Uno de los retos más importantes para la gestión de los programas sociales es la administración eficiente, transparente y equitativa de los recursos públicos. En contextos locales condicionados por profundas asimetrías en la distribución de los recursos de poder, la transparencia y la participación en la gestión de los programas sociales son herramientas poderosas para inclinar la balanza hacia las personas que son excluidas.

Aunque las reformas legales e institucionales son importantes en el desarrollo de mejores políticas, la evidencia sugiere que no pueden existir sin control social. En el centro del problema están los incentivos de los políticos y tomadores de decisiones para diseñar e implementar políticas públicas responsables. Sin información sobre la gestión de los recursos públicos y sin ciudadanos y ciudadanas que demanden una verdadera rendición de cuentas sobre los resultados de las políticas sociales, los tomadores de decisión no tendrán los incentivos requeridos para usar los recursos públicos de una manera eficiente, transparente y equitativa.