Vivimos en un mundo cada vez más urbano: se estima que en los próximos 15 años se urbanizará una superficie equivalente a la urbanizada en los últimos 6.000. Si bien las ciudades ocupan sólo el 2% del territorio mundial, el 54% de la población vive en ellas y se proyecta que para 2030 esa cifra llegará al 65%.  Además, las ciudades generan el 80% de la riqueza mundial y dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, en el 75% de las ciudades del mundo los niveles de desigualdad son más altos que hace 20 años.

Hoy, nos enfrentamos al desafío global de generar espacios urbanos más equitativos, integrados y resilientes. Los desafíos que aparecen en este escenario global adquieren rasgos particulares en la escena local. Para superarlos, necesitamos lograr un desarrollo integral y planificado de las ciudades a través del fortalecimiento de las herramientas de gobernanza metropolitana y de la legislación nacional en relación al hábitat.

En Argentina hay 4228 “barrios populares” según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Estas son áreas en las que viven al menos ocho familias sin título de propiedad y sin acceso a por lo menos dos servicios básicos (RENABAP). Además, hay un 28% de viviendas deficitarias: no son aptas para ser habitadas, no tienen acceso a las redes públicas de infraestructura y transporte, y son más vulnerables a los efectos del cambio climático.

El desafío de superar el déficit de vivienda excede la cuestión habitacional: garantizar una vivienda digna a todos los habitantes supone también considerar el transporte, la infraestructura y el medioambiente. Integrar esos hogares a la trama urbana es un desafío que el Estado debe superar en los próximos años y que exige avanzar hacia una gestión integral del hábitat. Esto implica elaborar e implementar una agenda de políticas y leyes en la materia que debe seguir, a grandes rasgos, dos ejes.

Por un lado, debe fortalecer la integralidad de la organización institucional para mejorar la coordinación de las diversas políticas sectoriales. Hoy, un único ministerio – el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda- concentra buena parte de las funciones relacionadas con la gestión del hábitat. Si bien esta organización –producto de reformas recientes- es una señal favorable, algunas funciones relacionadas a la gestión de las ciudades permanecen bajo dominio de otras carteras. Con frecuencia, esto genera la duplicación de esfuerzos y un abordaje sectorial que no responde acabadamente a todas las necesidades. Para lograr la integralidad de la organización institucional, se debe estudiar la posibilidad de crear un área funcional de gobierno que pueda guiar y articular las políticas de suelo, vivienda, medioambiente e infraestructura y transporte urbanos.

Por otro lado, esta agenda debe establecer condiciones e incentivos para la distribución de los recursos nacionales vinculados a las políticas habitacionales. En este sentido, una ley de presupuestos mínimos ayudaría a aumentar los recursos monetarios que se necesitan para afrontar las políticas territoriales. Al desacoplar los fondos dedicados al hábitat de una voluntad o coyuntura política en particular, además, se evitarían las fluctuaciones presupuestarias en la materia que se observan en los últimos años.

El segundo desafío está relacionado con la forma en la que están creciendo las ciudades. En los últimos 10 años, la expansión de los aglomerados urbanos argentinos ha sido excesiva y desordenada. En otras palabras, las áreas urbanas han crecido de una manera que encarece su administración, al tiempo que genera espacios menos integrados y más expuestos al impacto del cambio climático.

Los gobiernos de todos los niveles deberán contar en el futuro cercano con políticas y leyes que guíen la expansión de manera armónica y generen ciudades compactas, densas –por lo menos una casa ocupada por lote de 300 m2 – y con mixtura de usos. Hay muchas maneras de generar este tipo de ciudades desde las políticas públicas. Estas incluyen fortalecer la regulación del mercado inmobiliario y de usos del suelo, aumentar y mejorar la calidad de los espacios públicos al interior de la ciudad y promover la construcción de vivienda social al interior de la ciudad consolidada y no en la periferia, entre otras.

El cambio climático es un tercer desafío global que también afecta a las ciudades argentinas. Un ejemplo muy concreto deja entrever el impacto que tienen los fenómenos asociados al cambio climático en Argentina: las inundaciones causan anualmente una pérdida de 0,7 puntos del PIB nacional, siendo las áreas socialmente más vulnerables las más afectadas. Crear ciudades más resilientes, es decir, que se recuperen rápidamente –e incluso salgan fortalecidas- ante el impacto de un desastre natural, es un tercer foco que debe tener el Estado en los próximos años. Para esto, necesitamos generar conocimiento no sólo sobre las necesidades de infraestructura sino también sobre los instrumentos de gobernanza metropolitana que pueden fortalecer la resiliencia.

Frente a estos desafíos, debemos valernos de dos herramientas clave: las tecnologías de la información y la comunicación, y los mecanismos de gobernanza metropolitana.

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una oportunidad única para mejorar la gestión de las ciudades y promover ciudades equitativas y sostenibles socio-ambientalmente. El encuentro entre cambio tecnológico y política deberá tener como resultado una administración pública inteligente que aproveche esta oportunidad para hacer sus procesos más eficientes, transparentar su gestión a través de la apertura de datos y potenciar las instancias de colaboración. Capacitar y concientizar a los agentes locales es decisivo en estos procesos.

Los mecanismos de gobernanza metropolitana son una segunda herramienta clave ya que promueven un abordaje más integral y coordinado de las cuestiones urbanas. Los efectos que trae aparejado el cambio climático, por ejemplo, no reconocen los límites políticos de las ciudades. Se trata, en principio, de institucionalizar vínculos entre diferentes niveles de gobierno para que perduren más allá de una gestión puntual. En este sentido, tenemos mucho que aprender de las experiencias de grandes ciudades del mundo y mucho por construir en conjunto con los aglomerados urbanos del país. Para esto, es crucial disponer de oportunidades para debatir y trabajar en conjunto con intendentes de áreas metropolitanas y los organismos de coordinación metropolitana ya existentes.

Encarar estos desafíos globales desde las políticas públicas urbanas argentinas requiere un abordaje integral que ponga el foco en el desarrollo territorial más allá de las barreras jurisdiccionales, sectoriales y de los niveles de gobierno. El Estado del futuro debe entender lo urbano como un sistema que hay que fortalecer para generar ciudades resilientes, integradas socio-espacialmente y que utilice los avances tecnológicos para mejorar la vida de la comunidad local. Para avanzar en esta dirección es hora de que el gobierno nacional tome un rol protagónico respecto al ordenamiento territorial, apoyando procesos de coordinación metropolitana, y facilitando la creación de capital social en las comunidades para que puedan promover el desarrollo integral de sus ciudades.