Publicado el 31 de julio de 2024

En Argentina, las empresas estatales han realizado aportes significativos al desarrollo económico y social, con enfoques y niveles de participación diferentes según el momento histórico. Si bien es deseable que la intervención estatal posea flexibilidad ante coyunturas diversas, la falta de políticas de Estado sobre estas empresas ha derivado en movimientos pendulares que afectan su desempeño, conllevan costos políticos, económicos y sociales y envían señales de inestabilidad a los mercados. 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como miembro de pleno derecho plantea la oportunidad y el desafío de la adopción de estándares que países con economías avanzadas han adoptado para la gobernanza de sus empresas estatales, independientemente del tamaño que posea su Estado empresario. 

La política de propiedad de empresas estatales es un conjunto de decisiones de alto nivel que adoptan los Estados sobre la gobernanza y gestión de estas empresas. Contar con esta permite a los ciudadanos, los mercados, el empresariado y otros grupos de interés conocer el comportamiento del Estado en la utilización de la actividad empresarial como instrumento de política pública económica y social, y ofrece un horizonte a largo plazo más previsible del accionar estatal. 

Los principales componentes de este tipo de política son: i) las razones que justifican la propiedad estatal, ii) el rol del Estado como propietario en cuanto al funcionamiento de las empresas, designación del directorio, definición de objetivos, entorno de control, sistemas de reporte, divulgación de información y conducta empresarial responsable; iii) los arreglos institucionales para el ejercicio de la función de propiedad; iv) la neutralidad de condiciones para las empresas estatales respecto de sus competidoras y v) el tratamiento equitativo de los accionistas. 

Algunos países poseen una política de propiedad explícita, mientras que en otros sólo algunos componentes se encuentran formalmente establecidos mediante planes gubernamentales y/o elementos de diversa jerarquía normativa. En Argentina, se encuentran normados los procesos de control sobre estas empresas, los aspectos principales de su funcionamiento y divulgación de información, y, en forma parcial, aspectos vinculados a la definición de objetivos y la conducta empresarial responsable.  

Según la experiencia de países de la región y recomendaciones internacionales, la centralización o coordinación de la función de propiedad de empresas estatales promovería el desarrollo de políticas y prácticas de gobierno corporativo, mejorando su desempeño. Desde la reciente creación y re-estatización de empresas en Argentina iniciada en 2004, estuvieron bajo la órbita de los Ministerios en una lógica sectorial. A partir del año 2016 se han creado unidades o estructuras para la supervisión de las EPE en el ámbito de Jefatura de Gabinete o, más recientemente, del Ministerio de Economía, con un alcance en sus funciones que ha variado considerablemente en cada administración.  

Para fortalecer la gobernanza y la gestión de las empresas estatales se recomienda: i) brindar al área de supervisión de EPE la institucionalidad, independencia, competencias y capacidades necesarias para su función; ii) definir una política sobre las razones de la propiedad estatal; iii) establecer compromisos de neutralidad competitiva y tratamiento equitativo de accionistas; iv) formalizar un mecanismo de designación del directorio transparente y que contemple la idoneidad profesional; v) formalizar un mecanismo de establecimiento y monitoreo de objetivos y vi) fortalecer directivas de gobierno corporativo, divulgación de información, sustentabilidad y conducta empresarial responsable, la verificación de su aplicación y la rendición de cuentas.