Publicado en julio del 2020

La evaluación de programas en el Estado es fundamental para la transparencia, el aprendizaje y la mejora de sus funciones estratégicas como la planificación, la implementación y el monitoreo. La existencia de voluntad política para evaluar es una condición necesaria, aunque no suficiente para que esas evaluaciones se desarrollen y que sus resultados sean utilizados en los procesos de toma de decisión. Para eso es fundamental que los programas sean evaluables, es decir que cuenten con determinados atributos en su diseño, planificación, sistemas de información y recursos disponibles.

En este trabajo se desarrolla un índice de evaluabilidad con base en cuatro dimensiones de análisis (calidad del diseño y planificación de la intervención, calidad del sistema de monitoreo e información, calidad de la estrategia de evaluación y recursos) que componen el nivel en el que un programa puede ser evaluado en forma confiable y creíble.

Para llevar adelante este índice se implementa un protocolo de recolección de información que incluyó el relevamiento de toda la información pública y el pedido de información específica sobre 35 de los principales programas sociales a nivel nacional para el período 2015-2019. Con base en esta información se dio respuesta a 35 preguntas/indicadores que operacionalizan el concepto de evaluabilidad.

• Los resultados indican que el 71% de los programas considerados tiene un nivel de evaluabilidad bajo, según el índice. Sin embargo, se evidencia un gran desarrollo de las primeras dos dimensiones del índice (calidad del diseño y planificación de la intervención y calidad del sistema de monitoreo e información).
• En cuanto al diseño y planificación, los programas tienen bien definidos sus objetivos, tienen algún tipo de diagnóstico realizado e identificaron su población objetivo.
• En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran muy buenos resultados en la presencia de indicadores de los programas, sobre todo aquellos vinculados a las tareas de gestión del Estado, como los de tipo insumo y producto.
• Por otro lado, hay poca formalización de la planificación en las evaluaciones y, por lo tanto, los resultados en las dimensiones 3 y 4 del índice (calidad de la estrategia de evaluación y recursos), son más desalentadores.

Frente a estos resultados, es evidente la necesidad de la formalización e institucionalización de las tareas de monitoreo y evaluación en el Estado que desarrollen y fortalezcan las capacidades instaladas en el sector público para que los procesos de evaluación y la gestión de la información que de ellos se deriva sea sostenible. De esta manera, se podrá generar y utilizar este conocimiento para una mejora continua de las políticas públicas sociales en Argentina.