Publicado en marzo de 2022
Los sistemas previsionales buscan, como principal objetivo, asegurar un flujo de ingresos adecuado a las personas mayores que, por razones vinculadas con su edad, se retiraron del mercado de trabajo. Esta simple definición conlleva debates de política y decisiones en torno a la definición de “personas mayores”, qué implica “retirarse del mercado” y cómo determinar qué es un “flujo de ingresos adecuado”. Este documento se concentra en las dos primeras preguntas, consciente de que la respuesta a ellas no puede surgir sin considerar antes otros aspectos.
Históricamente, los sistemas previsionales tendieron a suponer una fuerte homogeneidad en la fuerza de trabajo, tanto respecto a las características personales como a las condiciones de inserción en el mercado de trabajo. Por ello, es habitual encontrar definiciones universales de edad de retiro en la legislación. Sin embargo, esta tendencia ha ido variando a lo largo del tiempo y distintos países adoptaron criterios más flexibles. Por otro lado, es evidente que tanto las condiciones de salud física y mental (así como la expectativa de vida) como las características de los empleos han evolucionado (y continuarán haciéndolo), por lo que las definiciones que podrían haber sido razonables en algún momento probablemente hoy deban ser revisadas.
La tendencia observada en países desarrollados se dirige hacia adoptar, en forma gradual, modelos flexibles que reconozcan la diversidad de condiciones de salud, empleo, habilidades o situaciones personales entre individuos y busquen promover la permanencia en la actividad laboral, a fin de ofrecer una mayor previsibilidad a las decisiones sobre participación laboral y asegurando que las reglas se apliquen transparentemente. Todo en el marco de un doble objetivo: aumentar la producción de la economía y evitar presiones adicionales sobre las finanzas de los sistemas previsionales.
En Argentina, la edad de retiro se estableció en los primeros esquemas previsionales creados a principios del siglo pasado en torno a los 50 años. Desde entonces esta fue modificada en tres momentos: a mediados de los años cuarenta, cuando con la sanción de las leyes que creaban las cajas para trabajadores del sector privado se incrementaron (para los varones) los límites a 55 años; la consolidación del sistema en 1968, que incluyó un aumento de las edades mínimas a 60 años entre varones y 55 entre mujeres y, por último, la reforma de 1993, que aumentó esos límites en cinco años.
En los 28 años transcurridos desde la última modificación no hubo debates de fondo sobre el tema. Más allá de las reglas en el régimen general del sistema previsional, existen múltiples excepciones, vinculadas a regímenes diferenciales, especiales, provinciales o no contributivos, que resultan en una edad promedio de retiro efectiva más baja de la legislada para la población en general.
Un debate sobre la edad de acceso a beneficios jubilatorios no sólo es necesario, sino inevitable en la Argentina de los próximos años. La opción parece estar entre postergarlo para que en algún momento se produzca un ajuste brusco, con impactos no deseados en lo social, político e institucional, o avanzar en un proceso que busque asegurar que los cambios se formulen considerando objetivos de flexibilidad, previsibilidad, transparencia y gradualismo.