La capacidad tecnológica de la empresa es una de las variables determinantes del desarrollo productivo de un país. De su posición tecnológica depende la productividad de la economía, su competencia en los mercados mundiales, sus posibilidades de abastecer el mercado local con productos de calidad, y de generar empleo de altos estándares que permitan mejores condiciones de vida.

Los empresarios mantienen una actitud pasiva frente a la modernización tecnológica, descuidando la formación del capital como elemento indispensable para construir una función de producción de alta competitividad. Pero modificar esa conducta requiere que el Estado argentino, que por décadas premió la inversión especulativa y castigó la productiva, tome un rol activo en políticas comprometidas: impulsar a los bancos a otorgar créditos en función del proyecto de inversión y no de las garantías reales, extender, simplificar y bajar costos de los mecanismos de leasing, o limitar el porcentaje de crédito que los bancos destinan a consumo, hasta desgravaciones tributarias agresivas para incorporar tecnología de punta.