En el marco de la decisión del presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, es oportuno para reflexionar sobre las consecuencias de esta decisión. El Acuerdo se centra en la transparencia y el compromiso moral de los países mediante estándares públicos comunes de emisiones de gases de efecto invernadero; la responsabilidad de los países hacia un escenario de emisiones cero (de no exceder los 2ºC); y objetivos claros para lograr la resiliencia (es decir, la capacidad de absorber eventos climáticos extremos, adaptarse y recuperarse preservando las funciones y estructuras del lugar).

Ahora existe el riesgo de que en que otros países utilicen la inacción de Estados Unidos como excusa para relajar sus propios esfuerzos, lo que significaría que se sobrepasaría el límite de temperatura de 2 ºC como promedio mundial. También puede tener consecuencias para países como la Argentina, en términos de cooperación, tanto en la transición energética e industrial como en el financiamiento orientado a medidas de adaptación.

La Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, asumió un liderazgo político en materia de cambio climático, que se remonta a 1993, con la Ley Nº 24.295 que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pasando por múltiples instrumentos normativos. Recientemente, se destacan la adhesión al Acuerdo mediante la Ley Nº 27.270 y el Decreto 891/2016, mediante el cual se crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Los impactos del cambio climático afectaron profundamente a la Argentina en los últimos años. No estamos preparados para hacer frente a estragos que suceden cada vez con mayor frecuencia y no en todos los lugares por igual.

En la provincia de Buenos Aires, las consecuencias del cambio climático son contundentes: incremento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como inundaciones, sequías, tornados, rayos y olas de calor. En la primera mitad del siglo pasado, los días con precipitaciones mayores a 100 milímetros no pasaban de dos o tres por década. A partir de 1970 esa cifra se elevó a seis por década. En 2000-2010 hubo siete días de eventos climáticos extremos, con consecuencias serias para la infraestructura, la economía y la vida de las personas.

Cantidad de precipitaciones mayores a 100 mm. por década en la provincia de Buenos Aires

También la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense, es una zona vulnerable frente al impacto del cambio climático. Según el Índice Síntesis de Vulnerabilidad Social frente a Desastres en la Conurbación, elaborado en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de la Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2015), de los 35 municipios que conforman la Región Metropolitana, 15 tienen un índice alto; 17, uno medio; y sólo tres municipios poseen un valor bajo de vulnerabilidad frente al cambio climático. El índice identifica las posibilidades de cada municipio para prepararse, hacer frente y recuperarse de los efectos de una inundación, una sequía o un tornado.

El gran desafío para la región es entonces pensar en una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, que reduzca la vulnerabilidad de la población y, por consiguiente, el riesgo. Las medidas de adaptación pueden ir desde obras y mantenimiento de infraestructuras que controlen las crecidas de los ríos; pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas; hasta acciones de evacuación, capacitación y concientización con los vecinos, diseñadas para cada barrio, en función de sus características, necesidades y costumbres particulares.

El programa de Ciudades de CIPPEC está desarrollando propuestas de política pública para enfrentar las consecuencias del cambio climático en el marco de “AMBA Resiliente”, una iniciativa que buscará reunir a los principales actores del sector público, sector privado y la sociedad civil para que el área metropolitana esté preparada.

Hacer las ciudades resilientes es responsabilidad de todos: gobiernos nacionales; asociaciones de gobiernos locales; organizaciones internacionales y regionales; y la sociedad civil, el sector privado; las instituciones académicas y asociaciones profesionales; así como todos los ciudadanos. Todas las partes interesadas deben estar a bordo, asumir su papel y contribuir a construir ciudades resistentes.