Publicado en noviembre de 2022

De cara a las tres próximas décadas, Argentina puede crear un nuevo complejo productivo y tecnológico clave para el desarrollo basado en la generación de energía de diversas fuentes, con un alto impacto en el empleo, las exportaciones y la actividad económica.  

En la próxima década, la transición energética puede significar el estímulo para la generación de más de 34.000 empleos en la industria argentina, 44 mil empleos en el sector de la construcción, y generar ingresos por 8.400 millones de dólares, producto del desarrollo de proyectos energéticos de tecnologías diversas. Si ampliamos el panorama y observamos al 2050, estas cifras alcanzan los 68 mil millones de dólares de actividad económica generada y el equivalente a por lo menos 139 mil empleos industriales y 158 mil empleos en la construcción y servicios conexos (Drucaroff, Farina y Rivas, 2020). 

Para transformar este potencial en realidad, las políticas deben centrarse en el diseño y desarrollo de un ecosistema energético de clase mundial que estribe en el desarrollo de proveedores competitivos impulsados por horizontes de inversión de mediano y largo plazo.  

Aprovechar la energía como un vector clave del desarrollo argentino sólo será posible reconfigurando una agenda que hoy es reactiva a shocks de inversión de corto plazo en las distintas tecnologías energéticas. El foco de esta reconfiguración debe estar puesto sobre una nueva coordinación entre las áreas de Energía, Desarrollo Productivo y Ciencia y Tecnología, el sector privado, los trabajadores y las trabajadoras, y los gobiernos provinciales con recursos energéticos y elevado desarrollo industrial relativo. 

En este marco, la política pública deberá atender la reconfiguración de los ecosistemas productivos regionales que federalicen la competitividad y la mejora relativa de los enclaves productivos en los que la energía genera elevado nivel de actividad, aunque aún no procesos virtuosos de desarrollo local. 

Dentro de este escenario de aprovechamiento del potencial del sector se distinguen dos grandes ejes de acción. Por una parte, la redefinición de instrumentos que tuvieron impactos nulos o negativos en torno a la mejora estructural de los proveedores nacionales, la generación de nuevos acuerdos institucionales dentro del Poder Ejecutivo y del ámbito legislativo y de acuerdos entre la Nación y las provincias que cuentan con recursos energéticos. Junto con ello resulta necesaria crucial la redefinición del set de instrumentos de apoyo orientados al desarrollo ofensivo de la cadena de valor energética. 

Por otra parte, un segundo eje debe contemplar la planificación de la matriz energética y la continuidad de las inversiones, a fin de estimular el desarrollo de un mercado in-terno como base de apoyo inicial de la industria y los servicios del conocimiento. Al mismo tiempo, se debe insistir en la definición de objetivos y propósitos específicos al momento de diseñar las políticas y reglas de contenido local para cada tecnología con criterios de sostenibilidad fiscal y competitiva. 

A su vez, el propósito de lograr una agenda integradora debe contemplar condiciones dinámicas que atraigan empresas con capacidad de innovación, sobre la base de capacidades y competencias transversales aplicables a problemas del sector energético.  

Instalar en la sociedad argentina una agenda positiva para el sector energético debe partir de una mirada productiva, federal e inclusiva. Para que este objetivo sea asequible se debe insistir en la definición de objetivos y propósitos específicos al momento de diseñar las políticas y reglas de contenido local para cada tecnología con criterios de sostenibilidad fiscal y competitiva.