Publicado el 15 de noviembre de 2024
Las evaluaciones de aprendizaje a gran escala se han consolidado como una política educativa cuya implementación ha crecido significativamente en los últimos años en todo el mundo. Su importancia radica en que, si se implementan correctamente, pueden utilizarse tanto para monitorear los aprendizajes de los y las estudiantes como para mejorarlos. En un contexto donde una elevada proporción de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela no alcanzan resultados satisfactorios, estas evaluaciones se presentan como una herramienta fundamental para impulsar mejoras.
No obstante, diseñar un sistema de evaluación efectivo, es decir, con la capacidad de impulsar mejoras en los aprendizajes, no es una tarea sencilla. Requiere tomar un conjunto de decisiones estrechamente vinculadas entre sí que resulte en un conjunto coherente y balanceado de dispositivos, que respondan a propósitos diferentes, y a su vez generen información oportuna y relevante para que los distintos actores del sistema educativo puedan tomar decisiones orientadas a mejorar los aprendizajes.
En países federales, donde existen responsabilidades compartidas en la planificación y la gestión de la educación, el desafío suele ser mayor dado que conviven sistemas de evaluación nacionales y subnacionales. Esto es lo que se observa, por ejemplo, en países como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España o México. Esta coexistencia de sistemas de evaluación está justificada en ambos niveles de gobierno. Desde la perspectiva nacional, en la definición de objetivos de aprendizaje que son comunes a todos los Estados subnacionales, en la posibilidad de disponer de resultados comparables entre las distintas jurisdicciones estados de un país, y de diseñar una sola evaluación que pueda ser replicada en todo el territorio, en tanto economía de escala. Desde la perspectiva subnacional, en las necesidades particulares de información de esos sistemas educativos específicos. En rigor, es difícil pensar que un solo nivel de la gestión educativa del sistema tenga la capacidad de implementar todos los tipos de evaluaciones necesarias.
En Argentina, la Ley Federal de Educación de 1993 sentó las bases de la evaluación educativa a gran escala en Argentina y dispuso que es responsabilidad del poder ejecutivo nacional, en coordinación con las provincias, evaluar de manera permanente al sistema educativo. Transcurridos más de 30 años desde su sanción, las evaluaciones nacionales se han sostenido a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios de gestión, lo cual refleja un consenso sobre la importancia de su implementación. En paralelo, la mayoría de las provincias han desarrollado evaluaciones propias, sobre todo en años recientes: desde 2019 se registra que 21 de las 24 jurisdicciones han realizado evaluaciones propias o planean hacerlo en lo que resta de 2024.
Ahora bien, el auge evaluativo actual en Argentina resulta en una gran cantidad de dispositivos de evaluación diseñados e implementados a nivel nacional y provincial que no necesariamente coexisten en armonía. Existen situaciones de solapamiento que conspiran contra la eficiencia del uso de los recursos públicos y el uso efectivo de la información que emerge de las evaluaciones. Si bien estas superposiciones podrían responder a que algunas provincias estén buscando evaluar contenidos que les son propios o que haya otras necesidades específicas que no son satisfechas por los dispositivos nacionales, es muy probable que este solapamiento responda más bien a la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Por tanto, lograr que la coexistencia de dispositivos se transforme en un sistema de evaluación efectivo para apoyar la mejora de aprendizajes es un gran desafío.
En una publicación previa (Torre et al, 2023), con la mirada puesta en las definiciones a nivel nacional, junto a otras recomendaciones, se subrayó la importancia de contar con una planificación de las evaluaciones nacionales a gran escala que tenga un horizonte temporal más amplio (diez años), de modo de dar mayor previsibilidad y favorecer la coordinación con las jurisdicciones.
Este documento coloca el foco en las provincias y propone cuatro preguntas para orientar el diseño o fortalecimiento de los sistemas provinciales de evaluación de aprendizajes: 1) ¿Cuáles son los objetivos del sistema de evaluación provincial?; 2) ¿Cuáles son los dispositivos de evaluación más adecuados para responder de manera efectiva a los objetivos propuestos?; 3) ¿Existen necesidades de información que pueden satisfacerse con los dispositivos de evaluación nacionales e internacionales?; 4) ¿Qué dispositivos de evaluación provinciales se requieren?
La meta es contar con un sistema provincial sustentado en una teoría de cambio sólida, con dispositivos bien definidos (en términos de cobertura, áreas de conocimiento, grados/años, frecuencia) que, en complementariedad con los esfuerzos evaluativos nacionales, se transformen en una herramienta efectiva para mejorar los aprendizajes.