Desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos.
Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos. El balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Este documento analiza el desempeño del régimen de financiamiento de partidos y campañas desde la reforma de 2009 y discute la evidencia que sugiere altos niveles de informalidad y los mecanismos e incentivos que la propician. También propone reformas destinadas a alentar una mayor transparencia y control de los recursos de la política partidaria y electoral.

Entre las principales recomendaciones se destacan: prohibir los aportes en efectivo; permitir aportes de empresas a las campañas y discutir la posibilidad de permitir los aportes de sindicatos; permitir la reversibilidad de los aportes; crear un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña para agilizar la publicación de la información y los controles; agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la habilitación de medios electrónicos de pago para hacer aportes; ampliar el período de campaña para que comience al inscribirse las precandidaturas.

Para fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones: hacer a los candidatos corresponsables y disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas.
Para evitar el abuso de los recursos del estado: prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gobierno durante todo el período de campaña, regular la publicidad oficial; revisar los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al financiamiento y prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña.

Finalmente, es crucial buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias normas de forma que se complementen con el régimen nacional; y el compromiso de las autoridades partidarias y los referentes de los sectores que hoy aportan informalmente a las campañas, para acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas de formalización.