Existen graves problemas de acceso a justicia y sólo el 50,5% de la población dice poseer confianza en el sistema judicial. La falta de independencia de algunos jueces, la escasa transparencia en el sistema de nombramiento, remoción y sanción de los magistrados, y la ausencia de rendición de cuentas hacia la sociedad contribuyen a empeorar la percepción. La Justicia es lenta y opera con modelos de gestión obsoletos que conllevan una baja productividad y la sobrecarga de algunos tribunales.

En respuesta a estos problemas hay dos metodologías de intervención. Desde arriba, a través de reformas institucionales que, como la incorporación de medidas de transparencia, los procesos orales y la mejora en la gestión, están siendo injustificablemente demoradas. Y, desde abajo, a través de políticas públicas de acceso a justicia que, como los programas de información jurídica, resolución alternativa de conflictos o casas de justicia, se deben acompañar, coordinar y multiplicar.