Publicado en julio de 2019
La definición de los precios del gas natural es crucial en la política energética argentina. El gas representa un 57% de la matriz energética y su precio tiene un impacto directo en el desarrollo de la oferta y en los costos que asume la demanda.
Composición de la matriz energética argentina (2016)
Fuente: Ministerio de Energía y Minería (diciembre de 2017)
La política de precios, por ende, debe garantizar en simultáneo la sostenibilidad de la oferta de gas y brindar los mínimos precios posibles a los consumidores. Hasta 2001, Argentina fue un exportador neto de gas natural y los precios domésticos eran inferiores a los internacionales. Desde 2002, las distintas distorsiones introducidas en el mercado alteraron un equilibrio que se había probado exitoso.
Durante más de 15 años las tarifas de energía que pagaron los principales componentes de la demanda – el sector eléctrico y las distribuidoras para la demanda residencial y comercial – estuvieron congeladas y los altos costos que había asumido el sistema estuvieron cubiertos por el “velo de los subsidios”. Cuando este se corrió en 2015 con la política energética del nuevo gobierno –que desde un enfoque gradualista procuró hacer el cambio menos drástico-, se inició un proceso arduo en el que los consumidores se empezaron a enfrentar con el costo real de producir energía en Argentina. El foco, sin embargo, estuvo puesto en ajustar progresivamente las tarifas a esos costos y no en modelar un plan energético que convierta el sistema energético argentino en uno eficiente que redunde en menores tarifas para los usuarios.
Reducir los precios del gas es esencial para abaratar los altos costos del sistema energético –que a fines de 2017 era 50% mayor a los países vecinos y 100% mayor a los sistemas maduros- y de la economía en general. Las subastas introducidas por el gobierno para la compra de gas natural para el sistema eléctrico en agosto de 2018, y las llevadas a cabo en febrero de 2019 para la compra de volúmenes en firme para las distribuidoras, son medidas de primera magnitud que apuntan en esta dirección. La introducción de esta competencia mediante subastas implica un giro saludable en la política de precios del gas natural.
Sumado a esto, el gas natural puede tener un papel primordial en el proceso de descarbonización que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Argentina y otros 195 países se comprometieron con este proceso mediante el Acuerdo de París en abril de 2016. Sin embargo, diversas experiencias internacionales han demostrado que es un proceso oneroso. Una correcta política de precios del gas natural permitiría que este combustible mineral – el que menos gas de efecto invernadero emite por unidad de energía generada- desplace de manera eficiente la utilización de otros combustibles más contaminantes que forman parte de la actual matriz energética.
En un contexto macroeconómico complejo como el actual, es fundamental brindar reglas claras a las empresas y fomentar la competencia mayorista y minorista entre productores y tecnologías. Sólo así será posible garantizar el menor precio posible al consumidor, asegurar la sostenibilidad de la oferta y tender a una energía cada vez más limpia.