Publicado en mayo de 2019

La forma en que se financia la política partidaria y electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina. El dinero se toma y se gasta en efectivo, y por eso permanece al margen de cualquier control judicial y social. Para ocultar el origen de los fondos las agrupaciones falsean sus rendiciones de campaña. Aunque muchas maniobras de encubrimiento son descubiertas por el control judicial, las sanciones llegan tarde y nunca comprometen las carreras políticas de los dirigentes.

En febrero, CIPPEC pidió una reforma de la ley de financiamiento de la política para que, en las elecciones de 2019, la campaña electoral sea más transparente, integra y equitativa. Esta forma de financiar la política atenta contra la transparencia del proceso electoral, pero, sobre todo, contra la equidad y los derechos políticos de los ciudadanos. La informalidad hace que los votantes no puedan conocer quién apoya a los candidatos, genera el riesgo de atraer dinero ilegal, encubre al poder económico que busca influenciar la política pública y permite que los oficialismos abusen de su acceso a fondos públicos.

El miércoles 15 de mayo, el Congreso de la Nación sancionó una reforma al régimen de financiamiento que rige en Argentina desde 2009.

En este documento se describen los principales cambios introducidos por la reforma, entre otros, la eliminación de los aportes en efectivo y la ampliación de recursos destinados al control judicial. A partir de las principales debilidades de las reglas que estaban vigentes en Argentina desde 2009,  se analiza en qué medida esta reforma podría dar respuesta a estos problemas y se proponen medidas para seguir avanzando hacia un régimen de financiamiento de la política que favorezca la transparencia, la equidad electoral y la integridad pública a partir de 2020.