Publicado en febrero del 2021
La propagación deliberada de información falsa con el objetivo de dañar a un adversario es una actividad que ha acompañado desde siempre las disputas políticas. No obstante, la aparición de internet y la expansión de las redes sociales como principal canal de difusión y consumo de noticias, la aceleración de su difusión y la globalidad de su alcance, suponen un cambio en la naturaleza y dimensión del problema conocido como “desinformación”.
El fenómeno de las fake news, es decir, operaciones deliberadas y orquestadas de desinformación con el objetivo de manipular la opinión pública puede tener efectos profundos sobre las democracias: afecta la integridad del debate público, contribuye a la polarización, erosiona la confianza en las instituciones democráticas, y afecta así la equidad en la competencia política y el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.
Casos como la elección de Trump en Estados Unidos en 2016 y la de Bolsonaro en Brasil en 2018 alertan sobre la seriedad del tema debido a su impacto sobre el debate público y la confianza en los procesos electorales. En la Argentina, los informes de la Cámara Nacional Electoral desde 2017 señalan la actividad de trolls y cuentas falsas de redes sociales en el contexto pre-electoral. Durante la elección presidencial de 2019 se identificaron contenidos falsos que incluían tanto ataques a los adversarios en forma directa como también contra las instituciones electorales, con denuncias de fraude electoral.
Las operaciones de desinformación exitosas son fenómenos organizados, sobre los cuales gobiernos y líderes políticos tienen un rol protagónico. Independientemente del origen de la noticia, una campaña de desinformación requiere de una decisión política además de capacidades económicas, logísticas y tecnológicas que exceden las de un individuo aislado. Sin embargo, como todo fenómeno de acción colectiva, para prosperar, así como para poder combatirlo, requiere el involucramiento de otros actores, incluidos plataformas de internet, medios, y la sociedad civil en general.
Es por esto que en los últimos años se implementaron en Argentina acciones que involucraron a múltiples actores para combatir el fenómeno de la desinformación, y preservar la integridad de la democracia argentina. La firma durante la campaña del 2019 de un Compromiso Ético Digital entre la Justicia Electoral, las principales plataformas de internet y los partidos políticos para priorizar la difusión de información electoral oficial es un ejemplo de ello.
Continuar y profundizar estas acciones en el futuro es fundamental y cada uno de los actores clave en la propagación de la desinformación -partidos y candidatos, compañías de redes sociales y plataformas digitales, decisores, autoridades electorales, verificadores, medios de comunicación y sociedad civil- pueden realizar acciones concretas para mitigarla y prevenirla.
Con miras al proceso electoral 2021 y con ánimos de minimizar la influencia de noticias falsas, se podría favorecer el desarrollo de programas de educación digital que promuevan el uso responsable de internet, así como también el consumo y la difusión de información electoral confiable, proveniente de fuentes oficiales o verificada. Las alianzas entre múltiples actores y la institucionalización de compromisos con el objetivo de combatir la desinformación de forma colectiva son otros elementos que pueden contribuir a promover una mayor equidad en la competencia política y garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.
Resulta crucial que cualquier acción que se tome para abordar el problema de la desinformación garantice la libertad de expresión, la transparencia y la neutralidad de las decisiones tomadas, con el objetivo de preservar la integridad de los procesos democráticos, privilegiando el voto informado y asegurando la equidad en la competencia.