Publicado en septiembre de 2019
Las mujeres aún enfrentan mayores obstáculos que los varones para insertarse en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. Promover una mayor equidad entre mujeres y varones es prioritario para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas y las oportunidades para alcanzar su máximo desarrollo. Además, la equidad de género también contribuye a aprovechar la ventana de oportunidad demográfica, a la reducción de la pobreza y a promover un mayor crecimiento y desarrollo económico. Pese a los avances recientes en la agenda de género, la importancia del goce de los derechos económicos de las mujeres permanece en un segundo orden de prioridad.
Las reuniones con expertos, representantes del sector privado, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos internacionales, en el marco de #META lograron hallar consenso sobre la multiplicidad de factores que determinan la participación laboral y que las políticas públicas deben contemplar. Además, en cada jornada se analizó la factibilidad y el impacto de propuestas de política pública que contribuyan a la equidad de género. En este marco, se resaltan tres aspectos prioritarios.
En primer lugar, las responsabilidades de cuidado y el trabajo no remunerado son una de las principales barreras para que las mujeres accedan a un puesto laboral. Si bien existen políticas públicas que pueden reducir esta carga, como la provisión de espacios de cuidado, el régimen de licencias por la tenencia de un/a hijo/a y las medidas de conciliación trabajo-familia, estas iniciativas suelen carecer de un enfoque de género que logre promover la corresponsabilidad. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es también imperativo, para que ellas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre el inicio de la vida reproductiva.
Segundo, las mujeres encuentran obstáculos específicos en sus trayectorias educativas y laborales, que la ausencia de una perspectiva de género en las políticas públicas no logra abordar. Las políticas activas del mercado de trabajo, las políticas socioeducativas y las políticas de protección social son cruciales para garantizar los derechos de las mujeres, asegurarles un piso de ingresos y proveerles oportunidades educativas y laborales.
Por último, las normas sociales que atribuyen distintos roles a los géneros repercuten sobre las oportunidades disponibles para las mujeres, al perpetuar estereotipos y sostener la división sexual del trabajo. Por lo tanto, se vuelve necesario llevar a cabo acciones que mitiguen estos sesgos desde la educación y los medios de comunicación, y también que visibilicen a las mujeres.
Abordar las problemáticas de género de manera integral es un imperativo ético y jurídico impostergable para garantizar la autonomía económica de las mujeres. Pero además, es un requisito esencial y una meta estratégica para avanzar en la senda del desarrollo inclusivo y sostenible.
Las brechas de género en el mercado laboral: ¿por qué es importante cerrarlas?
Las mujeres enfrentan mayores obstáculos que los varones para insertarse en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. En Argentina, 62% de las mujeres de entre 16 y 59 años participan del mercado laboral, mientras que 81% de los varones lo hacen (EPH, 2018). La mitad de las ocupadas trabaja a tiempo parcial, comparado con uno de cada cuatro varones. Aquellas que consiguen trabajo tienen mayor probabilidad de desempeñarse de manera informal, recibir remuneraciones más bajas, participar en sectores menos dinámicos o, incluso, transitar a la inactividad o el desempleo.
Estas brechas son un problema porque vulneran los derechos de las mujeres que están amparados por diversos instrumentos internacionales a los que Argentina suscribió en los últimos 40 años. Estos compromisos resaltan la obligación del Estado de trabajar por los derechos de las mujeres. Las brechas de género también vulneran la autonomía, entendida como el reconocimiento de la capacidad de las personas para tomar decisiones libres sobre su vida (CEPAL, 2016). La autonomía económica, en particular, refiere a la capacidad de generar recursos propios a través del trabajo remunerado.
Hay otras razones subsidiarias que resaltan el imperativo de actuar para cerrar las brechas de género. En primer lugar, una baja y pobre inserción de las mujeres en la economía implica desaprovechar la oportunidad del bono demográfico, que se estima que terminará en 2042 (Rofman y Apella, 2016). Este período se distingue por el descenso de la tasa de dependencia: al haber más personas en edad económicamente activa que niños y personas mayores, se requiere un menor esfuerzo relativo de la población activa para destinar recursos a las personas dependientes. Pero el fin del bono traerá desafíos para los que será clave contar con mayor población económicamente activa. Si no se logran altas tasas de empleo femenino antes del cierre de esta etapa, la sustentabilidad de la sociedad estará en riesgo (Filgueira y Aulicino, 2015). Segundo, la desigualdad laboral de género agudiza la pobreza de los hogares y refuerza su reproducción. Los hogares de jefatura femenina tienen más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza y menos chances de superarla debido a la tensión que existe entre las responsabilidades familiares y la participación laboral de calidad. Por último, como corolario de lo anterior, alcanzar la equidad de género en el mercado de trabajo es una precondición que garantiza mayor crecimiento y desarrollo económico (Díaz Langou y Brest López, 2018).
En Argentina, la agenda de género adquirió notoriedad en los últimos años, producto del impulso del movimiento Ni una Menos. Las políticas que más avance registran se relacionan a la erradicación de la violencia de género y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Atender estas cuestiones es fundamental, pero resulta insuficiente para promover la igualdad de oportunidades entre los géneros. La equidad en el ejercicio de la autonomía económica es un fin en sí mismo y un marco habilitador para la garantía de otros derechos de las mujeres.
En un contexto de elevada pobreza, vulnerabilidad social y contracción económica (Rapetti et al., 2019), cerrar las brechas de género se vuelve una necesidad aún más acuciante. Abordar la problemática de forma integral no solo es un imperativo ético y jurídico, sino también un requisito esencial y una meta estratégica para avanzar en la senda del desarrollo inclusivo y sostenible.
Avances y limitaciones en la participación laboral de las mujeres
Las mujeres incrementaron su participación laboral fuertemente en la década del noventa como estrategia de compensación de ingresos de los hogares por pérdida del empleo de los jefes varones. Pero esa tendencia creciente se estancó desde principios de la década del 2000 (Gasparini y Marchionni, 2015; Beccaria y otros, 2017). En 2018, en Argentina 62% de las mujeres de entre 16 y 59 años participan del mercado laboral, lo que representa una brecha de 19 puntos porcentuales con respecto a la participación laboral masculina (81%) (EPH, 2018). Entre 2003 y 2018, este indicador se estancó en torno al 60% y la brecha por género en el tiempo se estabilizó.
Sin embargo, la posibilidad de participar en el mercado de trabajo depende de la tenencia de hijos, el nivel educativo y la edad de las mujeres. El cambio de tendencia observado desde la década del 2000 respondería al comportamiento de las mujeres de entre 25 y 54 años con hijos. Para las mujeres sin hijos, su participación se había estancado en los años noventa para aquellas con educación baja y media, y desde los años ochenta para las más educadas (Beccaria y otros, 2017).
Las responsabilidades de cuidado son uno de los principales determinantes de las brechas de género en el mercado de trabajo (Díaz Langou y otros, 2019). Cuando hay hijas/os menores de 18 años en el hogar, la brecha por género en la actividad aumenta, ya que los varones con hijos/as incrementan su participación en mayor medida que las mujeres madres (Tabla 1).
El acceso a un mayor nivel educativo se asocia fuertemente a la posibilidad de participar en el mercado de trabajo: las personas con más años de educación muestran tasas de participación más altas. Dado un mayor aumento en la participación laboral femenina, entre quienes alcanzan un mayor nivel educativo la brecha de participación por género es menor.
También hay brechas de género en las trayectorias y la calidad del empleo al que acceden varones y mujeres. Las mujeres están más afectadas por el desempleo. Si bien la brecha en la tasa de desocupación mostró una leve caída en los últimos quince años, la proporción de mujeres desempleadas (11%) supera a la de los varones (9%). Esta situación puede dar lugar tanto a dificultades para conseguir un empleo acorde a sus necesidades, como también a sesgos y prejuicios por parte de los empleadores, que asocian a las mujeres a su rol de cuidadoras.
Tasa de desocupación por género y tenencia de hijos. Aglomerados urbanos (2018)
Fuente: elaboración propia en base a INDEC (EPH).
Las mujeres se ven más afectadas por la subocupación[1]. En los últimos cinco años, las mujeres han caído de manera más fluctuante en la subocupación demandante, el subgrupo que querría trabajar más horas y busca activamente hacerlo.
Las mujeres están más presentes que sus pares varones en la economía informal, con un menor acceso a prestaciones de la protección y la seguridad social. A partir de la crisis de 2001-2002, la evolución de la informalidad tuvo una tendencia a la baja, como también la brecha por género. Sin embargo, desde 2011, la tasa de trabajadoras no registradas se mantuvo estable en torno a 36%, mientras para los varones este valor es de 32%.
Las mujeres tienen mayor participación en los sectores económicos menos dinámicos y que generan menores ingresos. Esta segregación sectorial replica la asignación cultural de roles. El 57% de las mujeres se concentra en cuatro sectores: comercio (17%), servicio doméstico (17%), educación (15%) y salud (8%). A excepción de comercio, la fuerza laboral de los sectores mencionados está compuesta en más de un 65% por mujeres, llegando incluso al 97% en el área de Servicio Doméstico.
Salario promedio en pesos del cuarto trimestre de 2018, distribución de mujeres y tasa de feminización por sector económico. Aglomerados urbanos (4° trimestre 2018)
Fuente: elaboración propia en base a INDEC (EPH).
Si bien en Argentina no se evidencia una brecha salarial, medida por hora trabajada para un mismo puesto en un mismo sector, sí hay una brecha de ingresos que se sitúa entre el 22% y el 35%. Esta cifra es el síntoma de otras cuestiones: las mujeres trabajan menos horas, en sectores peor remunerados, tienen mayores tasas de empleo no registrado, y son minoría en puestos de liderazgo, entre otros.
Por último, a pesar de estar mejor calificadas que los varones – con mayores niveles educativos en promedio –, las mujeres siguen subrepresentadas en puestos de jefatura y dirección. Ellas ocupan un 34% de los cargos de dirección en el sector privado y un 31% de los puestos de alta dirección en el sector público (EIL, 2017).