En general, se piensa que programas como la Asignación Universal por Hijo (Argentina), Oportunidades (México) y Bolsa Familias (Brasil) son eficaces en términos de reducción de la pobreza. Esto se debe a que todos ellos incluyeron evaluaciones sistemáticas y rigurosas, que demostraron un impacto positivo en la vida de las personas.
En la Argentina, las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios y agencias de gobierno. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones. En la mayoría de los casos, las políticas públicas producen escasa información para medir su impacto social, los datos no están sistematizados por el nivel central y su producción depende de la voluntad de los líderes políticos o técnicos. Además, la evaluación aparece escasamente vinculada con el proceso de planificación, lugar natural para pensarla y ponerla en marcha.
Dado que la evaluación es una oportunidad para mejorar las capacidades estatales, esta debilidad afecta la posibilidad de construir a largo plazo. En este sentido, tampoco colaboran la falta de un marco jurídico que integre las funciones de monitoreo y evaluación a la gestión cotidiana de la Administración Pública y la escasa relevancia que tienen la demanda y el uso de información crítica por parte de los tomadores de decisión.
Este documento revisa el marco legal argentino, identifica a las instituciones que trabajan estos temas en los distintos poderes, y analiza algunos planes y programas sociales, con el objetivo de promover la consolidación de un sistema nacional de evaluación en la Argentina. La investigación revela algunos desafíos: 1) es indispensable superar la legislación orientada al control del gasto y proponer una política nacional de evaluación del programa de gobierno; 2) es necesario crear un organismo Evaluador de la Nación que coordine, fomente y amplíe la mirada evaluativa en los organismos del Estado, y 3) resulta imprescindible avanzar en la integración de la evaluación a la planificación de planes y programas, para proveer de información de calidad a la toma de decisiones.
Para modificar esta situación, este documento incluye una serie de recomendaciones, que no pretenden agotar el tema sino sugerir espacios clave para consolidar una política nacional de evaluación, como 1) fortalecer la visión política; 2) crear un ambiente facilitador; 3) desarrollar capacidades y aumentar la demanda.