Publicado en septiembre de 2021
La inversión en infraestructura pública es importante para el desarrollo del país y sus capacidades tanto de energía, como de logística y otras actividades comerciales que influyen en la productividad de la economía. En 2020 el Estado invirtió cerca del 1,3% del PBI y en 2021 se planteó como una importante actividad económica de la reactivación subiendo a 2,2% del PBI según las proyecciones para este año. Sin embargo, las necesidades de infraestructura en Argentina requieren de mayor presupuesto y alternativas de financiamiento que la obra pública tradicional que financia el Estado. Es aquí donde se ven involucrados varios actores, instituciones y mecanismos con distintos grados de institucionalidad y robustez financiera.
La elección de los mecanismos de financiamiento para nuevas obras es fundamental, ya que determina de qué manera las cuentas públicas van a repartir el esfuerzo fiscal en el tiempo y la posibilidad de realizar los desembolsos de manera eficiente.
El presente documento analiza tres mecanismos de financiamiento de la obra pública: el sistema tradicional del Estado a través del presupuesto nacional, los préstamos blandos bilaterales con países que financian de forma directa obras en el país y los programas de Participación Público-Privada (PPP). Si bien este último abarca una amplia gama de modalidades, el análisis limita su alcance a la luz de los contratos previstos en la ley 27.328 del 2016. Cada uno de estos mecanismos tiene observables ventajas y desventajas, que serán abordadas en el documento para su comparación sistemática.
Los instrumentos de financiamiento conviven con diversos problemas que los condicionan. Estos inconvenientes son la coexistencia de un déficit crónico de cuentas públicas, constante inestabilidad económica e institucional, que incluye crisis de deuda de recurrentes, depreciación de la moneda y la interrupción de contratos en el marco de la emergencia pública, que eleva los riesgos que enfrenta la inversión del sector privado en el país. Estas variables conducen a un desempeño económico bajo de los préstamos blandos y de las PPP.
Además de estas barreras a la inversión, se agregan otras como por ejemplo la falta de planes sectoriales en los gobiernos que orienten las inversiones, la escaza implementación de buenas prácticas internacionales en los contratos y legislaciones locales, la dificultad para alocar correctamente los riesgos de los proyectos entre el Estado y el financiador y la ausencia de políticas públicas eficientes para el desarrollo de la infraestructura.
La experiencia internacional y los puntos débiles de los mecanismos de financiamiento disponibles descubiertos en la comparación realizada en el presente documento, arrojan algunos puntos clave. En primer lugar, la necesidad de fortalecer marcos normativos e institucionales para canalizar el financiamiento internacional y local destinado a infraestructura. En segundo lugar, robustecer iniciativas de transparencia que nivelen la información a lo largo de los tres mecanismos analizados. Finalmente, todos los mecanismos requieren de condiciones macroeconómicas estables y previsibles, además de una planificación sectorial a lo largo de todos los ministerios que ejecuten planes de inversión en infraestructura.