Publicado en abril del 2020

A medida que avanza el aplanamiento de la curva de contagios del COVID-19 y se extiende el plazo en el que grandes segmentos de la sociedad argentina se encuentran en cuarentena, la política pública debe iniciar una segunda fase donde sea posible evaluar cómo serán los próximos pasos hacia una nueva normalidad.

En esa segunda etapa debería primar una visión más sistémica de los costos y beneficios de las decisiones de política, donde se revelen las tensiones existentes y se vislumbren los caminos posibles hacia delante. Se sabe que los costos de la inacción frente al COVID-19 son muy altos, pero también se empieza a percibir que las políticas de mitigación y contención del virus llevan a una retracción del nivel de actividad pocas veces vista en la historia, y ello implica costos -no solo económicos, sino también sociales e incluso sanitarios en el mediano plazo- que deben ser considerados en el análisis. Como estos costos se concentran en las franjas vulnerables de la población, la situación demanda novedosas y potentes acciones de política pública.

En ese contexto, ¿cuál es el potencial para el teletrabajo en Argentina y qué implicancias tiene para los distintos segmentos del mercado laboral? La respuesta a esta pregunta es clave para determinar los costos económicos de la cuarentena: si la mayoría de los trabajos puede realizarse con facilidad de forma remota, entonces el impacto en el mercado de trabajo será relativamente leve; si son pocos, entonces la disrupción en el mercado laboral será de mayor magnitud.

El análisis de los datos nos dice que el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras.

Aun así estos porcentajes difieren sensiblemente del que resulta de estimar cuantos trabajadores
efectivamente trabajan desde el hogar: menos del 8%. Si bien hay ocupaciones que podrían ser teletrabajables con alguna reasignación de tareas, uno 4,8 millones de trabajos -esto es, un 40% de los trabajadores detectados en EPH- requieren críticamente de la interacción física para ser llevados a cabo.

De nuestro análisis se desprenden lineamientos generales para pensar la política pública respecto del potencial para el teletrabajo.

• En primer lugar, el aparato productivo se encuentra rezagado en términos tecnológicos, y hay que desarrollar una estrategia de transformación digital que permita llegar a los segmentos empresariales más alejados a la innovación tecnológica. La diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo es muy grande. La reingeniería de procesos que está detrás del cambio hacia el teletrabajo implica altos riesgos para el sector privado, por lo que debe ser incentivada y cofinanciada por la política pública.
• En segundo lugar, la transformación digital en los hogares también se encuentra rezagada y exhibe una alta heterogeneidad, tanto en niveles de ingreso como a lo largo de los aglomerados urbanos. Allí la política pública debe trabajar en varios frentes, desde mejorar la conectividad digital hasta incentivar el uso de dispositivos digitales en el hogar, pasando por readaptar las habilidades de las personas para que se intensifiquen los conocimientos sobre los beneficios y riesgos del uso de TIC en el hogar, en particular para segmentos de riesgo.
• En tercer lugar, aun si se logra asegurar la infraestructura para el teletrabajo, su potencial es limitado: abarca poco más de un cuarto de las y los trabajadores, y aún con una fuerte reasignación de tareas, un 40% de los trabajos no tienen ninguna posibilidad de realizarse en forma virtual. Para el resto habrá que pensar estrategias segmentadas que administren los trade-offs entre los costos económicos y los riesgos de trasmisión del COVID-19.