La proliferación de instrumentos destinados a medir la calidad institucional se sustenta en una idea que ha llegado a ser aceptada tanto por los teóricos como por los técnicos del desarrollo: la forma en la que el poder es ejercido a través de las instituciones políticas, económicas y sociales de un país condiciona sus posibilidades de desarrollarse sustentable y equitativamente. Tal como lo aseguran Kaufman y sus colaboradores, el consenso general parece ser que “la calidad de gobierno importa”.

En función de esta premisa, los países en vías de desarrollo se ven periódicamente diagnosticados, evaluados, clasificados, comparados y hasta “rankeados” por parte de las múltiples iniciativas que en el mundo se encuentran dedicadas a la medición de la “calidad institucional” en sus diversas dimensiones. Estos ejercicios tienen importantes consecuencias prácticas, dado que en función de estas calificaciones se toman decisiones de negocios y políticas que afectan a los países muy directamente.