A partir del proyecto de ley (Expediente 4029-D-2009) que propone llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil -aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados en agosto de 2010- este documento plantea un debate acerca del rol y la sustentabilidad del sistema previsional argentino. En esta línea, recomienda universalizar las prestaciones mediante una Asignación Universal para la Tercera Edad (AUTE), preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones por medio de su actualización a través de una Canasta Básica de la Tercera Edad (CBT3E) y de los recursos del sistema, crear un Fondo Anticíclico Previsional (FAP), y replantear la edad jubilatoria.