Publicado en julio de 2022

El proceso de integración social y urbana del Barrio Mugica, liderado por la SECISYU, tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en el barrio. En este marco, esta evaluación busca analizar la efectividad de uno de los programas insignia del proceso de reurbanización: el reasentamiento de las familias del Bajo Autopista hacia viviendas nuevas. En vistas a que en Argentina se están realizando múltiples procesos de integración social y urbana a nivel nacional, los aprendizajes de este estudio podrían ser de utilidad para la toma de decisiones de instancias similares que requieran el reasentamiento de toda o parte de la población de un barrio informal.

Esta evaluación busca medir los efectos de este reasentamiento en variables sociales a nivel individual, familiar y comunitario. La construcción del grupo de tratamiento y comparación se apoya en la normativa que delimita espacialmente la asignación de la vivienda nueva sólo a las familias que residen bajo la autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia. Adicionalmente, se recolectaron dos rondas de encuestas en ambos grupos (antes y después de la mudanza). La estimación de los efectos se basa en un modelo cuasi-experimental de diferencias en diferencias, el cual permite medir los cambios en el tiempo en las variables de resultados atribuibles al programa.

Este estudio encuentra que el reasentamiento mejoró sustantivamente las condiciones de infraestructura de la vivienda. Además, se observa una reducción importante en la probabilidad de que la familia reasentada viva en condiciones de hacinamiento, con una caída de 12 puntos porcentuales. A su vez, las estimaciones permiten identificar mejoras en indicadores de calidad del sueño, la satisfacción con la vivienda, la identificación con el sector de residencia y la expectativa de seguir viviendo en esa propiedad en los próximos años. Sin embargo, a la fecha no se muestran cambios estadísticamente significativos en lo que respecta al tamaño del núcleo familiar ni en la satisfacción con el estándar de vida. Tampoco se observan modificaciones en las expectativas de cambio social a cinco años en factores que exceden a la vivienda como empleo, ingresos, conexión con el resto de la ciudad y seguridad.

El programa de reasentamiento implicó el desplazamiento de las familias hacia una zona más nueva del barrio, en la cual se emplaza el nuevo Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cambio en el entorno muestra efectos positivos de la mudanza en lo que respecta a victimización en los últimos seis meses, con una reducción de 11 puntos porcentuales en la exposición a algún episodio de inseguridad. A su vez, las estimaciones muestran mejoras en indicadores de percepción de seguridad tanto al caminar a solas cerca de la vivienda (mejora de 10 puntos porcentuales), como al estar solas en sus hogares (mejora de 11 puntos porcentuales), e incluso al estar en otros ámbitos públicos del barrio, como la feria y plazas.

Las estimaciones sugieren que la participación en el programa está asociada con una caída en las expectativas de mejora a largo plazo de la vivienda y de la urbanización del barrio. En otras palabras, las familias reasentadas no ven factible la posibilidad tener una vivienda mejor en los próximos cinco años. A su vez, se observa una menor incidencia de arreglos y reformas en su vivienda en el último año respecto al grupo de comparación (con un efecto de 14 puntos porcentuales). Aun cuando esta menor inversión en el hogar no es un problema de corto plazo, la misma podría poner en jaque la sostenibilidad del programa si se perpetúa, ya que el deterioro de la propiedad podría poner en riesgo su seguridad y su valor económico.

Por otra parte, se observan mejoras en el corto plazo respecto a la salud de niños y niñas menores de cinco años. En cambio, entre los y las mayores de cinco años no se registra un avance estadísticamente significativo, lo que podría deberse al escaso tiempo transcurrido desde la mudanza, aunque también podría ser el resultado de la baja incidencia de enfermedades respiratorias o gastrointestinales en la línea de base.

En suma, esta evaluación revela que existen avances considerables de corto plazo en la calidad de la vida de las familias como resultado del reasentamiento. Sin embargo, este tipo de intervenciones son difíciles de escalar. El costo económico y en recursos humanos que se necesita para esta política es de una magnitud difícil de replicar en poblaciones más grandes. Por lo tanto, esta experiencia, aunque muy exitosa, puede ser solo una solución para poblaciones geográficamente concentradas. No obstante, a pesar de que replicar esta intervención resulta complejo, es posible tomar algunos componentes de esta estrategia para reforzar las políticas de mejoramiento de la vivienda in situ. Aspectos como el acompañamiento familiar, la escrituración y el monitoreo de los indicadores sociales son extrapolables a otros programas de menor escala.

Este estudio nos muestra que estas intervenciones integrales logran mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de extrema vulnerabilidad, ya que funcionan como catalizadoras del cambio social y urbano. Mejorar la calidad de vida de las familias que residen en los asentamientos informales es un camino insoslayable para igualar el acceso a derechos y permitir un desarrollo más inclusivo e igualitario para las generaciones futuras.

Publicado en julio de 2022

A partir de las leyes 3.343 y 6.129 y en el marco del Plan de Acción Integral (2016- 2019) para la transformación del Barrio Mugica, se estableció la necesidad de reasentamiento de la población que reside en el sector denominado Bajo Autopista. El objetivo del Programa de Reasentamiento fue restablecer –y, en la medida de lo posible, mejorar– las condiciones socioeconómicas y físicas de base de las personas residentes en este sector del Barrio Mugica. La reubicación se concentró en las familias residentes en el contorno de afectación, el cual fue redefinido a partir de los resultados del censo (2016) y del relevamiento social y técnico (2018). Bajo la órbita de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) – inicialmente dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la actualidad como parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat– este programa se enmarcó en los procedimientos y principios del Marco de Políticas de Reasentamiento.

Este trabajo presenta los resultados de una evaluación del Programa de Reasentamiento que recupera y busca contrastar la perspectiva de los equipos territoriales encargados de su ejecución y la de los y las personas destinatarias de las viviendas.

El informe se compone de dos apartados. La primera parte reconstruye los lineamientos y objetivos principales del programa mediante datos secundarios oficiales (principalmente los Planes de Reasentamiento para las etapas 1, 2, 3 y 4 de Bajo Autopista hacia las viviendas en YPF, elaborados por la Secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno de CABA en 2019), en pos de conocer, a partir de los testimonios de los y las integrantes del equipo territorial, en qué medida estos lineamientos proyectados pudieron ser desarrollados o se encontraron con obstáculos y desafíos en las instancias de implementación. La segunda parte propone una evaluación del programa a partir de una recuperación de la perspectiva de las personas destinatarias, reconstruyendo sus miradas –mediante entrevistas en profundidad y de dos entrevistas grupales Focus Group– en torno al acompañamiento gubernamental, el proceso de mudanza y la implementación del Programa. Asimismo, buscamos conocer la repercusión que las viviendas tuvieron sobre sus condiciones de vida, sus sensaciones de pertenencia y sus expectativas a futuro, con el propósito de comprender los impactos de la política a través de sus propias claves interpretativas.

Finalmente, a modo de conclusión, el informe señala los puntos de acuerdo y de tensión entre las miradas desarrolladas sobre la implementación del programa por los dos actores considerados: las personas destinatarias y el equipo territorial.

Publicado en junio de 2022

Votar es la forma de participación más elemental en las democracias y, por lo tanto, su fuente de legitimación. A través de las elecciones, la ciudadanía elige a sus representantes para cargos públicos y también expresa sus intereses y demandas para que puedan ser traducidas en políticas públicas. Por eso, su importancia es evidente e innegable. Sin embargo, en contextos de desafección y baja confianza en las instituciones como el actual, se vuelve particularmente relevante cuidar los niveles de participación.

En muchas democracias del mundo la participación electoral declina elección tras elección. Entre las explicaciones más comunes a este fenómeno se encuentra el hecho de que cada vez menos personas están dispuestas a encarar la logística que implica votar. Esto involucra no sólo cuestiones relativas a identificar y trasladarse hacia el centro de votación, sino sobre todo una serie de costos cognitivos asociados a ejercer un voto informado tales como la información sobre la oferta electoral, las reglas electorales y las categorías en juego, entre otras.

Aquellas medidas que buscan reducir el impacto de los costos logísticos y operativos suelen ser más complejas de implementar ya que pueden implicar modificaciones en la legislación electoral y suelen involucrar una inversión de recursos importante (por ejemplo, incrementar la cantidad de centros de votación o incorporar métodos alternativos de emisión del voto como el voto anticipado). En cambio, en lo que respecta a los costos cognitivos, existe una gran cantidad de iniciativas en Argentina y otros países que buscan reducirlos a través de la generación de información confiable de fácil acceso y disponibilidad para las y los votantes. Estos proyectos, que pueden ser liderados por una multiplicidad de actores (organismos oficiales, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) ponen a disposición de las y los votantes información relevante sobre el proceso electoral, de manera fácil y centralizada en un único sitio. Las iniciativas de voto informado tienen como objetivo mejorar los niveles de participación electoral por un lado, pero también empoderar a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto de manera independiente, con autonomía y de manera informada.

Desde 2017, CIPPEC y la Cámara Nacional Electoral, con el apoyo de META, llevan adelante el proyecto “Voto Informado”. Esta iniciativa busca producir y difundir información sistemática y clara sobre las elecciones a través de la realización de un micrositio, al que se puede acceder mediante Facebook e Instagram. Para el ciclo electoral del 2021, el sitio de Voto Informado recibió casi 3 millones de visitas totales entre PASO y generales. Más del 98% de estas visitas fueron realizadas a través de la plataforma de Facebook.

En este documento, luego de analizar los principales determinantes de la participación y el ejercicio del voto informado según la evidencia en la literatura especializada, presentamos información sobre algunas de las principales iniciativas de voto informado en la región durante el desarrollo de las elecciones más recientes, incluyendo el caso de Voto Informado en nuestro país.

A partir del análisis de las experiencias nacionales e internacionales, el documento presenta una serie de recomendaciones para aprovechar el potencial del impacto de los proyectos de voto informado. Entre otras, se recomienda segmentar el contenido de estas iniciativas para atender las distintas necesidades e intereses de grupos sociodemográficos particulares, así como también llevar a cabo instancias de colaboración con los organismos oficiales encargados del desarrollo de las elecciones. Además, se recomienda aprovechar años no electorales para evaluar empíricamente el impacto de las iniciativas de voto informado en el electorado. Finalmente, se propone como buena práctica publicar y transparentar la metodología utilizada, sobre todo en los proyectos que presentan información sobre la oferta electoral o posicionamientos de candidatos y candidatas.

Publicado en junio de 2022

Los sistemas de previsión social tienen el objetivo de garantizar ingresos frente a la incapacidad de continuar con la actividad laboral en la vejez para todas las personas. Argentina ha avanzado considerablemente en la extensión de su cobertura, no obstante, su sistema presenta desafíos considerables en términos de adecuación y sustentabilidad. Entre ellos, se destaca como una de sus mayores deudas la persistencia de inequidades en las condiciones de acceso al sistema previsional y en los tipos de prestaciones que brinda a la población. Esto se torna particularmente evidente entre las mujeres, quienes presentan niveles de desigualdad mayores con respecto a sus pares varones en cuanto a las formas de acceder al sistema previsional.

Estas heterogeneidades encuentran su origen en dos fuentes: por un lado, las vinculadas con el diseño e implementación de normas y dispositivos previsionales, y, por el otro, las heredadas del mundo del trabajo, relacionadas con las trayectorias laborales de las personas durante su etapa económicamente activa.

Ambas fuentes, además, presentan aspectos intencionales y no intencionales en términos de diseño del sistema. Los primeros responden a definiciones explícitas sustentadas en una definición de género, como han sido las diferencias de acceso al sistema previsional entre varones y mujeres o la extensión de las moratorias para mujeres. En cambio, los no intencionales tienen consecuencias –no necesariamente deseadas– que se producen por las características sociales y económicas de la población. Tal es el caso de normas y reformas orientadas específicamente a sectores o tareas feminizadas, como son la docencia o las tareas de cuidado.

La experiencia latinoamericana –y en particular el caso de Argentina– de las reformas previsionales da cuenta de diversas medidas tomadas en los últimos años para equilibrar las inequidades entre varones y mujeres. Para el caso argentino, muestra de ello fue la introducción de prestaciones básicas y el reconocimiento de las tareas de cuidado al computar la cantidad de años de aportes, entre otras medidas: una iniciativa que se originó con el propósito de intentar compensar las desigualdades propias de las trayectorias laborales por medio del sistema previsional. Sin embargo, no es claro que el sistema previsional sea la mejor herramienta costo-efectiva para solucionar o compensar otras problemáticas.

La incorporación de normativas nuevas debería enmarcarse en un debate más general acerca del rol del sistema previsional como política pública y la necesidad de generar incentivos y oportunidades para aumentar la participación laboral y formalidad de las mujeres. Hoy persisten desigualdades por género en el sistema previsional, pero no son fácilmente eliminables: requieren de acción de política coordinada en el mercado de trabajo y el aspecto normativo.