Publicado en marzo del 2020
Promover el desarrollo es una tarea paciente y constante en el tiempo, que requiere un Estado con capacidades para implementar políticas públicas en el mediano y largo plazo. Ello implica contar con cuentas públicas saludables, pero también con un Estado capaz de coordinar sus acciones y orientarlas de manera estratégica, preservar su memoria institucional y garantizar cierta autonomía de sus decisiones.
En primer lugar, se requiere un Estado sustentable en términos fiscales. Argentina enfrenta crisis recurrentes en el plano fiscal y una gran proporción del gasto público entre 2015 y 2019 representó obligaciones y derechos adquiridos por terceros. Esta situación reduce el margen de maniobra fiscal para implementar políticas públicas y exige tener una mirada integral que contemple, al menos, la recuperación de la economía y consensos que incorporen a amplios sectores del entramado social, económico y político que brinden soporte al reordenamiento de las cuentas públicas.
Pero en paralelo a la cuestión fiscal, es clave comenzar a construir un Estado que brinde horizontes institucionales de largo plazo para el diseño e implementación de políticas públicas y que permita mejorar la eficacia y eficiencia con que se asignan y utilizan los recursos públicos.
En los últimos años la Administración Pública Nacional (APN) central registró muchos cambios en su estructura organizacional y un fuerte recambio de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y técnicos (directores nacionales y generales). Aunque esta situación no ha sido exclusiva del último gobierno, lo cierto es que el patrón no se ha revertido. Si bien la estabilidad de la estructura organizacional y de los directivos públicos no garantiza mayor efectividad gubernamental, una elevada volatilidad perjudica las condiciones necesarias para desarrollar las capacidades que requiere un buen funcionamiento del accionar estatal.
En este sentido, Argentina necesita contar con una estructura estatal relativamente estable y coordinada que refleje una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para lograr un desarrollo sostenible. También resulta fundamental avanzar en la construcción de un espacio directivo profesional con cierto margen de autonomía de la discrecionalidad política.
Este documento presenta un balance de las continuidades y cambios que acontecieron dentro de la APN central entre 2015 y 2019. Para ello, analiza la evolución del desempeño de las cuentas públicas, los cambios en la estructura organizacional, la estabilidad de los directivos públicos (políticos y técnicos) y los mecanismos de designación de los funcionarios técnicos en cargos con funciones ejecutivas.