Todos tenemos derecho a pedir información pública en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales o en cualquier empresa de servicios públicos u organización que reciba fondos estatales. La Constitución Nacional reconoce en forma expresa este derecho. El derecho a la información es esencial para la vida política, antes y después del voto. No sólo nos permite monitorear y controlar mejor la gestión y marcha del Estado sino que nos ayuda a ejercer otros derechos, como la salud, la educación o la vivienda.