El Poder Legislativo constituye un actor crucial en la lucha contra la corrupción , fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque puede considerar y aprobar normativa para prevenir prácticas antiéticas. En segundo, porque opera como control de otros organismos y poderes del Estado a través de, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación (AGN), el Defensor del Pueblo, las interpelaciones mensuales al Jefe del Gabinete de Ministros, o la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.