Publicado en septiembre del 2020
El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) es uno de los derechos fundamentales para ejercer una ciudadanía activa en un estado democrático. Implica la publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos. La Ley N°27.275, sancionada en septiembre de 2016, garantiza el ejercicio efectivo del Derecho de Acceso a la Información Pública presente en la Constitución Nacional. En sus artículos 19 y 28, obliga al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos a crear Agencias de Acceso a la Información Pública (AAIP). La implementación efectiva de este derecho conlleva un gran esfuerzo de coordinación institucional para poder articular intereses y saberes especializados con el objetivo de construir una política integral.
Para hacer efectiva la política integral, en 2017, se creó la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información (en adelante, Mesa de Coordinación) que funciona como el espacio de articulación de los organismos ubicados en los distintos poderes del Estado (Decreto 899/2017) en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación.
Este trabajo se propone sistematizar los principales hallazgos de la construcción de la línea de base de la Ley de Acceso a la Información Pública realizada a través del proyecto “Medir el acceso a la información. Construcción de la línea de base de indicadores de acceso a la información a nivel nacional”, implementado por CIPPEC con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y la Mesa de Coordinación Institucional para el Acceso a la Información (Mesa de Coordinación) dependiente de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.
El objetivo general del proyecto fue contribuir al desarrollo e implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública a partir del fortalecimiento de la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información. El resultado consolidado de esta línea de base es alto (0,84). Este se explica por el desempeño de las etapas de implementación y ejecución de la ley que avanzaron sostenidamente. Es razonable que las etapas con mayor nivel de cumplimiento sean aquellas referidas al inicio de la implementación de la ley de acceso a la información.
En términos de desafíos, se observa la necesidad de i) finalizar el proceso de creación de las Agencias de Acceso a la Información Pública en todos los poderes; ii) asignar presupuesto para fortalecer las posibilidades de brindar información; iii) desarrollar protocolos de verificación tanto del derecho de acceso a la información como en transparencia activa; iv) fortalecer la percepción ciudadana sobre el acceso al derecho y v) sostener y mejorar el sistema de monitoreo y evaluación de la ley.