Publicado en septiembre de 2021

Una de las medidas centrales de los gobiernos para reducir la circulación del COVID-19 fue la suspensión de la presencialidad educativa durante 2020 y parte de 2021. Esta respuesta fue casi universal, pero se proyecta que su prolongación en el tiempo, junto con el deterioro social y económico provocado por la crisis sanitaria, tendrán efectos adversos muy importantes en América Latina y el Caribe sobre la escolarización de los niños, niñas y adolescentes.

Uno de los efectos más preocupantes es el aumento del abandono escolar: en 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe podrían abandonar sus estudios como consecuencia directa de la pandemia. El 90% de ellos son estudiantes de la educación secundaria, lo que significaría un retroceso en el acceso a ese nivel educativo de casi una década en el grupo de jóvenes de 15 a 17 años. El aumento del abandono escolar se explicaría principalmente a partir de la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes, especialmente de los grupos más vulnerables, y por un deterioro de la situación socioeconómica de las familias que podría resultar en una mayor participación de los adolescentes en el mercado de trabajo en detrimento de la asistencia a la escuela.

Esta proyección también concierne a la Argentina, donde incluso en 2021 hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistieron a la escuela de manera presencial. En 2020, 4 de cada 10 estudiantes del nivel secundario tuvieron una vinculación débil con la escuela, caracterizada por, como máximo, dos actividades por semana sin devolución del docente, o una sola actividad semanal con supervisión docente. Sumado a esto, el tiempo que los adolescentes dedican al trabajo aumentó desde el inicio de la pandemia, ya sea en el hogar o fuera de él, debido a la pérdida de ingresos de los hogares, y se ha deteriorado la salud psicológica de los adolescentes en la pandemia. Este escenario refuerza la necesidad de implementar acciones para apoyar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, reinsertar a aquellos que hayan abandonado sus estudios y garantizar la terminalidad del nivel secundario.

Los sistemas de alerta temprana (SAT) para la prevención del abandono escolar son una de las acciones más recomendadas por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares. Un SAT es una herramienta vinculada a los sistemas de información educativa para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Se basa en la presencia de factores específicos que contribuyen o anticipan al abandono. Esta identificación permite organizar acciones para apoyar la permanencia en la escuela mediante estrategias e intervenciones para atender problemáticas específicas.

En Argentina hay algunos desarrollos incipientes de modelos de SAT. Sin embargo, su implementación requiere acelerar la consolidación de los sistemas de información para la gestión educativa a nivel nacional y de las jurisdicciones, para que reporten datos de calidad a nivel del estudiante, con registros individualizados y digitalizados. El desarrollo de estos sistemas demanda, de manera paralela, el diseño y acuerdo sobre un marco sólido de protección de los datos personales y estrategias de interconexión y aprovechamiento de otros sistemas de información, por fuera del sector educativo.

Publicado en septiembre de 2021

Parte de la expectativa del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015 estuvo centrada en las decisiones que tomaría la nueva administración sobre el sector público. Luego de haber experimentado, como veremos, varios años de crecimiento en su estructura, el Estado volvía a estar bajo la lupa.

A lo largo de este documento analizaremos los cambios y continuidades experimentados por el Sector Público Nacional entre 2015 y 2016. Bajo diferentes perspectivas –estructura organizacional del aparato estatal, empresas públicas, empleo público, alta dirección pública, género, y presupuesto– analizaremos cómo se transformó el Estado con el cambio de gobierno.

GPS del Estado, el monitor del Estado desarrollado por CIPPEC y ASAP, encontró las siguientes particularidades en esta transición:

• La estructura del sector público nacional creció, especialmente a nivel de la administración centralizada con su consecuente expansión de cargos políticos.
• Se mantuvieron las estructuras de organismos descentralizados, hubo un leve ascenso en cantidad de empresas estatales y se incrementaron los fondos fiduciarios.
• Después de 8 años de crecimiento a una tasa promedio del 4% anual (aproximadamente 20 mil nuevos puestos por año), el empleo público nacional detuvo su crecimiento y se contrajo levemente (-0,4%) . Sin embargo, en provincias y municipios el empleo público continúa la marcha ascendente registrada en los últimos años.
• En 2016 continuó la tendencia de nombrar miembros de la Alta Dirección Pública bajo el formato de “asignación transitoria de funciones superiores”, exceptuando a los designados de someterse a los procesos de concurso y por ende de los requisitos formales para acceder a estos cargos.
• Se produjo un descenso en la designación de mujeres en cargos ministeriales y de alta dirección pública y un leve ascenso en su designación a cargo de secretarías y subsecretarías, conservando una tendencia de segregación horizontal que refuerza su presencia en áreas feminizadas del Poder Ejecutivo.

Publicado en agosto de 2021

En el contexto dinámico y desafiante de la pandemia por COVID-19, contar con información de calidad y permanentemente actualizada sobre las principales variables sanitarias, sociales y económicas fue y es crítico para impulsar decisiones de políticas públicas que beneficien al conjunto de nuestras sociedades.

Este documento presenta una posible aproximación a la medición del riesgo que enfrentan los distintos aglomerados urbanos de Argentina al abordar la gestión de la pandemia por COVID-19, a partir de la herramienta Integrated Risk Response (IRR, por sus siglas en inglés). Este instrumento, desarrollado por la organización Imperativo del Progreso Social (Social Progress Imperative), es un índice que reúne indicadores económicos, sociales, de salud y de interacciones sociales (a partir de la movilidad). Brinda, de esta forma, una mirada multidimensional sobre el riesgo de los distintos territorios y posibilita detectar interacciones y dinámicas entre los diversos aspectos de la vida de las personas.

El IRR podría ayudar en el proceso de toma de decisiones, contribuyendo a identificar focos de mayor riesgo y facilitando la identificación de soluciones específicas. De hecho, en Costa Rica la herramienta está siendo utilizada por los gobiernos nacionales y municipales con esos fines. Este ejercicio busca mirar la situación argentina a la luz de este índice. Sus resultados indican que hay una heterogeneidad en las situaciones de cada zona, y que esta va más allá de las diferencias en la cantidad de casos. Muestra que en zonas con un riesgo bajo, definido en relación a la incidencia de casos, puede ser potencialmente peligroso relajar ciertas medidas, dado el riesgo alto que existe en relación a otros factores relacionados.

Concluimos que, por un lado, tener una mirada amplia sobre una multiplicidad de dimensiones permite un diagnóstico más integral de los problemas, como así también detectar interacciones y dinámicas relevantes entre los diversos aspectos de la vida de las personas. Por otro lado, el índice nos posibilita tener una mirada particular de lo que pasa en cada lugar del país, vislumbrando las particularidades en cada uno de ellos. Sin embargo, para que esta herramienta sirva para la gestión, aún quedan desafíos pendientes: la herramienta debería ser actualizada frecuentemente y, para ello, queda espacio para mejorar la calidad de la información disponible y los sistemas de información.

Publicado en agosto de 2021

La educación híbrida implementada durante la pandemia podría definirse como una idea en construcción, dado lo inédito del escenario en el que se instala, la escala en que es posible pensar su organización y la diversidad de formatos que puede asumir. A diferencia de lo que podría pensarse en una primera aproximación, el modelo híbrido no responde a una lógica binaria de distribución de actividades de enseñanza y aprendizaje a realizarse en el aula o de manera remota, sino que tiene como objetivo ensamblar y articular en una experiencia unificada propuestas que tienen lugar en la presencialidad y en la virtualidad.

Para que los formatos híbridos contribuyan realmente a la transformación del sistema educativo, deben contar con una serie de características. En primer lugar, es necesario que se integren en un modelo pedagógico que aliente la autonomía de los estudiantes, promueva el aprendizaje en profundidad y abrace la cultura digital. En segundo lugar, exigen la redefinición de las formas de trabajo y las tareas docentes, favoreciendo la construcción colectiva y horizontal. En tercer lugar, alientan el desarrollo de formas alternativas y flexibles de agrupar a los y las estudiantes (fija, aleatoria, por intereses o por desempeño) a fin de personalizar la enseñanza y acompañar mejor las trayectorias escolares.

Los escenarios híbridos ofrecen una gran diversidad de opciones como el modelo simultáneo, el alterno, el modelo adaptado a las necesidades de los estudiantes, o incluso un modelo basado en la actividad y los contenidos de la enseñanza. Estas alternativas pueden, además, articularse entre sí para dotar a la hibridación de mayor flexibilidad en función de la diversidad de contextos.

Integrar los modelos híbridos en el sistema educativo requiere asegurar el acceso a equipamiento y conectividad de calidad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico preciso de las dificultades que atraviesan tanto los y las estudiantes y docentes como las instituciones, y formular políticas adecuadas para enfrentar la situación en cada jurisdicción. Además, teniendo en cuenta la enorme diversidad de contextos en los que transcurre la enseñanza, su implementación demanda una adaptación compleja del trabajo escolar que reconozca las condiciones de cada institución, sus directivos, docentes, estudiantes y familias. Para avanzar en esta integración, las cuatro dimensiones claves del trabajo institucional son: la planificación anticipada, la coordinación institucional, el impulso a la experimentación didáctica y la evaluación permanente.

La hibridación presencial/virtual demanda también de las políticas una fuerte apuesta por el diseño de proyectos educativos y contenidos de alta calidad que potencien el trabajo docente para poder expandir la enseñanza remota y poder hacer un seguimiento de la actividad escolar fuera del aula. Este nuevo escenario exige, asimismo, avanzar en la construcción de espacios de formación docente que aborden las particularidades de la enseñanza a distancia, el trabajo en las plataformas educativas y la planificación de propuestas que se desplieguen de manera simultánea en la presencialidad y en la virtualidad.