Publicado en abril de 2023

El acceso al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, actualmente el 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares –habita en viviendas deficitarias, según estimaciones del Observatorio Federal Urbano, (Censo 2010). De ese total, un tercio vive en viviendas compartidas con otros hogares y/o de precaria calidad constructiva (déficit cuantitativo). Por su parte, los dos tercios restantes lo hacen en viviendas que requieren ampliaciones y/o mejoras clave para la calidad de vida (déficit cualitativo). Si se recurre a criterios de medición más exigentes, el déficit habitacional total puede alcanzar hasta el 55% (6,4 millones de hogares).  

Con el apoyo de AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), CIPPEC realizó un diagnóstico sobre el acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda en Argentina, desde 1983. Para ello, se hizo un análisis a partir de dos ejes: la planificación y el ordenamiento territorial; y el acceso al hábitat y a la vivienda.  

Si bien hubo avances respecto a la planificación y el ordenamiento territorial, a través de políticas o la creación de organismos específicos, resultaron insuficientes. Esto se evidencia en la actual falta de planificación del crecimiento urbano que tiene como consecuencia una doble tendencia: por un lado, la expansión desordenada de la mancha urbana y, por otro lado, la densificación desbalanceada de las centralidades de las áreas metropolitanas. 

Por otra parte, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad se implementaron diversas políticas para atender el déficit habitacional, principalmente el cuantitativo. Se llevaron a cabo distintos programas, desde la construcción de viviendas por parte del Estado, el mejoramiento de los barrios informales, el otorgamiento de créditos para la compra de vivienda, hasta la generación de lotes con servicios. Sin embargo, ninguno de los programas logró abordar de forma holística y permanente la problemática, motivo por el cual el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo una asignatura pendiente y afecta, de distintas formas, a casi todos los sectores de la población. A pesar de que la problemática del hábitat es estructural, no está presente en la agenda pública de las principales fuerzas políticas. 

Este diagnóstico también dejó al descubierto la falta de coordinación entre la política de planificación y ordenamiento territorial, y la de acceso al hábitat y a la vivienda. Producto de ello, se da un aumento sostenido tanto en la cantidad de barrios informales como en su tamaño. Esta aparece como la alternativa posible para aquellos hogares que no pueden acceder a una vivienda en el mercado formal. Además persisten los altos niveles de déficit en la calidad de las viviendas en la ciudad formal. Esta falta de coordinación se evidencia tanto de forma horizontal, por la atomización de los organismos estatales a cargo de la gestión del territorio en todos sus niveles, como de forma vertical entre la Nación, las provincias y los municipios.  

Con el objetivo de abordar los desafíos vigentes, en el documento presente proponemos nueve recomendaciones que consideramos fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia. Si bien las recomendaciones no son exhaustivas ni taxativas, buscan atender las principales deficiencias actuales:

1. Avanzar en una política integral y masiva de mejoramiento de viviendas;
2. Sancionar leyes provinciales de ordenamiento territorial que promuevan la densificación en áreas servidas y garanticen la provisión de servicios (básicos y urbanos) en zonas habitadas que no cuentan con ellos;
3. Desarrollar mecanismos para movilizar suelo urbano a nivel municipal;
4. Mejorar la coordinación y articulación de la política de vivienda a nivel federal;
5. Promover incentivos a la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental de las viviendas;
6. Profundizar los procesos de integración socio-urbana y otorgar facilidades para la regularización de la tenencia segura del suelo;
7. Promover el alquiler asequible, desincentivando la tenencia de viviendas vacías y terrenos vacantes y generando estímulos para el alquiler de viviendas;
8. Promover soluciones temporales de vivienda en contextos de emergencia (desastres de origen natural o antrópico, situación de calle, personas víctimas de violencia de género o familiar, o personas que viven en zonas de riesgo ambiental),
9. Incorporar mecanismos de transparencia y de medición de la problemática, tanto en el diseño como la ejecución de las políticas de vivienda.