Publicado en marzo de 2022

Los sistemas previsionales buscan, como principal objetivo, asegurar un flujo de ingresos adecuado a las personas mayores que, por razones vinculadas con su edad, se retiraron del mercado de trabajo. Esta simple definición conlleva debates de política y decisiones en torno a la definición de “personas mayores”, qué implica “retirarse del mercado” y cómo determinar qué es un “flujo de ingresos adecuado”. Este documento se concentra en las dos primeras preguntas, consciente de que la respuesta a ellas no puede surgir sin considerar antes otros aspectos.

Históricamente, los sistemas previsionales tendieron a suponer una fuerte homogeneidad en la fuerza de trabajo, tanto respecto a las características personales como a las condiciones de inserción en el mercado de trabajo. Por ello, es habitual encontrar definiciones universales de edad de retiro en la legislación. Sin embargo, esta tendencia ha ido variando a lo largo del tiempo y distintos países adoptaron criterios más flexibles. Por otro lado, es evidente que tanto las condiciones de salud física y mental (así como la expectativa de vida) como las características de los empleos han evolucionado (y continuarán haciéndolo), por lo que las definiciones que podrían haber sido razonables en algún momento probablemente hoy deban ser revisadas.

La tendencia observada en países desarrollados se dirige hacia adoptar, en forma gradual, modelos flexibles que reconozcan la diversidad de condiciones de salud, empleo, habilidades o situaciones personales entre individuos y busquen promover la permanencia en la actividad laboral, a fin de ofrecer una mayor previsibilidad a las decisiones sobre participación laboral y asegurando que las reglas se apliquen transparentemente. Todo en el marco de un doble objetivo: aumentar la producción de la economía y evitar presiones adicionales sobre las finanzas de los sistemas previsionales.

En Argentina, la edad de retiro se estableció en los primeros esquemas previsionales creados a principios del siglo pasado en torno a los 50 años. Desde entonces esta fue modificada en tres momentos: a mediados de los años cuarenta, cuando con la sanción de las leyes que creaban las cajas para trabajadores del sector privado se incrementaron (para los varones) los límites a 55 años; la consolidación del sistema en 1968, que incluyó un aumento de las edades mínimas a 60 años entre varones y 55 entre mujeres y, por último, la reforma de 1993, que aumentó esos límites en cinco años.

En los 28 años transcurridos desde la última modificación no hubo debates de fondo sobre el tema. Más allá de las reglas en el régimen general del sistema previsional, existen múltiples excepciones, vinculadas a regímenes diferenciales, especiales, provinciales o no contributivos, que resultan en una edad promedio de retiro efectiva más baja de la legislada para la población en general.

Un debate sobre la edad de acceso a beneficios jubilatorios no sólo es necesario, sino inevitable en la Argentina de los próximos años. La opción parece estar entre postergarlo para que en algún momento se produzca un ajuste brusco, con impactos no deseados en lo social, político e institucional, o avanzar en un proceso que busque asegurar que los cambios se formulen considerando objetivos de flexibilidad, previsibilidad, transparencia y gradualismo.

Publicado en marzo de 2022

Los niveles de participación electoral en nuestro país han sido altos desde el regreso de la democracia. El sector poblacional más joven, a partir de la implementación del Voto Joven en 2013, que amplió el derecho al sufragio a adolescentes de 16 y 17 años, también ha ido incrementando su participación electoral progresivamente. A pesar del interés en participar en política, en este trabajo argumentamos que las juventudes no sienten que sus intereses y necesidades estén reflejados en la agenda pública actual.

Identificamos al menos dos tensiones que pueden obstaculizar la representación juvenil en los espacios de toma de decisión y la incorporación de una perspectiva intergeneracional en el diseño de políticas públicas. En primer lugar, la tensión entre la idea de representación actual y la ausencia de las generaciones futuras como electorado. Una inquietud particular queda expuesta: ¿cómo representar la voz de quienes aún no votan o de quienes aún no nacieron? En segundo lugar, la tensión entre los condicionamientos institucionales y la adopción de compromisos sostenibles y de largo plazo. Los ciclos electorales alrededor de los cuales se organizan nuestros sistemas políticos tienden a promover decisiones sobre las cuestiones más urgentes y dificultan la generación de consensos que promuevan políticas estables y sostenibles en el mediano y largo plazo.

¿Cómo es posible involucrar a las voces y perspectivas jóvenes en la definición de políticas públicas? ¿Cómo avanzar en una mayor participación y acceso de estos sectores en los espacios de toma de decisión y en las instituciones centrales de nuestros sistemas democráticos, como los Poderes Legislativos?

Con el objetivo de generar información original sobre las expectativas y prioridades en materia de política pública de las juventudes argentinas y para responder algunas de estas preguntas, en conjunto con UNICEF Argentina y con el apoyo de IDEA Internacional, se llevó a cabo una consulta a juventudes argentinas a través de la plataforma U-Report. Para esto, se co-creó un cuestionario a partir de dos mesas de trabajo en la que participaron 15 jóvenes de diferentes regiones del país. La consulta se implementó durante diciembre del 2021 y permitió recopilar más de 1300 respuestas a lo largo de todo el país. La consulta no se trata de una muestra representativa, sino una primera aproximación a la problemática de la representación joven en nuestro país, por lo que invita a una mayor exploración a futuro.

En los datos recopilados se observa que más del 40% de las y los jóvenes de entre 12 y 24 años valora al voto como un derecho. Y, sin embargo, más del 52% siente que sus ideas no se ven representadas por los partidos políticos o quienes compiten por los cargos públicos. Además, la mayoría de ellos y ellas considera que deben tener representación formal en el Poder Legislativo: casi un 60% respondió que deberían tener representación en el Congreso -a través de, por ejemplo, escaños reservados o cupos-.Entre los temas que más les preocupan está la calidad educativa, el cual acaparó cerca de un tercio de las respuestas. Además, el 58,15% considera que la escuela no brinda las herramientas necesarias para la inserción laboral. En esa línea, más de la mitad de las y los jóvenes piensa que el Congreso de la Nación debería debatir sobre múltiples temáticas para mejorar su inserción laboral. Estas incluyen las habilidades digitales, los contenidos enseñados en las escuelas, las brechas de género en el mundo laboral y la formación de oficios.

En lo que respecta a avances en legislación sobre igualdad de género y diversidades sexuales, los resultados de la consulta señalan una variación considerable en la respuesta entre géneros. Entre los varones que respondieron la consulta, un 37% considera que estos avances son suficientes y un 27% que no lo son. Entre las mujeres, esta proporción se invierte: un 41% no cree que estos avances sean suficientes, frente a un 32% que sí. El porcentaje restante no tiene una opinión definida sobre este tema.

El documento, además de visibilizar las percepciones de las juventudes sobre participación y representación, así como las problemáticas que más les preocupan y afectan, presenta una serie de recomendaciones para mejorar la representación de sus intereses e incorporar una perspectiva intergeneracional al debate público. En primer lugar, el cupo joven en las listas de candidatos y candidatas, una alternativa que ya se implementó en la provincia de Neuquén y en otros países como Egipto y Marruecos o escaños reservados en el Congreso, como en Kenia y Uganda, se ha mostrado como una alternativa valiosa para avanzar en la representación descriptiva de este segmento poblacional. En segundo lugar, la implementación de bancadas o comisiones del futuro en los ámbitos legislativos, que permitiría la incorporación de una perspectiva intergeneracional en la formulación de políticas públicas y mejorar la representación sustantiva de las generaciones jóvenes y futuras.

Publicado en febrero de 2022

Hay un error fundamental al intentar predecir el futuro: aún no existe. No hay nada que revelar y todo por crear. En este sentido, asumir la capacidad de transformación del Sur Global es el primer paso para no predecir, sino para construir un futuro laboral mejor. No sólo para el Sur Global, sino para la economía mundial: los países en desarrollo representarán el 90% de la población mundial en edad de trabajar en 2050.

En este documento, elaborado en el marco de la iniciativa FOWIGS (Futuro del Trabajo en el Sur Global), hemos tratado de proporcionar un primer conjunto de elementos que sirvan para adaptar la narrativa estándar sobre el futuro del trabajo al contexto de estas diferentes regiones.

Acceder al documento (en inglés)

Sobre FOWIGS

Publicado en febrero de 2022

El proyecto “Desarrollo de la economía de plataformas en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación” implementado por CIPPEC con financiamiento de BID Lab (el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo) iniciado en 2017, procuró contribuir a mejorar la calidad de vida y a generar oportunidades económicas para los habitantes de ciudades argentinas usando las posibilidades de la economía de plataformas como palanca para facilitar un mejor acceso a servicios y oportunidades de emprendimiento.

Este trabajo busca evaluar los efectos emergentes del proyecto en dos niveles. Por un lado, pretende encontrar y caracterizar los efectos producidos en los emprendimientos ganadores del Premio Emprendedor Digital 2019 a partir de la participación en el proyecto. Por otro lado, intenta identificar los efectos que los emprendimientos pueden producir en las ciudades y generar información sobre los casos más avanzados en su implementación. Esto permitirá informar el debate de políticas sobre los cambios que las plataformas digitales son capaces de generar en las ciudades y conocer la experiencia de los emprendedores de este sector en diferentes contextos urbanos.

Para la evaluación del proyecto Premio Emprendedor Digital 2019, se reconstruyó su teoría de cambio y se realizaron entrevistas semiestructuradas a una selección de 10 emprendimientos participantes y a algunos de sus actores vinculados. Además, se complementó esta información con preguntas específicas en una encuesta realizada a los 58 emprendimientos participantes del Premio. Para la evaluación de los efectos incipientes, se decidió concentrar el análisis sobre los 10 emprendimientos de mayor grado de implementación, con el fin de identificar sus posibles efectos una vez en funcionamiento y no trabajar con conceptos puramente teóricos. La información recolectada permitió comprender los efectos que los emprendimientos tienen en las ciudades y, a su vez, caracterizar los efectos producidos en los emprendimientos a partir de su paso por el Premio.

Se identificó que las plataformas digitales tienen potencial para cambiar las dinámicas de tres sectores fundamentales para las ciudades: empleo, comercio y movilidad. La más significativa es la de empleo, en tanto se destacan, en muchos de los casos, instancias de empleo directo que conforman oportunidades para que los trabajadores reciban ingresos adicionales a su ocupación principal, aportando perspectivas más adaptables a su disponibilidad. En términos de comercio, pudimos observar que buena parte de las plataformas analizadas operan como canal de venta para un gran número de comercios, siendo los pequeños los más beneficiados por estas dinámicas. Se destaca el potencial democratizador de las plataformas en la medida en que posibilitan la igualdad de condiciones en su llegada a los usuarios consumidores. Dentro de los efectos en la movilidad, se puede destacar el potencial descentralizador de las plataformas, en tanto se observa una constante en la reducción del traslado requerido para acceder a determinados productos o servicios, tanto por los consumidores como por los prestadores de servicio.

Sin embargo, este tipo de efectos son de carácter potencial en la mayoría de los emprendimientos analizados. Este fenómeno puede deberse al estado emergente del uso de plataformas en las ciudades donde se desarrolló el Premio, además de la escala de sus mercados, la disponibilidad del capital humano necesario y las oportunidades de financiamiento desigual. En los casos analizados, la mayoría de los casos avanzados se encontraban en las ciudades participantes más grandes, como Córdoba y Mendoza.

En este sentido, los emprendedores de las ciudades más pequeñas, como Puerto Madryn, Resistencia o Catamarca, destacaron la falta de acceso al financiamiento para el desarrollo de sus plataformas en estos mercados y la ventaja que esta oportunidad implicaba en cuanto al acceso de recursos en ciudades más centrales. Esto es una gran barrera para el desarrollo de tecnología en general y de las plataformas en particular, y por lo tanto un posible “techo” en su crecimiento. En este sentido, iniciativas como la del Premio Emprendedor Digital, que priorizan el desarrollo federal, son una oportunidad para sortear inequidades mediante la sensibilización del ecosistema emprendedor, el acceso a oportunidades de desarrollo y apoyo a soluciones a problemas locales que, de otra manera, quedarían solo disponibles para territorios con ecosistemas más avanzados. Es importante notar que el premio no necesariamente logró acelerar el desarrollo de todos los emprendimientos participantes, sino que tuvo un efecto mayor en aquellos que se encontraban en las etapas de ideación y validación.

A partir del análisis de las experiencias del Premio, se destacan tres roles que el Estado podría tomar para este fin. El primero tiene que ver con su rol de regulador: es fundamental que el sector público esté en la vanguardia de las posibilidades de la tecnología para poder ofrecer la regulación necesaria para que estos nuevos formatos de economía alcancen su potencialidad sin vulnerar los derechos de las personas. Otro posible rol está relacionado a su capacidad para estimular la innovación digital y urbana, mediante la generación de espacios de colaboración, apoyo en el desarrollo o financiamiento directo. Por último, cabe destacar el potencial del Estado como posible consumidor de innovación. En muchos casos los emprendedores de las plataformas ganadores del Premio Emprendedor Digital desarrollaron herramientas que serían usualmente ofrecidas por el Estado en sectores tan distintos como la cultura o el transporte, mediante la unificación de la oferta de la ciudad en un solo lugar. En esos casos, la iniciativa privada puede resultar un complemento interesante a los desarrollos del propio Estado, aportando agilidad y eficiencia mediante la expertise y tecnología que los emprendedores locales han ido desarrollando en sus respectivas áreas de trabajo.

En el último apartado del documento, se realiza una exposición en profundidad de tres de los casos estudiados, en el que se puede comprender de forma más detallada su lógica de funcionamiento y sus potenciales impactos, según lo detallado por los emprendedores. Estos casos son Filadd, Agrojusto y Ualabee.