados. También, en los hogares en situación de pobreza, existen grandes déficits en el acceso a servicios de infraestructura, como la red de gas o servicios informáticos.

Estos desafíos se encuentran íntimamente relacionados con la estructura productiva de la región: en los últimos años, las tres actividades con mayor participación en el PBG de la Provincia (comercio, agricultura e industria manufacturera) han tenido un peor desempeño respecto al promedio provincial. Además de estas dificultades, Concordia se caracteriza por tener niveles elevados de trabajo asalariado informal y/o por cuenta propia en relación al promedio nacional y del Gran Paraná. Esto probablemente se vincula con su menor proporción de empleo público y de aquellas actividades ligadas a este.

Los sectores productivos donde se inserta laboralmente una proporción significativa de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad de Concordia presentan desafíos importantes. Esta nota se enfoca en sectores de actividad seleccionados por su vinculación con la economía social y popular incluyendo a la recolección y recuperación de materiales, la construcción, la producción de indumentaria, el comercio, la agricultura y actividades primarias y las tareas de cuidados y servicios comunitarios. En la mayoría de estos sectores prima un bajo nivel educativo, bajas remuneraciones y altos niveles de trabajo asalariado informal y/o por cuenta propia. El análisis detallado brinda herramientas para formular políticas públicas que apunten a mejorar sus condiciones de empleo. Esto incluye, estudiar mecanismos para que los sectores ganen escala, accedan a cadenas de comercialización, se vinculen con actividades más dinámicas y avancen con la paulatina formalización de sus actividades teniendo en cuenta las especificidades que los caracterizan.

Finalmente, el diagnóstico de la oferta y demanda laboral en Concordia permite comenzar a identificar ejes centrales para abordar los problemas estructurales que refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza. En primer lugar, resulta relevante considerar con atención a las políticas de cuidado y aquellas orientadas a los/as niños/as y a los/as jóvenes. Por otro lado, es menester abordar los desafíos por la ausencia de generación de empleo de calidad en Concordia, apuntando a mejorar la productividad de la economía local y las condiciones de empleo en sus sectores más rezagados que, por lo general, emplean a trabajadores/as menos calificados. En este sentido, el diálogo y la generación de consensos con referentes de distintos niveles de gobierno y de diversos sectores de la sociedad puede sentar las bases para formular una estrategia de desarrollo local en el mediano y largo plazo que incorpore en sus objetivos a la inclusión social.

Mujeres en ciencia y tecnología: cómo derribar las paredes de cristal en América Latina

Publicado en agosto de 2021

La ciencia, la investigación y la tecnología son actividades cada vez más relevantes en la economía del conocimiento: vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial se usa cada vez más para automatizar decisiones en diferentes ámbitos y en la vida cotidiana, y que necesita respuestas científicas rápidas frente al avance de pandemias como el COVID-19 y frente a la amenaza del cambio climático. Además, estos conocimientos se tornan cruciales en términos de productividad, ya que se encuentran presentes de manera transversal en todos los sectores de la economía y pueden contribuir a tener procesos más eficientes y a generar empleos de calidad. Los países que dispongan de una masa crítica de estos conocimientos pueden especializarse mejor en sectores más dinámicos y volverse más competitivos, volviéndose referentes en los temas más acuciantes de la agenda global.

A pesar de su relevancia creciente, la ciencia y la tecnología (CyT) es uno de los sectores de la economía con menor participación femenina en el mundo, y en particular en América Latina. Mucho se ha dicho ya acerca de la disparidad en la cantidad de mujeres que estudian carreras relacionadas con la CyT, o de su participación relativa en ámbitos como el académico, pero se sabe poco acerca de cómo se trasladan estos fenómenos al mercado laboral y a la economía. Muchas de las mujeres especializadas en CyT no consolidan carreras profesionales en esos ámbitos, ya sea porque no toman puestos de trabajo en CyT o bien los abandonan en algún momento. Esta situación es conocida en la literatura especializada como “tuberías con fugas” y se utiliza para describir cómo las mujeres abandonan los campos de CyT en todas las etapas de sus carreras.

En Argentina, Brasil y México, aproximadamente un tercio del total de personas ocupadas en los sectores relacionados con CyT –que son los que tienen salarios por encima del promedio de la economía y que ofrecen empleos de mayor calidad-, son mujeres. Entre quienes cuentan con habilidades relacionadas con CyT y realizan tareas acordes en estos tres países las mujeres representan menos de un cuarto. Esta subrepresentación de las mujeres responde a un problema multidimensional y requiere, por lo tanto, un abordaje integral, teniendo en cuenta que las barreras que enfrentan las mujeres arrancan a edades muy tempranas y se suscitan a lo largo de sus trayectorias formativas y laborales.

Los principales caminos que pueden seguir las políticas públicas para sortear estas barreras y promover la inclusión de mujeres en los ámbitos de CyT son dos. El primero es un abordaje integral que ataque todos los obstáculos: políticas educativas y de formación profesional con perspectiva de género para dotar a las mujeres de las habilidades, interés y confianza necesarias y facilitar su acceso al mundo laboral; políticas culturales para derribar sesgos y estereotipos de género en empresas e instituciones, y promover la visibilidad de las mujeres en CyT; políticas para lograr una mejor conciliación entre la vida familiar y laboral y para fomentar la inserción de mujeres en este ámbito y su ascenso a posiciones de liderazgo. El segundo camino es la implementación y profundización de opciones de política que refuercen mecanismos fundamentales: proveer información pública de calidad y de manera sistemática; fortalecer y coordinar los esfuerzos del sector privado y, naturalmente, su sociedad con el ámbito público.

 

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La continuidad educativa en el Barrio Padre Mugica. Acceso a la escuela en tiempos de pandemia.

Publicado en julio de 2021

Si bien la pandemia del COVID-19 comenzó como una crisis sanitaria, también implicó una crisis económica con consecuencias de naturaleza social, laboral y educativa. Los efectos de estas crisis no son homogéneos para los distintos sectores sociales y afectan en mayor medida a la población más vulnerable. Para comprenderlos y diseñar políticas públicas efectivas para responder a ellos es necesario partir de un diagnóstico de las necesidades de esta población en particular.

Este estudio se enfoca en la dimensión educativa de la crisis en el Barrio Mugica, un barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra desde 2015 en proceso de integración. El análisis de la experiencia educativa de los niños, niñas y adolescentes durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) es de carácter descriptivo y se basa en la encuesta de 750 hogares del Barrio, con información de 2018, 2019 y 2020. La mayor parte de la información sobre las características de la continuidad educativa se concentra en una sub-muestra de 507 familias que tienen niños y niñas en edad escolar. Además, se complementa con información de la Encuesta Permanente de Hogares y de la encuesta a hogares realizada por el Ministerio Nacional de Educación Nacional y UNICEF para poder comparar la experiencia del barrio con las encontradas en otros relevamientos más amplios. La información disponible permite caracterizar y analizar la frecuencia de la conexión entre los niños y niñas y las escuelas y sus docentes, pero no la calidad de estas interacciones y actividades ni los resultados en el aprendizaje.

Entre los hallazgos del análisis, una de las principales dificultades detectadas es el acceso deficiente a dispositivos de conexión, como computadores y/o tablets. Si bien en el barrio hay una alta cobertura de internet, gran parte del acceso se realiza a través, lo que no difiere demasiado de lo que sucede en otros contextos educativos comparables a lo largo del país.

Se encuentra que la continuidad de actividades educativas en el Barrio Mugica se dio de manera comparable con otros contextos de alta vulnerabilidad social en el país. La gran mayoría de los niños y niñas tuvo actividades de manera diaria o día por medio. Según lo reportado por sus progenitores, solo el 10% de la muestra de niños y niñas no ha realizado actividades y el 8% de los hogares creen que hay riesgo de abandono escolar entre los niños y niñas de su familia. En este sentido, las mayores barreras identificadas para la actividad diaria fueron la entrega de tareas de forma regular, y el acceso a internet y dispositivos para la conexión. Sin embargo, la experiencia del nivel inicial se caracterizó por menos actividades educativas y con menos frecuencia que los niveles primario y secundario.

A partir de este escenario, el ciclo 2021 será necesario reforzar las medidas y condiciones educativas para garantizar los aprendizajes y no profundizar la brecha educativa con los hogares más vulnerables. Primero, es prioritario reforzar la infraestructura escolar, comenzando por la adaptación de las escuelas al distanciamiento social, dado el retorno de las clases presenciales. En segundo lugar, es importante reforzar los sistemas de gestión e información educativa que permitan monitorear las trayectorias individuales y la implementación de distintas iniciativas para poder generar políticas que se dirijan a las poblaciones de mayor necesidad. En tercer lugar, y a partir de la identificación de los estudiantes con mayores dificultades de acceso y aprendizaje, es necesario ofrecerles soluciones que garanticen su continuidad educativa y compensen las brechas de aprendizaje que se hayan generado durante 2020, mediante atención integral y oferta de apoyo intensivo. Por último, es fundamental fortalecer la cobertura de acceso a dispositivos e internet por parte de estudiantes y docentes, así como el apoyo a los docentes en cuanto al acceso a tecnología y sus capacidades de uso de la tecnología (o TIC) con fines pedagógicos tanto para la educación presencial como para los entornos virtuales.

Una estrategia de respuesta al COVID-19 sensible al género. Acciones para promover la igualdad durante y después de la pandemia.

Publicado en junio de 2021

La pandemia transformó en tiempo récord las formas en las que interactuamos, trabajamos, producimos y cuidamos. Si bien las consecuencias a largo plazo aún están por verse, resulta claro que la crisis amplía desigualdades y genera retrocesos en términos de igualdad de género. Esto no solo vulnera los derechos de mujeres y niñas, también dificulta el logro de la Agenda 2030.

No obstante, la crisis actual trae consigo una oportunidad: el poder transformador de la pandemia puede conducirnos a repensar una nueva normalidad en la que el género y la diversidad se conviertan en variables clave en el proceso de políticas públicas. Este enfoque guarda un gran potencial para construir sociedades más resilientes e inclusivas que estén mejor preparadas para enfrentar desafíos futuros.

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Auditoría de tiempos del recuento provisorio de las elecciones nacionales de 2019

Publicado en febrero de 2020

En Argentina, el conteo oficial de los resultados de las elecciones comienza 48 horas después de terminada la votación y está a cargo de la justicia electoral nacional. Este procedimiento genera los resultados con los que se proclama a los representantes electos. El conteo provisorio, en cambio, produce los datos que se difunden el mismo día de la elección. Está a cargo del Ministerio del Interior y se realiza a partir de los telegramas de cada mesa con el fin de brindar información a la ciudadanía.

En las elecciones nacionales de 2019 se introdujo un cambio en la logística de telegramas que incidió en el recuento provisorio. Todos los centros de votación que contaran con cobertura de datos recibieron un kit de transmisión y escanearon e informaron los telegramas con los resultados directamente desde el establecimiento de votación a un servidor del Correo. Hasta entonces, el Correo los recolectaba y transportaba físicamente hasta las sucursales digitales para ser escaneados y transmitidos desde allí. La nueva modalidad requirió la utilización de notebooks, scanners y routers en todos los centros de votación que transmitieran la información desde el lugar, y se aplicó al 78% de los telegramas computados en las elecciones primarias y las generales.

La implementación de estos cambios generó resistencias entre los partidos. Hubo reclamos ante la justicia electoral para obtener información oficial sobre el nuevo procedimiento, los equipos y el software, así como también para garantizar la posibilidad de fiscalizar las distintas instancias del procedimiento. También se interpuso un amparo para que se garantice la presencia de delegados judiciales en los centros de votación y el acceso a las instancias de fiscalización. A raíz de estas presentaciones la justicia electoral intimó a la Dirección Nacional Electoral para que entregue el software, dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar la fiscalización de las operaciones relacionadas con el recuento provisorio y fijó condiciones para iniciar la publicación de los datos.

Este documento de trabajo analiza el funcionamiento del recuento provisorio de las elecciones primarias del 11 de agosto y de la elección general del 27 de octubre de 2019. Específicamente, se estudian los resultados electorales por mesa y las marcas de tiempo de los sucesivos pasos del recuento provisorio para determinar si éste procedió con normalidad, estuvo libre de demoras o interrupciones injustificadas y de sesgos en favor o en contra de alguno de los/as competidores/as.

El recuento provisorio fue exhaustivo. En las PASO se llegó a contar el 96,3% de las mesas habilitadas en todo el país, aunque en 4 provincias la cobertura fue inferior al 95% (Chaco, Jujuy, Catamarca y provincia de Buenos Aires). En las elecciones generales la cobertura fue del 97,1% de las mesas habilitadas y en todas las provincias se superó el parámetro de 95%.

En ambas instancias electorales las etapas de escaneo, transmisión y consolidación de los telegramas en el servidor del Correo ocurrieron con normalidad, sin interrupciones ni inestabilidades que indiquen interferencias o manipulación. La recepción en el servidor de recuento fue inestable en las PASO, mientras que en las elecciones generales transcurrió con normalidad. En cuanto al horario de publicación de los resultados, en las PASO los datos no estuvieron disponibles hasta 90 minutos después de lo estipulado por la Cámara Nacional Electoral, mientras que en las elecciones generales se publicaron a partir del momento pautado por la justicia.

El nuevo sistema de transmisión redujo considerablemente el tiempo transcurrido entre el cierre y el escaneo: en promedio transmitir desde las escuelas redujo en 69 minutos el tiempo transcurrido hasta escanear cada telegrama. Los telegramas de las mesas en las que ganó el Frente de Todos demoraron en promedio más en escanearse y transmitirse, y esa diferencia se acentuó en cada paso posterior. Aunque las diferencias en cada paso son pequeñas, la diferencia acumulada en todo el proceso es estadísticamente significativa. Además, al examinar los datos por provincia, se observa que esta secuencia no ocurre en todo el territorio. Este sesgo partidario no parece intencional, sino que pareciera relacionado con características propias de las mesas, por ejemplo, la cantidad de gente que se presentó a votar y el horario en que se presentó, la cantidad de listas en competencia, el nivel de instrucción, la capacitación y la pericia de la autoridad de mesa, la cantidad de fiscales presentes, la conflictividad en la mesa, la organización de la escuela y el sistema de transmisión que se utilizó.

A partir de los hallazgos presentados se ofrecen algunas recomendaciones. Mantener el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los lugares de votación, garantizando la capacidad operativa para recibir, procesar y publicar el flujo de datos generado por el Correo sin demoras ni interrupciones. Considerar modalidades alternativas de transmisión que puedan minimizar los requerimientos de hardware. Fortalecer el control público sobre el desarrollo del sistema, su implementación y su operación, y garantizar el acceso de los partidos a las instancias de fiscalización. Asimismo, se sugiere establecer criterios claros y conocidos para el funcionamiento del recuento provisorio con el fin de ofrecer previsibilidad a las agrupaciones políticas y permitir la fiscalización partidaria y el control público y social. En la misma línea, es recomendable mantener un canal de comunicación con las agrupaciones políticas durante la organización y la operación del recuento provisorio para despejar dudas y canalizar inquietudes.