Riesgos para la integridad en las empresas públicas

Los cuestionamientos a la ética e integridad pública de los funcionarios ocupan cada vez más lugar en la agenda pública. El gobierno actual impulsó cuatro iniciativas en esta materia:

El proyecto de reforma de la Ley de Ética en la Función Pública (N° 25.188, sancionada en 1999).
Los programas de integridad en las empresas (establecidos en la Ley 27.401).
Las propuestas de la “Red de empresas de propiedad estatal por la transparencia”, organizada por la Oficina Anticorrupción, como la promoción de códigos de ética, del monitoreo de los directorios y de una mayor regulación en las compras y contrataciones.
Los lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal (Decisión Administrativa 85/2018), como establecer altos estándares de transparencia y acceso a la información y que el interés de la organización prevalezca sobre los sectoriales o particulares.

Integridad y riesgos

En la Argentina existen diversas normativas para promover la integridad pública y transparencia, como la promulgación de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública; la reglamentación del Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros a Funcionarios Públicos; la publicación en formato abierto de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos; y la sanción de la Ley de Ética en la Función Pública y de la Ley de Responsabilidad Penal. Estas dos últimas son las más relevantes para conceptualizar la integridad e identificar los riesgos a la integridad.

La Ley de Ética en la Función Pública establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades de quienes trabajan en la función pública. Los deberes y pautas de comportamiento ético están asociados con cumplir la normativa vigente; actuar con honradez y austeridad; privilegiar el interés público sobre el particular; no recibir ningún beneficio personal indebido; rendir cuentas y mostrar transparencia (incluyendo los procesos de contrataciones públicas); proteger y conservar la propiedad del Estado; y no usar las instalaciones y servicios del Estado para beneficio particular.

Por su parte, la Ley de Responsabilidad Penal (N° 27.401, sancionada en 2018) busca prevenir la corrupción y sancionar a las empresas -y no solo a las personas- que cometan delitos de corrupción. La norma identifica cinco delitos de responsabilidad penal: cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; concusión; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y falsedad en balances e informes.

Los debates sobre integridad pública también se encuadran en la negociación del gobierno argentino por formar parte de la OCDE, que prioriza la integridad del sector público como motor para el crecimiento de los países. Para la OCDE, integridad refiere al uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público según los objetivos oficiales.

Tipos de riesgos a la integridad

Los riesgos a la integridad pueden ser identificados como delitos (como en la Ley de Responsabilidad Penal) o potenciales daños que surgen de la falta de cumplimiento de los principios básicos de los funcionarios públicos establecidos en el marco legal. Los riesgos son: nepotismo, favoritismo político, fraude al interés social de la empresa, soborno, hurto de bienes, fraude económico, tráfico de información, conflicto de interés, falsificación de datos, discrecionalidad en el accionar del funcionario y falta de transparencia. Los tres primeros riesgos pertenecen exclusivamente a las empresas públicas mientras que los restantes son aplicables también para las firmas privadas.

Tipología de riesgos a la integridad pública en las empresas de propiedad estatal

Las empresas estatales, a diferencia de las privadas, no necesariamente priorizan maximizar beneficios, dado que tienen un fin social inherente. En consecuencia, enfrentan riesgos que no afectan a las privadas: el nepotismo, el favoritismo político y el fraude al interés social.

El nepotismo o favoritismo político es la contratación de personal o su ascenso influido por el vínculo familiar del candidato o su cercanía política, en vez de por sus calificaciones o aptitudes técnicas para el puesto. Así los funcionarios y empleados no son necesariamente las personas más aptas para los cargos, lo cual puede afectar el desempeño y la competitividad de la empresa.

En tanto, el fraude al interés social de la empresa consiste en brindar un servicio deficiente o producir un bien que no cumpla con los estándares mínimos de calidad. En estos casos, se socaba la credibilidad de la empresa y se le impide alcanzar sus objetivos.

Mapeo de riesgos a la integridad

Los riesgos a la integridad aparecen en los procesos de las empresas y todos los empleados están expuestos, en mayor o medida, a ellos. A continuación, se analizan los riesgos asociados a las licitaciones y compras simplificadas, la contratación de personal y la elaboración de presupuestos. Los instrumentos de prevención de riesgos de integridad identificados en cada proceso se basan en iniciativas existentes en empresas de propiedad estatal y en iniciativas y acciones que surgen de la normativa nacional, incluyendo los Lineamientos de Buen Gobierno.

La Ley de Responsabilidad Penal (N° 27.401) sugiere la implementación de programas de integridad en las empresas: un código de ética o conducta, reglas y procedimientos para prevenir actos ilícitos en licitaciones y concursos; y capacitaciones periódicas a los miembros de la entidad. Los instrumentos para cada proceso se pueden inscribir dentro de los reglamentos de compras simplificadas, licitaciones, y contratación de personal (como protocolos de integridad y transparencia).

Además, otras acciones detalladas por la Ley de Responsabilidad Penal como de posible inclusión en los programas de integridad son: analizar periódicamente los riesgos; que el programa cuente con el apoyo de los directores; crear canales de denuncia con protección para los denunciantes; establecer un sistema de sanciones para quienes violen el código de ética; aplicar principios de integridad a terceros o socios de la empresa; monitorear y evaluar el programa; o asignar un encargado del programa y de su alineamiento con la normativa nacional, provincial y municipal relacionada con el tema. Finalmente, además de aplicar instrumentos de prevención de riesgos de integridad, hay que capacitar a los empleados y funcionarios al respecto.