Publicado en abril del 2020
Contar con una legislación nacional de hábitat es fundamental para contribuir al desarrollo urbano sostenible, en la medida en que incentiva el desarrollo ordenado y planificado. Es, además, parte de los compromisos asumidos por Argentina en la Nueva Agenda Urbana en 2016, que establece la necesidad de contar con marcos normativos en todos los niveles de gobierno, que estén integrados a la planificación urbana y que incrementen la capacidad de los gobiernos para implementar políticas territoriales a nivel nacional. En este sentido, Argentina no cuenta con una ley nacional que materialice y posibilite un desarrollo de estas características, y solo un 20% de las provincias cuentan con una ley de ordenamiento territorial.
Para facilitar la generación de consensos sobre los temas que deberán componer la Ley Nacional de Hábitat, a finales de 2018 se convocó a encuentros mensuales, multiactorales y transdisciplinarios a los que se denominó “Mesas de Hábitat”. Estas Mesas constituyeron espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, en los que participaron especialistas de la academia, organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores de diferentes partidos políticos y provincias, y el sector privado. Cada tres semanas, de marzo a julio de 2019, el equipo de trabajo organizó encuentros con los expertos en las temáticas abordadas para trabajar la elaboración del proyecto para sancionar la ley. Los encuentros se realizaron en las sedes de las organizaciones que participaron de las Mesas, así como en el Congreso de la Nación Argentina. De esta manera, la co-creación del proyecto de ley contó con avances mensuales consensuados.
El documento a continuación presenta los acuerdos alcanzados por los participantes de las Mesas de Hábitat. Lo prioritario en un proyecto de ley en esta materia es que contemple la elaboración de una ley de presupuestos mínimos que asegure la igualdad de condiciones de todos los habitantes de la Argentina, basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley General de Ambiente. Otro consenso importante alcanzado la necesidad de proponer un abordaje desde la perspectiva de los derechos.
Para la elaboración de este documento se analizaron una amplia variedad de pactos, convenios, declaraciones internacionales de derechos humanos, artículos de la Constitución Nacional, leyes y códigos que hacen hincapié en garantizar el derecho a un ambiente sano, una vivienda digna y a la igualdad de oportunidades. Además, hubo consenso sobre la importancia de incorporar una estructura de participación con el apoyo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lograr la articulación entre el nivel nacional y el subnacional. Esto permitirá alcanzar la armonización y consenso de las políticas de hábitat. Por último, se consideró relevante la incorporación de una serie de instrumentos que faciliten tanto a las provincias como a los municipios el desarrollo de sus territorios de manera equitativa.