Publicado en octubre de 2021

América Latina tiene un importante camino por recorrer en la búsqueda de sistemas educativos que garanticen el acceso y la calidad para todos los niños, niñas y jóvenes. Más allá de los avances logrados a lo largo de las últimas décadas en materia de inclusión educativa, estos esfuerzos se dan en un escenario de desigualdades estructurales que dificultan la articulación de las políticas educativas y la construcción de agendas estratégicas de largo plazo.

Diseñar, implementar y monitorear políticas educativas resulta desafiante en contextos atravesados por altos niveles de fragmentación política, restricciones económicas recurrentes e interrupciones sucesivas de procesos que requieren de esfuerzos consensuados y sostenidos en el tiempo. Frente a este escenario, muchos de los intentos por revertir estas desigualdades y avanzar hacia una mayor justicia educativa se ven frustrados en discusiones marcadas por la coyuntura que dificultan la construcción de acuerdos. Estas limitaciones para cimentar las bases comunes sobre las que desarrollar y priorizar acciones específicas desde el conjunto de la sociedad implica serios obstáculos para garantizar trayectorias educativas completas y aprendizajes significativos en los países de América Latina.

Este documento parte del supuesto de que las alianzas multisectoriales son una vía para fortalecer las políticas educativas a partir de la colaboración entre diferentes actores y sectores. Su desarrollo conlleva la construcción de miradas de largo plazo, la puesta en valor de fortalezas múltiples y la articulación de actores comprometidos con priorizar una agenda educativa. En este sentido, las alianzas representan un medio para acompañar a los Estados en la búsqueda por garantizar el derecho a la educación, pero también una forma de reflejar su multidimensionalidad y su estrecho vínculo con la posibilidad de construir sociedades más prósperas, sustentables y justas.

Construir estos marcos de colaboración no es una tarea sencilla. Existe un complejo entramado de variables detrás de una alianza multisectorial en educación que implica comprender factores contextuales, desarrollar modos de organización y construcción institucional, desarrollar capacidades colectivas y responder a oportunidades de mejora. Al mismo tiempo, esta colaboración involucra diferentes sectores como el gubernamental, el privado, la sociedad civil sin fines de lucro y una vasta cantidad de actores que multiplican las formas de articulación en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas. Esta conjunción de factores y sectores da lugar a discusiones en torno a las oportunidades y riesgos de la participación de actores no estatales en estos procesos. En este marco, es indispensable la producción de evidencia y la sistematización de variadas experiencias a lo largo de la región para guiar la reflexión e informar mejor la toma de decisiones.

Frente a esta necesidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) se propusieron llevar a cabo una investigación con el objetivo de generar un aporte al conocimiento actual sobre las alianzas educativas en América Latina como mecanismo de fortalecimiento de las políticas del sector educativo. El documento ofrece una lente analítica surgida del estudio de experiencias concretas para abordar los principales factores contextuales y endógenos que hacen a su funcionamiento, sus desafíos y oportunidades. Cada uno de los factores que componen las dimensiones de la lente da cuenta de variables sistemáticas surgidas de la indagación de las alianzas analizadas.

Considerando las limitaciones propias de establecer generalizaciones sobre el conjunto de la región, este documento ofrece herramientas para pensar las alianzas como espacios de colaboración y anticipar algunos de los desafíos y oportunidades más recurrentes. Con ello se espera que los y las tomadores de decisiones en gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros sectores encuentren inspiración y herramientas para fortalecer las políticas de la región, colaborar de forma estratégica y lograr una mayor justicia educativa.

Publicado en octubre de 2021

El libro “Rompiendo el futuro del trabajo. Plataformas de automatización y trabajo en el Sur Global” es el resultado de la colaboración de muchos/as, en el marco de la iniciativa FOWIGS (Futuro del Trabajo en el Sur Global) que lidera CIPPEC. Más de veinticinco especialistas de Asia, América Latina, Medio Oriente y África del Norte y África Subsahariana transformaron sus valiosos hallazgos en los capítulos de este proyecto con perspectivas heterogéneas.

Los países en desarrollo enfrentan desafíos específicos que la literatura estándar aún no ha logrado incluir como parte de una visión verdaderamente global sobre la interacción entre tecnología y mercados laborales. Este libro tiene como objetivo enriquecer el futuro de los diálogos sobre el futuro del trabajo con evidencia del Sur Global. Esto, a su vez, es clave para la construcción de una agenda de políticas basada ​​en datos que promueva la creación de empleos de alta calidad en los países en desarrollo, en el marco de la cuarta revolución industrial.

El libro cubre dos temas importantes que analizan dos tendencias que han comenzado a impregnar el Sur Global:

1. Automatización

La primera sección trata sobre la hipótesis de la automatización. Cuenta con dos capítulos: “Las nuevas tecnologías y el futuro del empleo en América Latina” de Irene Brambilla, Andrés César, Guillermo Falcone, Leonardo Gasparini; y “¿Desigualdad en riesgo de automatización? Diferencias de género en la intensidad de las tareas rutinarias en los mercados laborales de los países en desarrollo” por Janneke Pieters, Ana Kujundzic, Rulof Burger y Joel Gondwe. En ambos, los/as autores/as cuestionan el supuesto metodológico estándar de qué ocupaciones similares se realizan por igual en diferentes países, independientemente de su etapa de desarrollo y características específicas. Esta sección trae nuevas perspectivas sobre debates relevantes en la literatura, como el fenómeno del “vaciamiento” y la pregunta sobre si el Sur Global está experimentando cambios en los patrones de empleo similares a los observados en el Norte Global.

2. Plataformas laborales

La segunda sección del libro está dedicada a las plataformas laborales y analiza cómo la difusión de estas nuevas formas de trabajo impacta a los trabajadores en los países en desarrollo. Tiene tres capítulos: “El futuro del trabajo en el Sur Global: Trabajo digital, nuevas oportunidades y desafíos” de Diego Aguilar, Joaquín González, Aileen Agüero García y Roxana Barrantes; “Fairwork in the Platform Economy: A Global South Perspective” por Pitso Tsibolane, Maria Belen Albornoz, Arturo Arriagada, Treviliana Eka Putri, Jean-Paul Van Belle, Henry Chavez, Richard Heeks, Kelle Howson, Macarena Bonhomme, Jorge Leyton, Francisco Ibáñez , Louise Bezuidenhout, Mark Graham; y “El trabajo en línea y las mujeres en la India: las oportunidades y los límites del emprendimiento digital” de Urvashi Aneja. Como en el caso de la automatización, estos capítulos brindan nueva evidencia para repensar la relación entre tecnología y empleos al considerar los contextos del Sur Global.

Publicado en octubre de 2021

Los recursos que las sociedades destinan a financiar sus sistemas previsionales representan, en países de desarrollo medio y alto, una alta proporción del gasto público total. Por ello, es fundamental pensar a la política previsional como parte central de la política fiscal de un país para evaluar su sostenibilidad y su impacto sobre la sociedad.

Sería útil que el diseño agregado de la política fiscal apunte a políticas de ingresos y gastos públicos que lleven a una reducción de la variabilidad cíclica que tiene cualquier economía. Al incorporar elementos anticíclicos a la política fiscal es posible suavizar el impacto de períodos recesivos sobre el desarrollo económico de un país y el bienestar de su población, utilizando recursos o espacio fiscal generados en períodos de expansión económica. Por supuesto, no todos los componentes de la política fiscal pueden tener un comportamiento anticíclico, dado que algunos de ellos están inevitablemente asociados a la dinámica macroeconómica y/o persiguen objetivos distintos a la suavización del ciclo económico.

Los sistemas previsionales buscan suavizar el ingreso de las personas frente a la salida del mercado laboral por envejecimiento y en la medida que estén estar guiados por los patrones demográficos y del mercado laboral de mediano-largo plazo podrían responder mejor a este objetivo de manera equitativa, eficiente y sostenible. Por ende, se espera que tenga un comportamiento más neutral respecto al ciclo económico. La evidencia muestra que el gasto previsional tiende a ser acíclico (o incluso anticíclico) en la mayoría de los países avanzados, de la mano de mecanismos automáticos de actualización de haberes atados a la evolución de la inflación y/o salarios.

La correlación cíclica entre el gasto previsional real y el PBI en Argentina es la más alta entre los países de la OCDE y los de desarrollo medio en la región. Esto se debe en parte a sucesivos cambios de reglas respecto al ingreso de nuevos beneficiarios al sistema, que fue flexibilizado en épocas de bonanza y sufrió restricciones en épocas de recesión. Sin embargo, su principal causa es el modo en que se determina la evolución del valor real de las prestaciones. La combinación de mecanismos discrecionales y, especialmente, la utilización de una regla de movilidad de los haberes del régimen general administrado por ANSES con fuertes componentes procíclicos ha caracterizado esta problemática. En particular, la regla de movilidad vigente en la actualidad vincula al gasto previsional con la recaudación tributaria, induciendo así a un rápido crecimiento cuando aumenta el PBI (y, habitualmente, la recaudación en términos reales) y a un deterioro de los haberes en épocas de recesión.

No parece ni deseable ni posible adoptar un esquema que genere un efecto anticíclico sobre el gasto previsional. Sin embargo, es importante adoptar normas que reduzcan su carácter procíclico. Esto incluye, por ejemplo, reglas de movilidad vinculadas a indicadores menos volátiles que logren preservar el valor real del haber con independencia de la fase del ciclo económico, y evitar mecanismos de excepción para nuevos/as beneficiarios/as.

Publicado en septiembre de 2021

La inversión en infraestructura pública es importante para el desarrollo del país y sus capacidades tanto de energía, como de logística y otras actividades comerciales que influyen en la productividad de la economía. En 2020 el Estado invirtió cerca del 1,3% del PBI y en 2021 se planteó como una importante actividad económica de la reactivación subiendo a 2,2% del PBI según las proyecciones para este año. Sin embargo, las necesidades de infraestructura en Argentina requieren de mayor presupuesto y alternativas de financiamiento que la obra pública tradicional que financia el Estado. Es aquí donde se ven involucrados varios actores, instituciones y mecanismos con distintos grados de institucionalidad y robustez financiera.

La elección de los mecanismos de financiamiento para nuevas obras es fundamental, ya que determina de qué manera las cuentas públicas van a repartir el esfuerzo fiscal en el tiempo y la posibilidad de realizar los desembolsos de manera eficiente.

El presente documento analiza tres mecanismos de financiamiento de la obra pública: el sistema tradicional del Estado a través del presupuesto nacional, los préstamos blandos bilaterales con países que financian de forma directa obras en el país y los programas de Participación Público-Privada (PPP). Si bien este último abarca una amplia gama de modalidades, el análisis limita su alcance a la luz de los contratos previstos en la ley 27.328 del 2016. Cada uno de estos mecanismos tiene observables ventajas y desventajas, que serán abordadas en el documento para su comparación sistemática.

Los instrumentos de financiamiento conviven con diversos problemas que los condicionan. Estos inconvenientes son la coexistencia de un déficit crónico de cuentas públicas, constante inestabilidad económica e institucional, que incluye crisis de deuda de recurrentes, depreciación de la moneda y la interrupción de contratos en el marco de la emergencia pública, que eleva los riesgos que enfrenta la inversión del sector privado en el país. Estas variables conducen a un desempeño económico bajo de los préstamos blandos y de las PPP.

Además de estas barreras a la inversión, se agregan otras como por ejemplo la falta de planes sectoriales en los gobiernos que orienten las inversiones, la escaza implementación de buenas prácticas internacionales en los contratos y legislaciones locales, la dificultad para alocar correctamente los riesgos de los proyectos entre el Estado y el financiador y la ausencia de políticas públicas eficientes para el desarrollo de la infraestructura.

La experiencia internacional y los puntos débiles de los mecanismos de financiamiento disponibles descubiertos en la comparación realizada en el presente documento, arrojan algunos puntos clave. En primer lugar, la necesidad de fortalecer marcos normativos e institucionales para canalizar el financiamiento internacional y local destinado a infraestructura. En segundo lugar, robustecer iniciativas de transparencia que nivelen la información a lo largo de los tres mecanismos analizados. Finalmente, todos los mecanismos requieren de condiciones macroeconómicas estables y previsibles, además de una planificación sectorial a lo largo de todos los ministerios que ejecuten planes de inversión en infraestructura.