Cuando en la actualidad hablamos de la necesidad de estrechar los vínculos entre ciudadanos y representantes surge como requisito indispensable establecer un fluido intercambio de información

entre unos y otros. Este primer paso se encuentra bloqueado en nuestro país al menos en un sentido: en la Argentina no existe en el ámbito nacional una ley que garantice el derecho de acceder libremente a la

información pública . Es decir que como argentinos todavía no contamos con un medio institucional claro

para conocer en qué y cómo trabajan nuestros gobernantes y funcionarios públicos, ni así tampoco

cuáles son los resultados de su labor.